Una periodista y candidata arrancada de la vida pública

Susy Aponte Polo, periodista y candidata regional conocida como La China Polo, fue asesinada durante una actividad política en Caraz, Áncash. Su muerte no puede diluirse en una cifra de violencia ni en el ruido de la campaña: se trata de una mujer que informaba, participaba en la vida pública y había advertido que temía por su vida. El crimen dejó a una comunidad sin una voz que investigaba asuntos locales y a su familia frente a una ausencia irreparable.

La actividad se desarrollaba en el mercado de Caraz, un espacio cotidiano donde Aponte se encontraba con ciudadanos y recorría la zona como parte de su trabajo proselitista. Allí fue atacada con arma de fuego, según la información difundida sobre el caso. El lugar y el momento importan: el asesinato ocurrió mientras ejercía dos derechos esenciales en una democracia, informar y aspirar a representar a su región.

Nombrarla únicamente como una candidata asesinada o como una periodista atacada sería incompleto. Susy Aponte Polo reunía ambas responsabilidades y estaba expuesta por ambas. Su asesinato plantea una alarma que alcanza a comunicadores, dirigentes barriales y mujeres que deciden disputar espacios políticos: cuando una amenaza se normaliza, el miedo empieza a decidir quién puede hablar, investigar, recorrer un mercado o pedir el voto.

Las amenazas que Susy Aponte Polo había hecho públicas

Nueve días antes del crimen, Aponte había denunciado amenazas contra su vida, de acuerdo con la información recogida por ATV y las coberturas posteriores. También afirmó haber recibido llamadas desde centros penitenciarios. Esa advertencia previa es una parte decisiva de su historia: no fue un temor íntimo que quedó en silencio, sino una alerta expresada por una periodista y candidata que entendía el riesgo que enfrentaba.

La denuncia de amenazas no identifica por sí sola a quien ordenó, facilitó o ejecutó el asesinato. Sí obliga a reconstruir con seriedad lo que Aponte comunicó, cuándo lo hizo, ante quién, qué mensajes o llamadas denunció y qué medidas se activaron después. Cada una de esas piezas puede ayudar a entender si existieron señales que debieron encender una protección efectiva antes de que fuera demasiado tarde.

La vida de quien informa no puede depender de que una denuncia se vuelva noticia solo después de un asesinato. Las amenazas contra periodistas y candidatos no son una incomodidad inevitable de la política; son ataques contra la libertad de informar y contra el derecho de una comunidad a elegir sin coerción. La verdad para Susy también exige escuchar en toda su dimensión lo que ella dijo cuando todavía podía contar el miedo con su propia voz.

Tres detenciones, dos nombres y responsabilidades por establecer

Luis Iván Obispo Díaz, ciudadano venezolano, figura entre las tres personas detenidas por el asesinato de la periodista y candidata regional Susy Aponte Polo, conocida como “La China Polo”, durante una actividad política en Caraz. La República, RPP y Andina lo señalaron como presunto autor material de los disparos; La República identificó además entre los intervenidos a Ronald José Toro Artila.

La investigación avanza sobre el crimen contra Aponte Polo, quien había denunciado amenazas contra su vida y llamadas desde centros penitenciarios. Las autoridades buscan reconstruir lo ocurrido y determinar el alcance de las responsabilidades a partir de las diligencias, los testimonios y los elementos recogidos en el caso.

La República informó que el arma utilizada en el crimen estaría vinculada a un policía, una línea que forma parte de la investigación. El mismo medio reportó una inconsistencia inicial en SINADEF, que consignó una causa de muerte desconocida pese a las lesiones por arma de fuego. Las detenciones abren una etapa decisiva para establecer el móvil, las responsabilidades y cualquier facilitación demostrable, en busca de verdad, justicia y protección para quienes informan y participan en política.

El arma incautada y el registro de una muerte mal consignada

Uno de los elementos que la investigación debe aclarar es el origen del arma incautada. La República informó que la pistola Glock calibre 9 × 19 encontrada tras la captura de uno de los presuntos atacantes estaba vinculada documentalmente a un suboficial de la Policía Nacional del Perú y que figuraba con una denuncia por hurto presentada en 2023, en Villa El Salvador. Ese vínculo es una línea de investigación, no una prueba de participación o conocimiento del policía mencionado.

La cobertura del mismo medio también advirtió una inconsistencia en el Sistema Informático Nacional de Defunciones, SINADEF: el registro habría consignado inicialmente la causa de muerte de Aponte como desconocida pese a las lesiones por arma de fuego reportadas en el caso. La Fiscalía, según esa información, investiga el asesinato como sicariato. La diferencia entre el registro inicial y la investigación abierta requiere una explicación documental clara, porque el primer dato oficial de una muerte violenta no debería borrar la naturaleza del hecho.

El arma y el registro SINADEF no son detalles administrativos ni conclusiones cerradas. Son dos hilos que deben conservarse, contrastarse y explicarse públicamente con documentos verificables. La familia de Aponte merece saber de dónde salió el arma y por qué el sistema registró de esa manera su muerte; la sociedad peruana necesita que ninguna falla de trazabilidad o posible negligencia oculte los caminos que pueden conducir a la verdad.

Verdad y protección para que nadie tenga que callar

La respuesta a este asesinato no puede terminar con el recuento de detenciones. La Fiscalía y los equipos policiales que conducen el expediente deben preservar las pruebas, completar las pericias anunciadas y comunicar resultados sustentados, sin adelantar culpabilidades ni dejar cabos sueltos sobre las amenazas, el arma o el entorno de la víctima. Una investigación seria debe tener como centro la vida que le fue arrebatada a Susy Aponte Polo y el derecho de su familia a saber.

También hace falta protección real y temprana para quienes hacen periodismo y para quienes participan en política desde ciudades y regiones donde las amenazas pueden convertir la exposición pública en una sentencia de miedo. Los mecanismos de denuncia deben ser accesibles, responder con rapidez y medir el riesgo con hechos concretos, no con trámites que llegan cuando ya no sirven. Proteger a una comunicadora amenazada es defender a la comunidad que depende de esa información.

Susy Aponte Polo merece verdad sobre quiénes planearon, facilitaron y ejecutaron el crimen, justicia basada en pruebas y memoria que no la abandone después de los titulares. Su asesinato interpela a Perú: una democracia pierde fuerza cada vez que una periodista o una candidata es silenciada por la violencia. Honrarla exige que denunciar amenazas vuelva a ser una puerta hacia la protección, no el último aviso de una vida en peligro.