Un mes después de los dos terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio, una denuncia golpea la conciencia del país: mientras el aparato chavista habría ordenado cerrar temporalmente el Cuartel de la Montaña 4F por daños estructurales, familiares y organizaciones sostienen que los presos políticos recluidos en centros como Rodeo I no han sido evacuados ni reubicados. En ese antiguo cuartel se encuentran los restos de Hugo Chávez. En las cárceles hay personas vivas, familias angustiadas y derechos que el Estado está obligado a garantizar.

El material audiovisual registra el contraste que denuncian las familias: el Cuartel de la Montaña 4F recibió una orden de cierre preventivo tras los terremotos, mientras los presos políticos permanecieron bajo custodia en centros señalados por deterioro y riesgo, entre ellos Rodeo I. Las voces que claman desde fuera de las cárceles exigen una respuesta inmediata para quienes están encerrados y dependen por completo del aparato que controla las puertas. La prioridad debe ser la vida: inspección independiente, acceso familiar, atención médica, traslado seguro cuando corresponda y libertad para todos los presos políticos.

El contraste que coloca la vida humana en el centro

Cerrar preventivamente un edificio afectado por un terremoto puede ser una decisión sensata. La indignación surge cuando esa precaución parece llegar antes a una instalación de valor simbólico para el chavismo que a recintos donde el propio Estado mantiene seres humanos sin libertad para protegerse por sus medios. Una tumba puede esperar una reparación. Una persona encerrada, expuesta a réplicas, fallas estructurales o interrupciones de servicios, depende por completo de quienes controlan las puertas.

El punto central es la desigualdad en la protección. El aparato que controla el poder actuó para impedir el acceso al Cuartel de la Montaña y tiene la obligación todavía mayor de proteger a cada persona encerrada bajo su custodia. Debe publicar las inspecciones efectuadas en las cárceles afectadas, identificar quién las realizó, informar a las familias, permitir la entrada de especialistas independientes y sacar de peligro a cualquier detenido expuesto. La vida humana exige más urgencia que la conservación de un mausoleo.

Desde la experiencia de Jonatan Palacios como expreso político y sobreviviente de secuestro y tortura, sabemos que el encierro impuesto por un aparato represivo no es una abstracción. Cada silencio oficial se vive detrás de una puerta cerrada; cada demora multiplica el miedo de quienes no pueden salir y de quienes esperan noticias afuera. Los presos políticos no son una cifra ni una ficha de negociación. Tienen nombre, salud, vínculos familiares, proyectos interrumpidos y una dignidad que ninguna cárcel cancela.

Las familias alzaron la voz frente a las cárceles

Los dos terremotos del 24 de junio sacudieron Venezuela con pocos segundos de diferencia y causaron daños en distintas zonas del norte del país. Después de esos eventos, el material audiovisual registra el cierre temporal del Cuartel de la Montaña 4F y recoge la denuncia de familiares y organizaciones que exigen libertad y protección humanitaria para los presos políticos.

Las familias han reclamado fuera de las cárceles porque sus seres queridos siguen encerrados en instalaciones señaladas por deterioro y riesgo. Sus gritos, testimonios y denuncias son parte central de esta historia: identifican a personas sometidas a custodia estatal y alertan sobre un peligro que quienes están tras las rejas no pueden evitar por sus propios medios. El aparato chavista conoce el reclamo y controla tanto las instalaciones como toda decisión de inspección, traslado, atención médica o liberación.

La respuesta exigible es concreta: publicar las evaluaciones estructurales, abrir Rodeo I y los demás centros afectados a especialistas independientes, informar a cada familia sobre la ubicación y salud de su ser querido y ejecutar evacuaciones seguras ante cualquier riesgo. Cada hora de silencio prolonga la angustia y aumenta la responsabilidad de quienes mantienen cerradas las puertas.

