Una maquinaria que mantiene abierta la amenaza

Alfredo Romero advirtió que conservar las herramientas de represión deja expuestas a las personas secuestradas por razones políticas y prolonga el miedo de sus familias en Venezuela. El director presidente de Foro Penal sostuvo que no basta con una pausa aparente en el uso de esas estructuras: mientras sigan disponibles las leyes, los tribunales controlados, los organismos de inteligencia y los lugares de cautiverio, la amenaza puede volver a caer sobre cualquier ciudadano que disienta.

Su imagen fue directa: una boca abierta con dientes, lista para morder cuando quien controla el aparato decida hacerlo. Romero ubicó en esa metáfora a la Ley Contra el Odio, una norma que, según su denuncia, no puede preservarse como si fuera compatible con una apertura política. El problema no es solo su aplicación puntual; es la existencia de un instrumento capaz de convertir la expresión, la crítica o la diferencia en un riesgo para la libertad personal.

La advertencia coloca el foco donde debe estar: en las vidas que quedan condicionadas por una estructura que no ha sido desmontada. Para una víctima de secuestro político, la amenaza no termina en una celda ni se explica mediante un trámite. Se extiende a la familia que espera noticias, a la defensa que busca acceso y a una sociedad que aprende a medir sus palabras ante el temor de que el mecanismo de persecución vuelva a activarse.

La libertad no puede depender de una pausa discrecional

Romero afirmó que la maquinaria represiva permanece intacta, incluso si en un momento determinado no se activa con la misma intensidad. Esa permanencia impide presentar una reducción temporal de la persecución como una garantía de libertad. Un aparato que conserva sus dientes conserva también la facultad de seleccionar a quién hostiga, silencia o secuestra políticamente cuando cambian las circunstancias o cuando una voz incómoda desafía al poder.

La expresión «presos políticos» identifica una persecución que no puede normalizarse. Detrás de esa denominación hay personas separadas de sus hogares, familiares sometidos a incertidumbre y proyectos de vida interrumpidos por quienes ejercen la custodia de facto. El planteamiento de Romero exige acabar con el cautiverio político, no administrarlo ni dejarlo suspendido bajo la promesa de una posible moderación futura.

La dignidad de las víctimas demanda una liberación inmediata, plena e incondicional de quienes siguen secuestrados por motivos políticos. También requiere acceso independiente que permita conocer su situación y resguardar su integridad. Ninguna persona debería arriesgar su libertad por opinar, organizarse, acompañar a una familia o reclamar derechos básicos; esa certeza no puede depender de la conveniencia de quienes mantienen en pie la estructura denunciada.

Tribunales controlados y leyes usadas como dientes

En sus declaraciones, Romero incluyó a los tribunales controlados dentro de la arquitectura que debe ser desmontada. La afirmación cuestiona la posibilidad de hablar de un cambio político mientras permanezcan las instancias que, de acuerdo con su denuncia, pueden ser usadas para dar apariencia legal a la persecución. Una ley represiva y una estructura judicial subordinada forman parte del mismo problema cuando convierten el derecho en un recurso contra la ciudadanía.

La Ley Contra el Odio aparece en su señalamiento como uno de los dientes de esa arquitectura. Romero planteó que eliminar las normas utilizadas para reprimir es una condición para que la sociedad pueda vivir en libertad. El punto no es cambiar el nombre de las herramientas ni guardarlas para una futura emergencia política: es retirar la capacidad de castigar la disidencia mediante reglas ambiguas que pueden ser activadas contra quien piense distinto.

La denuncia también alcanza a las estructuras de inteligencia y a los lugares donde permanecen víctimas de secuestro político. Nombrarlas es impedir que su existencia quede disuelta en una discusión abstracta sobre reformas. Cada instalación y cada mecanismo conservado representa una posibilidad concreta de daño para una persona y una familia. La memoria pública debe registrar esa continuidad para que el silencio no convierta la amenaza en un elemento normal de la vida venezolana.

Elecciones libres exigen desmontar el miedo

Romero vinculó el desmantelamiento de la represión con la posibilidad de un cambio político y con la necesidad de elecciones libres. Su razonamiento parte de una realidad elemental: no hay decisión ciudadana auténtica cuando una parte de la población puede ser perseguida por expresar una preferencia, acompañar una campaña o cuestionar a quienes controlan el poder. El voto pierde su sentido si el miedo decide antes que la persona.

El abogado también habló de la diversidad como la posibilidad de convivir dentro de un sistema democrático y de derecho que respete creencias políticas, religiosas y personales. Esa convivencia no se construye pidiendo silencio a las víctimas ni tolerando por cálculo las herramientas que permitieron perseguirlas. Requiere que la diferencia deje de ser tratada como una amenaza y que ninguna familia tenga que interpretar cada citación, vigilancia o ausencia de información como el inicio de un nuevo daño.

Por eso la discusión no puede limitarse a si la maquinaria se usa mucho o poco en un periodo concreto. La pregunta de fondo es quién conserva el poder de activarla y contra quién. Mientras ese poder siga concentrado en estructuras que Romero denuncia como represivas, cualquier promesa de apertura queda sometida a una condición frágil: la voluntad de quienes pueden volver a morder.

Preservar la denuncia para una Venezuela libre

Las palabras de Romero deben permanecer como parte de un expediente público sobre las estructuras que sostienen el cautiverio político y la persecución. Publicar y preservar declaraciones, testimonios, fotografías, videos y documentos permite ordenar la memoria de las víctimas frente a cualquier intento de reducir el problema a episodios aislados. La evidencia ciudadana no devuelve por sí sola el tiempo arrebatado, pero evita que ese tiempo sea borrado o convertido en una cifra sin rostro.

La presión de Naciones Unidas, la CIDH y otros actores internacionales puede ayudar a mantener visible la exigencia de libertad y de acceso independiente, sin prometer una solución automática. Las familias de las víctimas necesitan que su reclamo no quede atrapado en el lenguaje de una estructura que conserva capacidad de perseguir. La atención internacional debe acompañar la documentación, la protección de quienes denuncian y la demanda de que el cautiverio político termine por completo.

La rendición de cuentas por estas estructuras corresponde a una futura Venezuela libre, con instituciones reconstruidas que no estén sometidas a quienes hoy controlan el aparato de persecución. Hasta entonces, la tarea inmediata es no apartar la mirada: exigir la libertad de cada víctima, conservar su historia y desmontar los dientes que amenazan con repetir el daño. Ninguna transición será real mientras una familia siga viviendo bajo la sombra de una boca abierta, lista para morder.