Una madre frente a una silla vacía

Beatriz Salas tiene 83 años y lleva siete años buscando a su hijo, Hugo Marino Salas. Su reclamo no es una consigna abstracta: pide saber dónde está el hombre que llamó a su familia al aterrizar en Maiquetía el 20 de abril de 2019 y del que no volvió a tenerse contacto. En una entrevista difundida por El Nuevo País, la madre describió el lugar que su ausencia ha dejado en la casa y en la vida de sus hijos: «No quiero seguir viendo esta silla vacía siempre».

«No me quiero ir de este mundo sin saber qué pasó con mi hijo», dijo Salas a Emanuel Figueroa. La frase condensa una espera que ha atravesado cumpleaños, graduaciones y años de crecimiento de sus nietos sin la presencia de su padre. Para una familia, una desaparición no se detiene en el día de la captura denunciada: se instala en cada decisión cotidiana, en cada llamada que no llega y en cada lugar que conserva el vacío de quien falta.

Hugo Marino es economista, buzo profesional y especialista en investigaciones y salvamento submarino. También tiene nacionalidad venezolana e italiana. Su madre no habla de un nombre archivado ni de una cifra: habla del hijo al que quiere volver a ver y del padre que sus nietos siguen esperando. Esa dimensión humana impide reducir el caso a una cronología administrativa o a una referencia pasajera dentro de la represión en Venezuela.

El 20 de abril de 2019 en Maiquetía

Según las denuncias de la familia y las reconstrucciones publicadas por varios medios, Marino llegó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía el 20 de abril de 2019 para pasar unos días con sus familiares. Sus allegados han relatado que, poco después de aterrizar, fue abordado por presuntos agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Dgcim. Ese es el último momento en que su entorno tuvo noticias directas de él.

El relato familiar sitúa el inicio de la desaparición en una terminal aérea, un espacio de tránsito que debía conducirlo al reencuentro con los suyos. En vez de eso, el viaje abrió un cautiverio denunciado como desaparición forzada. El Informador Venezuela y El Impulso recogieron la denuncia de que fue llevado por agentes de la Dgcim; El Pitazo también señaló que Marino comunicó a su familia que acababa de aterrizar antes de que se perdiera el contacto.

Durante estos siete años, quienes controlan de facto la Dgcim y el aparato venezolano no han entregado información pública sobre el paradero de Marino. La familia ha sostenido la búsqueda aun cuando el silencio convierte cada fecha en una amenaza. Beatriz Salas rechaza que el paso del tiempo pueda transformarse en resignación: sostiene que su hijo fue llevado con vida y exige una prueba que lo confirme o una explicación cierta sobre lo que le hicieron.

Una exigencia que no admite cansancio

En declaraciones difundidas este año por medios venezolanos, Salas insistió en una demanda concreta: una fe de vida. «Se lo llevaron vivo y vivo me lo tienen que entregar», expresó. La solicitud parte de una convicción familiar y de un dato esencial: quienes habrían ejecutado la detención denunciada son quienes deben dar acceso a Hugo Marino, no prolongar la incertidumbre que pesa sobre su madre, su esposa, sus hijos y el resto de sus allegados.

La búsqueda también ha tenido otras voces. Elizabeth, esposa de Marino, recordó a El Pitazo que la familia se ha perdido momentos decisivos junto a él, entre ellos la próxima graduación de uno de sus hijos. Esas pérdidas muestran el alcance del secuestro político denunciado: no solo aparta a una persona de su libertad, también roba presencias irrepetibles a quienes la aman y obliga a hijos y madres a aprender a vivir alrededor de una ausencia impuesta.

La persistencia de Beatriz Salas desmiente la idea de que una desaparición pueda desgastar el vínculo hasta borrarlo. «Una madre por un hijo no se rinde nunca», dijo, según Infobae. A sus 83 años, su voz conserva una exigencia que el régimen de Venezuela no ha logrado silenciar: Hugo Marino debe aparecer con vida, su familia debe poder verlo y conocer la verdad de lo ocurrido desde el día en que llegó a Maiquetía.

Las medidas que ya reclamaron información

El caso de Hugo Enrique Marino Salas llegó al Sistema Interamericano pocos meses después de su desaparición. El 23 de octubre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a su favor y pidió al Estado venezolano informar si estaba bajo custodia o qué acciones había adoptado para determinar su paradero. La medida reconoce la gravedad que rodeaba su integridad y obliga a conservar el caso fuera del alcance del silencio.

En 2023, la CIDH solicitó medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son actuaciones internacionales verificables que incorporan el nombre de Marino a un registro de protección regional. No sustituyen la aparición de la víctima ni reparan siete años de ausencia, pero conservan una exigencia documentada de información y protección para un hombre cuya familia sigue esperando una señal cierta de vida.

La relevancia de ese expediente también está en su memoria. Las medidas de la CIDH, las declaraciones de Beatriz Salas y Elizabeth, y las publicaciones periodísticas ordenan hechos que no deben quedar dispersos: la llegada de Marino a Maiquetía, la denuncia sobre su detención, el silencio posterior y los reclamos sostenidos de su familia. Preservar esa cronología protege el derecho de las víctimas a que su historia no sea alterada ni borrada.

La verdad que le deben a Hugo Marino

El caso vuelve a interpelar a Venezuela desde una pregunta elemental: qué ocurre con una persona después de que su familia denuncia que fue llevada por agentes de contrainteligencia y pasan años sin que pueda verla. No hay normalidad posible en una madre de 83 años que calcula el tiempo que le queda mientras pide conocer el destino de su hijo. La desaparición prolongada es una herida que alcanza a varias generaciones y mantiene a toda una familia suspendida entre la esperanza y el dolor.

La muerte de Víctor Quero Navas, anunciada en mayo tras 15 meses de desaparición, aumentó el temor de familias que buscan a sus seres queridos, según las coberturas citadas. El caso de Quero no permite adelantar qué le ocurrió a Hugo Marino, pero sí muestra por qué la exigencia de fe de vida no puede ser aplazada ni tratada como una gestión ordinaria. Cada día sin acceso independiente aumenta el daño para una familia que lleva siete años apartada de él.

La respuesta que merece Beatriz Salas no es otra promesa vacía ni un nuevo laberinto impuesto por las estructuras que mantienen secuestrado el aparato institucional. La exigencia es inmediata: una prueba de vida, acceso independiente a Hugo Marino y su liberación plena e incondicional si continúa bajo el control de quienes lo detuvieron. La ONU, la CIDH y los actores internacionales con capacidad de presión deben mantener el caso visible; en una Venezuela libre, instituciones reconstruidas e independientes deberán establecer responsabilidades.

Mientras esa verdad llega, el testimonio de su madre, la voz de su esposa y la cronología pública son una forma de protección. Publicar y preservar esos registros impide que la ausencia sea convertida en olvido. Hugo Marino no es una silla vacía ni un expediente detenido: es un hijo, esposo y padre cuya vida y libertad siguen siendo reclamadas por una familia que se niega a abandonar su nombre.