La vigilia de familiares de presos políticos frente a El Rodeo I llegó a siete meses, según CLIPPVE. El campamento surgió tras promesas de excarcelaciones masivas y hoy reúne una exigencia que atraviesa varias cárceles: libertad inmediata, plena e incondicional para quienes siguen encerrados.
Jesús Armas relató que permaneció 13 meses recluido en El Helicoide y que durante un año estuvo completamente incomunicado. Su testimonio devuelve rostro, tiempo y sufrimiento concreto a una práctica represiva que organismos internacionales ya habían situado bajo alerta urgente.
“Yo no me quiero morir”. Guillermo del Sol denuncia su deterioro tras 48 días en huelga de hambre y graves abusos contra presos políticos. Su testimonio y el de otros tres huelguistas exhiben el costo humano de una dictadura que castiga la disidencia y mantiene personas en cautiverio político por reclamar derechos básicos.
ALQST informó que Héctor Eduardo Romero Ramírez, Luis Eduardo Romero Jiménez y Mauricio Patiño Gallego permanecen incomunicados en la prisión de Abha, Arabia Saudita. Petro ordenó protestas y acciones de alto nivel en casos vinculados con ICE y la flotilla de Gaza; ante estos tres ingenieros, el registro público solo muestra seguimiento consular sin acceso directo ni resultados comprobables. Jonatan Palacios News denuncia ese doble rasero como una inmoralidad política.
Foro Penal registró 379 personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela al 15 de junio, entre ellas civiles, militares, extranjeros y un adolescente. El balance exige mirar más allá del descenso estadístico: cada persona que permanece encerrada necesita libertad plena, contacto familiar, defensa de confianza y acceso médico independiente.
Luis Felipe Moreno falleció después de permanecer recluido en el Centro Penitenciario Agroproductivo de Barcelona, según documentó el Observatorio Venezolano de Prisiones. Su muerte vuelve a colocar en primer plano la obligación estatal de proteger la vida, garantizar atención médica oportuna y explicar por qué al menos 37 personas privadas de libertad han muerto desde abril.
Tras 54 días de vigilia frente a la Embajada de Estados Unidos en Caracas, las familias exigen la liberación inmediata, plena e incondicional de todos los presos políticos. También reclaman que esa libertad sea el primer punto de las conversaciones anunciadas para el 1 de agosto, porque en Venezuela no existe un sistema judicial independiente y efectivo capaz de proteger a quienes siguen cautivos.
Familiares y organizaciones denuncian que, un mes después del doble terremoto del 24 de junio, los presos políticos de Rodeo I permanecen expuestos al deterioro y al riesgo dentro de la cárcel. El cierre preventivo del Cuartel de la Montaña 4F revela la prioridad del aparato chavista: resguardar la tumba de Hugo Chávez mientras abandona vidas bajo su custodia.
Tras cinco años encarcelado por la dictadura castrista, Luis Manuel Otero Alcántara describió el encierro como una experiencia cercana a la muerte y pidió presión internacional por quienes siguen presos. Su testimonio expone una tiranía de partido único que castiga la disidencia, fuerza el exilio y utiliza las cárceles para quebrar voces críticas.
Familiares y organizaciones de derechos humanos denuncian que presos políticos fueron reprimidos cuando se resistieron a regresar a celdas cuya seguridad cuestionaban tras los terremotos. Amnistía Internacional advirtió que los hechos reportados podrían constituir tortura o malos tratos y exige una investigación independiente.