Las familias que buscaban una ruta de ayuda tras el doble terremoto recibieron, según la revisión de ProBox, mensajes de apenas seis de las 41 instituciones responsables de informar y atender la emergencia durante el primer día. El monitoreo de la organización registró que otras 14 comunicaron dentro de las 48 horas siguientes y que 21 tardaron más de tres días o no publicaron nada. La secuencia pone fechas, horas y funciones concretas a un problema que se mide en orientación para sobrevivientes, contacto con familiares, acceso a hospitales y prevención de nuevos riesgos.

La investigación de ProBox no se limita a contar publicaciones. Ordena la respuesta digital de organismos del régimen venezolano con tareas directas en una crisis sísmica y pregunta si cada mensaje servía a la población. El resultado es una cronología de comunicaciones tardías, fragmentadas o vacías de contenido accionable, frente a la versión de Delcy Rodríguez, figura central del régimen, quien sostuvo el 2 de julio que el despliegue había sido inmediato y atribuyó las críticas a matrices mediáticas.

Las primeras horas que definían la emergencia

La información pública forma parte de la respuesta cuando la tierra deja a comunidades enteras buscando referencias en minutos. Una familia necesita saber dónde hay atención médica, qué rutas están abiertas, cómo reportar a una persona desaparecida, qué zonas presentan peligro y dónde operan los equipos de rescate. También necesita instrucciones simples para protegerse ante réplicas, evitar inmuebles comprometidos y ubicar albergues. Un mensaje institucional útil no es un gesto de presencia: es una herramienta para tomar decisiones mientras todavía se puede reducir el daño.

ProBox sitúa el doblete sísmico a las 6:04 de la tarde del 24 de junio y lo describe como el episodio de mayor magnitud registrado en Venezuela en más de un siglo. Su cronología señala a Diosdado Cabello como la primera voz oficial, a las 6:54 de la tarde, 50 minutos después. De acuerdo con el informe, aquella intervención se concentró en Caracas, no precisó las zonas afectadas y admitió que no tenía información exacta sobre la magnitud del evento. Para quienes intentaban entender el alcance de la emergencia, ese primer mensaje dejó intactas las preguntas más urgentes.

El registro de ProBox ubica la intervención de Delcy Rodríguez a las 9:40 de la noche, casi cuatro horas después del doble terremoto. En esa aparición calificó a La Guaira como duramente afectada, pero no ofreció cifras sobre el territorio que la investigación identifica como el más golpeado. El primer reporte que incorporó información sobre La Guaira llegó a las 12:04 de la madrugada del 25 de junio, casi seis horas después, con la declaración de zona de desastre. La distancia entre el sismo y esa comunicación revela por qué medir el reloj era indispensable: cada etapa de la emergencia exigía información distinta y utilizable.

Funvisis llegó cuando la alerta ya circulaba

La cronología de ProBox también coloca bajo la lupa a Funvisis, organismo del régimen encargado del monitoreo sísmico y de la difusión de alertas técnicas. Su primer aviso sobre el sismo principal fue publicado a las 10:40 de la noche, casi cinco horas después, con datos de magnitud y ubicación. El informe contrasta esa hora con la publicación del Servicio Geológico de Estados Unidos, que ya había difundido información a las 6:18 de la tarde. En una emergencia sísmica, los parámetros técnicos sirven para orientar a la población, a los servicios de salud y a quienes evalúan edificaciones, vías y zonas expuestas.

ProBox documentó que el silencio inicial de Funvisis no fue un episodio aislado. El comunicado técnico con los parámetros oficiales apareció en sus canales el 31 de julio, más de un mes después del doble sismo, y la primera declaración pública de quien encabeza el organismo fue registrada el 10 de agosto, 47 días después. La investigación incorpora además datos del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes sobre el deterioro de la red sismológica venezolana: de las entre 250 y 300 estaciones operativas de los años noventa, quedaban entre tres y cinco activas al momento del terremoto, según ese informe citado por ProBox.

Ocho días después de la tragedia, Delcy Rodríguez defendió ante medios internacionales que las estructuras del régimen se desplegaron de inmediato. Alba Ciudad, medio alineado con el aparato chavista, publicó que ella atribuyó el caos a laboratorios mediáticos y afirmó que se activó toda la fuerza disponible durante las primeras horas. La investigación de ProBox ofrece otra pieza verificable para examinar esa afirmación: los tiempos de 41 cuentas e instituciones, el contenido de sus mensajes y la utilidad que tuvieron para la ciudadanía. La contradicción no descansa en una impresión general, sino en un registro de publicaciones y ausencias fechado desde la tarde del 24 de junio.

Dos mediciones para seguir la huella digital

La metodología de ProBox separa dos preguntas que suelen confundirse: cuánto tardaron los organismos en hablar y qué aportaron cuando finalmente lo hicieron. Para responderlas, la organización siguió 41 instituciones con responsabilidades vinculadas a la crisis, desde la estructura central del régimen y las instancias territoriales de las zonas afectadas hasta cuerpos de rescate, servicios técnicos, identificación y áreas de servicios básicos. Para cada una definió la información esperada según su función: cifras, alertas, protocolos, balances, listados, lineamientos o rutas de atención.

