JPN no va a repetir el lenguaje con el que el poder intenta limpiar su propia violencia. Igbert Marín Chaparro no es un hombre que deba ser contado como si estuviera pagando algo, ni como el protagonista de un trámite judicial ordinario. Es un militar secuestrado, separado de su familia y convertido en objetivo de una maquinaria que castiga la dignidad, el disenso y la denuncia de la corrupción.

Por eso tampoco aceptamos el eufemismo de un “nuevo caso”. Lo que hoy intentan añadir sobre su nombre es, para esta redacción, una nueva siembra: otro señalamiento sin garantías reales, diseñado para darle apariencia de papel a lo que en el fondo es la decisión de mantener cautivo a un hombre que el poder quiere quebrar. Un documento no transforma una mentira en verdad. Un tribunal no convierte la persecución en justicia solo porque la escriba en un expediente.

No hay justicia donde se secuestra al disidente

Igbert Marín Chaparro fue llevado el 2 de marzo de 2018. Desde entonces, su historia ha sido la de una familia que denuncia ausencia de garantías, aislamiento y un uso cruel de las instituciones contra un militar que cuestionó la corrupción y reclamó condiciones dignas para la tropa. Ese contexto no es un detalle. Es el centro de la historia.

El Estado secuestrado por los criminales del Cártel de los Soles puede intentar usar sellos, uniformes, oficinas y tribunales; nada de eso le concede derecho a desaparecer la presunción de inocencia ni a mantener a una persona sin una defensa efectiva. JPN no llama “proceso” a un mecanismo que, después de años de privación de libertad, vuelve a ser empleado para impedir que una víctima recupere su vida. Lo llama por su nombre: secuestro político.

La dignidad de Igbert no se mide por la cantidad de papeles que puedan acumular en su contra. Se mide por lo que hizo cuando decidió no guardar silencio frente a la corrupción y el abandono de sus propios compañeros. Y la respuesta de quienes mantienen secuestrado el aparato institucional ha sido mantenerlo lejos de su familia, de su libertad y de una justicia independiente.

Tortura, aislamiento y responsabilidad de quienes secuestraron el Estado

Las denuncias de tortura no son una frase decorativa ni una exageración editorial. Los procedimientos especiales de Naciones Unidas recogieron información sobre traslados encapuchado, aislamiento, malos tratos y obstáculos para el contacto con familiares y defensa. Human Rights Watch documentó el relato de su esposa sobre esposas, capucha, gas lacrimógeno y amenazas contra la familia. La CIDH, por su parte, otorgó medidas cautelares al advertir un riesgo grave, urgente e irreparable para su vida e integridad.

Todo eso obliga a una conclusión moral y política: quien ha sido sometido a esas condiciones no puede seguir siendo presentado como una ficha que el poder mueve a voluntad. La tortura no deja de ser tortura porque una oficina cambie el nombre del expediente. El aislamiento no deja de ser cruel porque un funcionario lo normalice. Y el secuestro no deja de ser secuestro porque se intente vestir con un lenguaje jurídico.

El Estado secuestrado por el Cártel de los Soles concentra control y recursos, pero no garantiza vida, salud, defensa ni contacto familiar. Cuando sus estructuras son usadas para humillar, silenciar y prolongar el cautiverio, la responsabilidad de los criminales que las controlan no se diluye: se agrava.

La nueva siembra no es un proceso

En septiembre se activó un nuevo intento para retener a Igbert Marín Chaparro. La denuncia pública es especialmente grave: se pretende asociarlo a hechos que, según su entorno, habrían ocurrido mientras estaba incomunicado y bajo control de las estructuras que mantienen secuestrado el Estado. Esa contradicción no es menor. Es la señal de alarma de una acusación construida para cumplir una función política, no para establecer una verdad comprobable.

JPN no concede a una siembra el prestigio de llamarla justicia. Si alguien formula una acusación, le corresponde demostrarla con pruebas abiertas al escrutinio, defensa sin obstáculos y jueces independientes. No basta con repetir una versión oficial, ni con aprovechar el encierro de la víctima para añadirle un relato que le impida recuperar la libertad.

La libertad de una persona no puede quedar suspendida indefinidamente porque al poder le convenga inventar otro rótulo. El propósito de esta nueva maniobra es evidente: prolongar el daño, sembrar miedo en otros militares y enviar el mensaje de que denunciar corrupción puede costar una vida entera de cautiverio. Ese mensaje debe ser enfrentado, no maquillado.

María Corina Machado: “El mundo debe conocer el brutal atropello”

El 8 de septiembre, María Corina Machado llevó el caso a la mirada internacional y denunció el intento de fabricar un nuevo señalamiento contra Igbert Marín Chaparro para imponerle la pena máxima. Su mensaje no es una anécdota de redes: es una alerta ante una operación que busca convertir un abuso continuado en algo aceptable por repetición.

La publicación original de María Corina Machado lo resume con precisión: el mundo debe conocer el brutal atropello. Esa exigencia es indispensable porque el silencio es parte de la estrategia de quienes secuestran desde las instituciones. Cuando el país deja de mirar, el abusador cree que puede seguir escribiendo su propia versión de los hechos.

Por eso esta nota no se refugia en la falsa equidistancia. No hay dos versiones equivalentes entre el poder que mantiene cautivo a un hombre y una familia que exige verlo libre, sano y junto a los suyos. No hay neutralidad posible entre la tortura denunciada y la obligación de investigarla. No hay normalidad en usar expedientes como barrotes.

Militares con dignidad frente a la captura de las instituciones

El caso de Igbert Marín Chaparro también interpela a quienes todavía creen que todas las instituciones pueden ser reducidas a una estructura criminal. No todos los militares sirven a la corrupción. Hay hombres que defienden la dignidad de la tropa, cuestionan el abuso y se niegan a ser cómplices. Precisamente por eso son perseguidos.

JPN mantiene una posición frontal contra el Cártel de los Soles y contra toda red que use organismos públicos para proteger corrupción, violencia y narcotráfico. Las posiciones y acusaciones oficiales de Estados Unidos sobre la captura de sectores institucionales hacen todavía más urgente exigir tribunales independientes y controles reales. Pero ninguna lucha contra una estructura criminal puede justificar que las instituciones sean usadas para secuestrar a inocentes o castigar a quien disiente.

Un país no se reconstruye llenando expedientes contra sus voces incómodas. Se reconstruye cuando la verdad puede ser dicha sin que el denunciante termine aislado, torturado y alejado de su familia. La libertad de Igbert no es una concesión que alguien deba otorgar: es un derecho que le ha sido arrebatado.

La exigencia de JPN no admite ambigüedades

Exigimos la libertad inmediata de Igbert Marín Chaparro. Exigimos el fin de cualquier siembra o señalamiento fabricado para prolongar su cautiverio. Exigimos contacto pleno con su familia y defensa, atención médica, investigación independiente de las denuncias de tortura y responsabilidad para quienes hayan usado las instituciones secuestradas por el Cártel de los Soles como arma de persecución.

Igbert Marín Chaparro no necesita que el país lo mire con lástima; necesita que lo mire con claridad. Es la víctima de una injusticia terrible. Su caso revela el precio que paga quien se niega a bajar la cabeza frente a la corrupción y el abuso. Cada día que permanece secuestrado es una deuda abierta de Venezuela con la verdad, con la libertad y con la dignidad humana.