Tres millones y medio de rutinas suspendidas

Para 3,5 millones de personas en Cuba, la falta de agua ya no es una incomodidad: decide si una familia puede cocinar, lavar a un niño, limpiar un baño o guardar alimentos sin exponerlos al calor. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, situó en esa cifra a quienes padecen dificultades de abastecimiento. El dato describe hogares obligados a reorganizar cada hora alrededor de un recurso que debería estar disponible al abrir un grifo.

La dimensión humana aparece en historias concretas. El reportaje de RTVE recoge que Juliet revisó el depósito de su edificio en La Habana ante la falta de suministro. También relata que Yoamilca llevaba dos meses sin agua corriente y debía salir a buscarla. No son escenas aisladas de una emergencia breve: muestran el traslado de una carga esencial desde la red pública hasta los hombros, los recipientes y el tiempo de las familias.

Buscar agua fuera de casa implica filas, gastos adicionales y una exposición mayor a fuentes cuya higiene no siempre está garantizada. En los hogares con personas mayores, niños, pacientes o cuidadores, esa búsqueda puede ocupar la jornada completa. La crisis castiga con más fuerza a quien tiene menos capacidad de almacenar, transportar o pagar agua. Hablar de millones no debe borrar esa desigualdad: cada cifra contiene una vida obligada a resolver a diario lo que una infraestructura funcional debería asegurar.

Cuando el apagón detiene el bombeo

La escasez está ligada a la crisis eléctrica. En julio, Naciones Unidas advirtió que los apagones reiterados interrumpían el acceso a electricidad, agua limpia, telecomunicaciones, salud y actividad económica. La misma actualización señaló que La Habana y Santiago de Cuba sufrían graves interrupciones en el suministro, principalmente por la falta de combustible para el bombeo. El corte eléctrico no termina cuando se apaga una bombilla: se propaga por tuberías, depósitos, refrigeradores, clínicas y cocinas.

La dependencia del sistema de bombeo ayuda a entender esa cadena. Datos divulgados por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y recogidos en coberturas recientes indican que cerca del 90 % de la infraestructura hidráulica depende de bombas eléctricas. Cuando falla la energía, el agua deja de llegar a edificios y barrios enteros. La urgencia se agrava sobre una red envejecida: Cubita NOW informó que varias conductoras principales de La Habana acumulan entre seis y siete décadas de explotación.

La dictadura castrista atribuye el deterioro a las sanciones estadounidenses y al bloqueo petrolero. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Cuba vinculó la emergencia al deterioro de la infraestructura pública bajo el régimen. Ambas posiciones están presentes en el debate, pero no reducen la urgencia de quien necesita agua hoy. Las medidas de presión externa y las deficiencias acumuladas dentro de la isla inciden en una crisis que no puede resolverse con propaganda ni con familias cargando bidones bajo apagones prolongados.

La salud empieza por un grifo que funcione

El riesgo sanitario se vuelve inmediato cuando el agua no alcanza para lavarse las manos, limpiar utensilios o conservar alimentos. La información difundida por RTVE, con base en los datos de Naciones Unidas, reportó un aumento de hepatitis y otras enfermedades en un contexto en el que muchas personas recurren a agua de procedencia incierta o no pueden hervirla. La ausencia de electricidad agrava el problema: sin refrigeración, los alimentos se deterioran más rápido y los tratamientos médicos pueden perder condiciones básicas de conservación.

La alerta no depende solo de testimonios. Infobae informó que la representación estadounidense en La Habana advirtió un aumento significativo de enfermedades diarreicas asociado al deterioro simultáneo de los sistemas de agua y energía. La sede diplomática mencionó infecciones gastrointestinales y la afectación del almacenamiento de alimentos. Esa advertencia coincide con la preocupación de la OCHA por el funcionamiento de equipos médicos críticos y por la cadena de frío de las vacunas, expuesta por la ONU en septiembre.

Una vivienda sin agua no puede sostener con normalidad la higiene que requiere una infección intestinal, una fiebre o el cuidado de un enfermo. Un centro de salud sin suministro pierde una herramienta elemental para atender con seguridad. La tragedia no se mide únicamente en diagnósticos: también se mide en la madre que raciona el lavado de manos, en el adulto mayor que no puede trasladar recipientes y en el trabajador sanitario que debe atender sin condiciones mínimas. El agua es salud antes de convertirse en estadística.

Dos balances, una brecha de 800.000 personas

La OCHA reportó en septiembre que unas 3,5 millones de personas tenían problemas de acceso al agua. El 4 de octubre, cifras divulgadas por el régimen cubano y reseñadas por Cubita NOW hablaron de 2,7 millones de personas con afectación total o parcial del servicio. Entre ambos balances hay una diferencia numérica de 800.000 personas. Las fuentes describen alcances distintos, pero ambas cifras deben permanecer visibles con su fecha y su formulación: detrás de ese margen hay familias cuya situación no puede desaparecer de la discusión pública.

El balance citado por Cubita NOW también indicó que más de 577.000 personas tuvieron dificultades de suministro en La Habana durante septiembre. Boyeros y El Cotorro figuraban entre las zonas más golpeadas por averías de bombeo e inestabilidad eléctrica. Registrar cada dato no significa aceptar que la vida de los afectados quede resumida en una planilla. Significa impedir que las variaciones de cifras diluyan una realidad material: recipientes vacíos, tareas suspendidas y hogares sin certeza sobre la próxima vez que saldrá agua.

La información pública necesita precisión porque orienta decisiones de salud, ayuda humanitaria y protección comunitaria. OCHA, agencias sanitarias y organizaciones independientes deben mantener actualizados los datos de cobertura, continuidad del servicio, enfermedades y condiciones de los centros médicos. Las familias merecen saber qué ocurre en su barrio y contar con canales seguros para reportar fallas sin intimidación. La transparencia no es un gesto administrativo cuando de ella depende que una persona decida qué agua beberá o cómo cuidará a un hijo enfermo.

El pueblo no es la estructura que lo somete

La crisis del agua ocurre dentro de una tiranía de partido único que ha restringido la posibilidad de reclamar libremente por los servicios y por la vida cotidiana. Human Rights Watch documenta que el régimen cubano reprime y castiga la disidencia, mientras persisten protestas por apagones, escasez y deterioro de las condiciones de vida. Su Informe Mundial 2026 también recoge detenciones arbitrarias, acoso contra críticos y subordinación de los tribunales al poder que controla la isla.

Ese contexto obliga a distinguir al pueblo cubano de la estructura que lo somete. Quien sale a buscar agua no es responsable del colapso; quien denuncia una tubería seca, una clínica sin suministro o un apagón no debería enfrentar silencio, vigilancia ni castigo. La precariedad no puede usarse para normalizar la falta de libertades ni las libertades para ignorar la necesidad de agua. El acceso seguro al agua, a la salud y a información confiable forma parte de la dignidad que el régimen cubano no puede seguir posponiendo.

La salida humana comienza por proteger a las familias ahora: agua segura, atención médica, continuidad de los servicios esenciales y acceso independiente de organismos internacionales que puedan documentar las necesidades sin filtros del aparato represivo. También exige que no haya represalias contra quienes relatan lo que ocurre en sus hogares. La memoria de cada apagón, cada depósito vacío y cada enfermedad vinculada a esta crisis debe quedar resguardada. Ninguna familia cubana debería tener que elegir entre esperar a que vuelva la corriente o salir a la calle para conseguir el agua con la que sobrevivirá ese día.