La custodia estatal multiplica las obligaciones

Una persona privada de libertad se encuentra bajo control directo del Estado. Esa relación impone deberes reforzados de protección: condiciones seguras, atención médica, alimentación, comunicación con familiares y abogados, y capacidad de respuesta ante una catástrofe. En el caso de detenciones arbitrarias o políticamente motivadas, la obligación inmediata no se agota en mover a la víctima de una celda a otra; exige terminar el encierro ilegítimo y restituir sus derechos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha documentado que las personas privadas de libertad por razones políticas en Venezuela reciben un trato diferenciado que incrementa el riesgo de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Más recientemente, la CIDH y su Relatoría para la Libertad de Expresión denunciaron prácticas de terrorismo de Estado, detenciones arbitrarias y persecución en el contexto represivo venezolano. No se trata de una disputa normal entre dos fuerzas políticas, sino de un patrón internacionalmente documentado de cierre del espacio cívico y castigo de la disidencia.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU también ha registrado detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, tortura y otros malos tratos dentro de la maquinaria represiva. En su informe presentado al Consejo de Derechos Humanos, la Misión atribuyó responsabilidades y describió prácticas que requieren verdad y rendición de cuentas. Además, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió la investigación Venezuela I tras concluir que existía una base razonable para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad. Una investigación no equivale a una condena, pero impide tratar estas denuncias como simples excesos aislados.

Libertad, inspección independiente y contacto familiar

La primera exigencia es la libertad plena de todas las personas detenidas arbitrariamente por razones políticas. Una emergencia sísmica hace todavía más visible el peligro; su derecho a salir precede al terremoto. Hasta que esa liberación se materialice, corresponden medidas inmediatas: evaluación estructural independiente de Rodeo I y de cada centro afectado, traslado seguro con garantías, atención médica libre de represalias y comunicación regular y privada con familiares y abogados.

Una reubicación opaca podría convertirse en otra forma de desaparición o aislamiento. Por eso cada traslado debe informar destino, motivo, autoridad responsable y condiciones de recepción. Las familias no pueden enterarse por rumores ni recorrer centros de detención buscando a sus seres queridos. Organismos internacionales y defensores de derechos humanos deben poder verificar personalmente las condiciones, entrevistar de manera confidencial a los detenidos y revisar los protocolos de emergencia aplicados después de los sismos.

También corresponde preservar los registros de inspecciones, órdenes internas, reportes de daños y decisiones tomadas desde el 24 de junio. Esos documentos permitirán determinar si hubo una diferencia deliberada entre la protección otorgada al Cuartel de la Montaña y la brindada a los centros penitenciarios. La responsabilidad no puede diluirse en comunicados generales: debe establecerse qué funcionarios recibieron alertas, qué acciones dispusieron y si alguna omisión puso vidas en peligro.

La memoria no se honra abandonando a los vivos

La memoria pública pierde todo sentido cuando se usa para custodiar símbolos mientras se desatiende a seres humanos indefensos. La dignidad de las víctimas exige rechazar esa escala de prioridades. No pedimos privilegios para los presos políticos; exigimos libertad frente a la detención arbitraria y, hasta que sea efectiva, el cumplimiento estricto de garantías que pertenecen a toda persona bajo custodia. Ninguna afinidad política, uniforme ni relato oficial puede convertir una vida en prescindible.

El aparato chavista debe responder con hechos comprobables: publicar las evaluaciones de riesgo, abrir las cárceles a una inspección independiente, garantizar contacto familiar, identificar cualquier traslado y liberar a quienes permanecen detenidos arbitrariamente. La comunidad internacional debe acompañar a las familias, mantener mecanismos de protección y exigir acceso efectivo, sin permitir que la emergencia natural oculte abusos previos.

El aparato chavista debe publicar de inmediato el informe técnico que sustentó el cierre del Cuartel de la Montaña, las evaluaciones estructurales de Rodeo I y de los demás centros, el registro de inspecciones posteriores a los terremotos y la situación individual de cada preso político. Una investigación independiente debe establecer quién recibió las advertencias, qué decisiones tomó y qué omisiones pusieron vidas en peligro. La verdad exige documentos; la justicia, responsables; la reparación, libertad y atención para las víctimas; y la no repetición, desmontar un sistema capaz de proteger una tumba antes que a las personas que mantiene tras las rejas.