El 14 de abril que detuvo su vida

Antony Lamuño permanece secuestrado desde el 14 de abril de 2025, según la denuncia pública de su madre, Vilma García. Ella identifica un video grabado y enviado por WhatsApp como el hecho que antecedió la privación de libertad de su hijo. Su llamado no se limita a una petición formal: exige que termine de inmediato un cautiverio que ha separado a Antony de su vida cotidiana, de sus afectos y de su familia durante casi 18 meses.

La denuncia de García sitúa el caso en un acto concreto y cotidiano: grabar un video. En su testimonio, sostiene que esa acción no constituye un delito y pregunta por qué Antony continúa privado de libertad. La afirmación describe una persecución que, de acuerdo con la madre, convirtió una comunicación por WhatsApp en el motivo para arrancar a una persona de su entorno y mantenerla bajo control de quienes ejercen la custodia de facto.

Detrás de la fecha hay tiempo humano que no vuelve. Desde aquel 14 de abril han transcurrido cumpleaños, conversaciones familiares y decisiones personales que Antony no ha podido vivir en libertad. Nombrar esos meses importa porque el secuestro político no es una cifra de archivo ni una espera abstracta: es la interrupción prolongada de una biografía y el dolor que se instala en la casa de quienes aguardan noticias.

La salud de Antony agrava cada día de cautiverio

Vilma García también alertó sobre el deterioro de la salud de Antony Lamuño. Su denuncia añade una urgencia que no puede diluirse en los días transcurridos ni en las promesas de espera que, según relató, ha recibido al buscar ayuda. Una persona sometida a cautiverio político no pierde solamente su libertad de movimiento; también queda expuesta a que una alarma de salud avance lejos de su familia y sin garantías de información independiente.

El testimonio divulgado no detalla un diagnóstico médico, pero sí comunica que la madre observa un empeoramiento. Esa precisión obliga a tomar la alerta por lo que es: un reclamo directo por la integridad de Antony y por el acceso independiente que permita conocer su condición. La ausencia de datos clínicos públicos no reduce la gravedad de que una familia tenga que pedir, a través de un video, noticias y libertad para un hijo cuya salud dice ver deteriorada.

Cuando una persona arriesga su salud o la pierde durante un cautiverio político, el daño alcanza a toda su familia. La incertidumbre no descansa: se vuelve parte de cada llamada, cada traslado y cada día sin respuestas. Quienes mantienen a Antony bajo custodia de facto son responsables directos de que pueda recibir atención adecuada, contacto con su defensa de confianza y evaluación médica independiente, además de su liberación inmediata, plena e incondicional.

Una madre que recorrió oficinas sin recuperar a su hijo

García relató que llevó documentos a la Asamblea, a la Fiscalía General y a la Defensoría, y que también acudió a una embajada cuando aún estaba la anterior embajadora. En su declaración, resume esos recorridos como todos los pasos legales que podía realizar. El resultado que describe es una misma respuesta repetida: seguir esperando. Mientras esas gestiones se acumulan, Antony sigue separado de ella.

Ese recorrido muestra el peso que el cautiverio traslada a las familias. No basta con enfrentar la ausencia de un hijo: también deben reunir documentos, desplazarse y sostener reclamos en medio de límites económicos y de movilidad. García expresó que no cuenta con recursos para viajar desde su estado con la rapidez que exigiría el caso. La distancia, en esas condiciones, se convierte en otra carga impuesta sobre quien ya vive la angustia de no tener a Antony en casa.

Las instituciones actuales controladas por el régimen venezolano no pueden presentarse como árbitros independientes de una denuncia dirigida contra el aparato que mantiene la privación de libertad. Por eso el testimonio de García tiene un valor que va más allá de las puertas que recorrió: deja una cronología pública de su reclamo, identifica lo que pidió y muestra el costo de una espera impuesta. Preservar esa voz impide que el caso sea reducido a un trámite o silenciado con el paso del tiempo.

Un video de WhatsApp no puede justificar una vida arrebatada

Según la madre, el video de WhatsApp está en el origen del secuestro de Antony. La información disponible no describe el contenido de esa grabación, y tampoco hace falta inventarlo para entender el núcleo de su denuncia: un acto de comunicación terminó asociado a la pérdida de libertad de su hijo. Convertir ese relato en una disputa judicial ordinaria borraría la asimetría que García denuncia y el poder de quienes hoy controlan su cautiverio.

La denuncia de una detención arbitraria, formulada por Vilma García, debe leerse junto al tiempo que ha pasado y a la alerta de salud que plantea. Antony es una víctima de secuestro político, no una persona que cumple una situación de normalidad judicial. La precisión del lenguaje protege su dignidad: describe el daño sin aceptar como legítima una persecución que la familia vincula a la grabación de un video y a su circulación por WhatsApp.

También protege a otros venezolanos que entienden el riesgo de registrar, compartir o conservar información. Un teléfono puede contener una conversación familiar, una denuncia o una imagen de la realidad; en este caso, la madre sostiene que fue el punto de partida de la privación de libertad de Antony. Hacer pública esa denuncia no reemplaza su regreso, pero rompe el aislamiento que suele favorecer a las estructuras que ejercen la persecución y la custodia de facto.

La libertad de Antony no admite más espera

La exigencia de Vilma García es clara: libertad para su hijo. Quienes mantienen secuestrado a Antony Lamuño deben poner fin al cautiverio y permitir acceso independiente a su condición de salud, a su defensa de confianza y a su familia. No hay una razón administrativa que pueda equilibrar los meses que ya le fueron arrebatados ni la incertidumbre que soporta su madre desde abril de 2025.

La publicación, preservación y circulación de la denuncia de García son parte de la memoria pública que el caso necesita ahora. Su testimonio fija una fecha, un nombre, una alerta de salud y la secuencia de gestiones que ella afirma haber realizado. Ese registro debe conservarse junto con cualquier documento, comunicación y testimonio que permita reconstruir lo ocurrido. En una futura Venezuela libre, con instituciones independientes reconstruidas, esa memoria será indispensable para establecer responsabilidades y reparar a las víctimas.

Pero la verdad futura no sustituye la urgencia presente. Antony necesita recuperar su libertad ahora, y su madre necesita saber que su salud no sigue deteriorándose lejos de ella. La presión de instancias internacionales independientes, incluida la ONU y la CIDH, puede contribuir a que el caso permanezca visible y a que la exigencia de liberación no sea sepultada por el silencio. El cautiverio de Antony Lamuño debe terminar de manera inmediata, plena e incondicional.