La primera medición fue temporal. ProBox halló que seis instituciones, equivalentes al 15 % del universo estudiado, comunicaron algo el mismo día del doblete. Catorce lo hicieron durante las 48 horas siguientes. El grupo más numeroso, de 21 instituciones, tardó tres días o más en decir algo o mantuvo silencio. Esas tres franjas no son un juicio sobre una sola cuenta: reconstruyen cómo se distribuyó la palabra oficial en el momento en que miles de personas necesitaban referencias para moverse, buscar ayuda o localizar a sus seres queridos.

La segunda medición examinó la calidad informativa de esas publicaciones. ProBox clasificó como cumplimiento total a cinco instituciones, el 12 % de las 41, porque ofrecieron de forma completa lo que correspondía a sus funciones. Otras 15, el 37 %, quedaron en cumplimiento parcial por difundir datos reales pero incompletos, fragmentados o sin continuidad. Las 21 restantes, el 51 %, aparecieron en la categoría de propaganda, gesto o silencio: mensajes sobre recorridos, visitas y agradecimientos que no aportaban datos prácticos, o ausencia de comunicación. La investigación retrata así una estructura que podía estar presente en pantalla sin orientar de manera efectiva a la población.

La Guaira y los organismos que podían orientar a las familias

El caso de La Guaira concentra el costo de esa fragmentación. ProBox identifica al territorio como el más afectado y registra que su primer reporte específico apareció entrada la madrugada del día siguiente. La investigación también observa que la instancia que el régimen presenta como Gobernación de La Guaira era una fuente clave para comunicar daños, puntos de atención, necesidades y condiciones de acceso. Una emergencia no espera a que las autoridades políticas construyan una narrativa: necesita avisos continuos para quienes están en el terreno, para familiares que buscan noticias y para comunidades que deben decidir qué hacer.

En el grupo que comunicó tarde o guardó silencio, ProBox incluye organismos vinculados a la identificación de víctimas, personas desaparecidas y fallecidas, entre ellos el CICPC, el SENAMECF y el Ministerio Público. También incorpora dependencias relacionadas con agua, alimentación, comunicaciones y transporte. La investigación no los agrupa por capricho: cada área estaba asociada a una pregunta concreta que podía llegar a la población. Dónde reportar una desaparición, cómo identificar a un familiar, qué hospital estaba disponible, qué servicio permanecía operativo o qué traslado era posible son datos que definen la capacidad de una comunidad para responder a una catástrofe.

El monitoreo incorporó además los portales institucionales. ProBox encontró publicaciones sobre el sismo en solo 20 de las 41 páginas revisadas, el 49 % del total, y mostró que la ciudadanía no tuvo un repositorio único, ordenado y actualizado para seguir la emergencia durante los días posteriores. Esa dispersión coincidió con obstáculos documentados por IPYS Venezuela a la cobertura periodística en La Guaira, donde el acceso fue condicionado por registros y autorizaciones oficiales. ProBox añade que más de 90 medios seguían bloqueados en internet durante el terremoto y los meses siguientes, una restricción que redujo el acceso a fuentes independientes en medio de la crisis.

Información que sirva para vivir y reconstruir

El informe de ProBox permite ver la comunicación de emergencia como una infraestructura tan concreta como una ambulancia, una vía despejada o una sala de atención. Las familias no necesitaban una sucesión de recorridos oficiales ni felicitaciones internas; necesitaban datos precisos, horarios, ubicaciones, listados, protocolos y actualizaciones que les permitieran protegerse y tomar decisiones. Cuando esos datos llegan tarde, llegan a medias o se reemplazan por propaganda, el vacío se traslada a quienes ya enfrentan la angustia de buscar a una persona, encontrar un hospital o salir de una zona insegura.

La cronología, las capturas de publicaciones y la clasificación de funciones reunidas por ProBox forman un expediente público que debe circular, preservarse y contrastarse con cada relato posterior del régimen venezolano. Los sobrevivientes citados por la investigación describieron en las primeras horas un despliegue lento y descoordinado, con pocos recursos básicos. La rueda de prensa de Delcy Rodríguez respondió rechazando esa descripción; el valor del monitoreo consiste en que permite confrontar ambas versiones con horarios, mensajes y responsabilidades de comunicación claramente identificadas, sin borrar la experiencia de quienes vivieron la emergencia.

La exigencia pública es concreta: información oportuna, comprobable, organizada y libre de propaganda cada vez que una tragedia ponga vidas en riesgo. La documentación ciudadana y los registros de organizaciones independientes deben permanecer disponibles como memoria de lo ocurrido y como protección frente a cualquier intento de alterar la secuencia de hechos. En una Venezuela libre, con instituciones reconstruidas e independientes, ese expediente tendrá que servir para establecer responsabilidades y reparar a las familias. Mientras tanto, publicar y preservar la verdad de cada hora sigue siendo una forma de amparo para quienes sobrevivieron.