La PNB presentó el operativo de Las Pavas como una acción antidrogas con 14 detenidos; familias yukpa denuncian muertes, personas heridas, despojo de bienes y agresiones contra mujeres y niños. La investigación contrasta ambas versiones y exige preservar las evidencias, proteger a las víctimas e identificar la cadena de mando.
Delcy Rodríguez presentó más de 240 apartamentos como auxilio para los damnificados, pero El Pitazo informó que la primera selección favoreció a personal de dependencias controladas por el régimen: la Gobernación de La Guaira, el Seniat, el IVSS y el Ministerio de Salud. Entre las beneficiarias apareció Nélare Bermúdez, máxima autoridad sanitaria regional. Una vivienda construida con recursos de los venezolanos no puede convertirse en premio por obediencia política.
Delcy Rodríguez presentó a la infancia como futuro de Venezuela en un saludo por el Día del Niño, pero la publicación no aportó balances ni resultados. Los registros de UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos y Naciones Unidas obligan a contrastar la celebración con desnutrición, servicios debilitados y vacíos sobre las familias separadas por detenciones políticas.
La investigación publicada por Jonatan Palacios News coloca bajo escrutinio a la familia Martínez, sus conexiones políticas y una denuncia que ya no puede tratarse como un simple comentario de redes.
Habitantes de la parroquia San Isidro denunciaron cobro de vacunas, abusos de autoridad y amenazas en una zona marcada por tensión minera, presencia militar y reclamos ciudadanos por protección real.
Cada cierre fronterizo deja una pregunta incómoda: quién gana con el caos y quién administra realmente los corredores del Táchira.
La situación minera venezolana vuelve a exponer la relación entre oro, bandas armadas, poder político, rutas ilegales y responsabilidad institucional.
La aparición de figuras asociadas al entorno del poder en una fiesta de alto perfil vuelve a encender la pregunta por los privilegios, el dinero, las conexiones y la distancia obscena entre la élite política y el país empobrecido.
La denuncia sobre la producción de oro en El Callao vuelve a colocar al Arco Minero bajo sospecha: si la riqueza sale por toneladas, el país tiene derecho a saber quién controla esa renta y por qué las comunidades siguen hundidas en pobreza.
La alerta ambiental en Portuguesa exige investigación, rendición de cuentas y seguimiento público ante una denuncia que apunta al daño sobre el río, las comunidades y el ecosistema.