Guillermo del Sol Pérez pronunció una frase que obliga a mirar primero al ser humano y no al pulso político: “yo no me quiero morir”. El activista cubano aseguró, en una entrevista difundida por el programa La Noche de NTN24, que lleva 48 días en huelga de hambre, que se encuentra “bastante débil” y que continuará reclamando libertad para hombres encarcelados por exigir agua, electricidad y alimentos. Su vida no puede ser tratada como moneda de negociación ni como un número más dentro de la represión.

Organizaciones de derechos humanos denuncian que otros tres ciudadanos cubanos, Roilán Álvarez, Leonel Trista y Yasser Rodríguez, también mantienen huelgas de hambre en condiciones críticas. El reporte entregado identifica a los cuatro por nombre y vincula sus protestas con la represión de la dictadura castrista y con la exigencia de liberar a los presos políticos. Cada caso requiere atención individual, contacto con familiares y defensores, evaluación médica independiente y vigilancia internacional urgente.

Desde Justicia X Libertad lo decimos sin eufemismos: cuando una dictadura encierra a una persona por reclamar agua, comida, electricidad o libertad, no administra justicia; practica persecución política. Quienes permanecen detenidos arbitrariamente por esas razones son presos políticos y, en términos humanos, víctimas de un secuestro político ejecutado desde el poder. No son rehenes para una negociación: deben salir en libertad inmediata, plena e incondicional.

Una voz debilitada que insiste en vivir y defender a otros

La entrevista registra el testimonio directo de Del Sol sobre su deterioro físico. El activista afirmó que, como consecuencia de la huelga, sufrió diabetes tipo 2 y dos trombos: uno en la yugular derecha y otro en la pierna derecha. Esas declaraciones describen un riesgo concreto y acumulativo. Corresponde a médicos independientes evaluar su condición sin interferencias, informar al propio paciente y garantizar que cualquier atención respete su voluntad y su dignidad.

Del Sol no presentó su protesta como una búsqueda de muerte. Dijo expresamente que quiere vivir y que seguirá luchando por personas a quienes considera inocentes. Esa diferencia es esencial: la huelga es una medida extrema de resistencia frente a un aparato que, según su relato, ha cerrado vías elementales de reclamación. La responsabilidad inmediata recae sobre quienes ejercen su control o custodia de facto y tienen capacidad material para permitir atención, comunicación y libertad.

Su relato también revela la dimensión moral de esta emergencia. Una persona debilitada durante 48 días emplea la fuerza que le queda para hablar de otros presos. La solidaridad pública debe responder con sus nombres, no con abstracciones. Roilán Álvarez, Leonel Trista, Yasser Rodríguez y Guillermo del Sol Pérez necesitan acceso independiente ahora; los presos políticos cubanos necesitan libertad inmediata, plena e incondicional.

La denuncia sobre muertes y tortura exige una investigación independiente

Del Sol afirmó que la cárcel en Cuba es “un campo de tortura” y denunció que algunos prisioneros son asesinados, colgados después de una reja y presentados como si se hubieran suicidado. Se trata de una acusación gravísima formulada por el activista en la entrevista, no de una sentencia judicial establecida. Precisamente por su gravedad, exige preservar registros, identificar a cada fallecido mencionado por familiares u organizaciones y abrir investigaciones independientes con estándares internacionales.

La denuncia no aparece aislada de los patrones documentados en la isla. En enero de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió liberar de inmediato a todos los presos políticos de las Américas y reportó para Cuba condiciones deplorables de detención, falta de agua potable y alimentación adecuada, insalubridad, carencia de atención médica y restricciones a visitas y correspondencia. La CIDH indicó además que cuatro personas detenidas por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 presuntamente murieron en prisión.

La coincidencia entre el testimonio de Del Sol y esos patrones documentados aumenta la urgencia de una verificación externa. La CIDH, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y mecanismos médicos internacionales deben solicitar acceso directo a los huelguistas y a los centros donde se encuentren. Esa inspección debe revisar expedientes clínicos, condiciones de reclusión, uso del aislamiento, denuncias de violencia y registros de muertes bajo custodia de facto.

Pedir agua, corriente o comida no puede conducir a décadas de prisión

Del Sol sostuvo que hay hombres llevados a prisión por reclamar electricidad, agua o alimentos y que reciben condenas de cinco, seis, diez, quince o veinte años. Las duraciones aparecen en su testimonio y deben entenderse con ese alcance atribuido. Su denuncia retrata un país donde necesidades elementales se convierten en detonantes de persecución y donde la protesta pacífica puede ser tratada por la tiranía de partido único como una amenaza que debe castigarse.

La CIDH, su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y REDESCA documentaron desde mediados de 2024 patrones sistemáticos contra periodistas, activistas, defensores y disidentes: cortes de internet, vigilancia, arrestos domiciliarios, detenciones arbitrarias, multas, citaciones e interrogatorios. También informaron de sanciones penales contra manifestantes y de arrestos relacionados con protestas ocurridas durante el colapso del sistema eléctrico. No es una disputa normal entre fuerzas políticas; es concentración de poder empleada para silenciar derechos.

La experiencia de Jonatan Palacios como expreso político, sobreviviente de secuestro y tortura, impide contemplar esa maquinaria desde la distancia. Sabemos que detrás de una condena usada para castigar la disidencia hay una persona arrancada de su familia, sometida al miedo y obligada a resistir incluso para conservar su identidad. Nombrar a las víctimas, escuchar su voluntad y exigir su libertad es una obligación de memoria y una defensa de la dignidad humana.

La libertad condicional y el exilio forzado no reparan la persecución

La salida de una celda bajo amenazas, vigilancia o riesgo de reencarcelamiento no equivale a libertad plena. Amnistía Internacional denunció en 2025 que José Daniel Ferrer y Félix Navarro fueron encarcelados nuevamente bajo condiciones que calificó de arbitrarias y pidió su liberación inmediata e incondicional. La organización también advirtió que las excarcelaciones condicionadas pueden funcionar como instrumentos de control sobre la expresión y el activismo.

Ese antecedente muestra por qué cualquier conversación internacional con el régimen cubano debe colocar como primer punto la liberación inmediata, plena e incondicional de todos los presos políticos. Después deben venir la anulación de las restricciones impuestas por motivos políticos, el retorno seguro de quienes fueron forzados al exilio si así lo desean, la reparación integral y garantías verificables de no repetición. Trasladar a una víctima fuera del país para silenciarla tampoco repara el daño.

La respuesta internacional necesita consecuencias y seguimiento. La ONU y la CIDH deben reclamar visitas sin supervisión del aparato penitenciario, entrevistas privadas con detenidos y familiares, y publicación de hallazgos. Estados Unidos, la Unión Europea y gobiernos democráticos de la región deben condicionar cualquier avance político relevante a liberaciones comprobables, atención médica independiente y cese de represalias, sin convertir a los presos en fichas de intercambio.

Cuatro huelguistas necesitan acciones verificables, no silencio

La emergencia comienza con cuatro nombres: Roilán Álvarez, Leonel Trista, Yasser Rodríguez y Guillermo del Sol Pérez. Las organizaciones que denunciaron sus huelgas deben actualizar públicamente, con consentimiento y protección, la ubicación general, el tiempo de protesta y la condición médica de cada uno. Sus familias y defensores de confianza deben poder comunicarse con ellos. Ninguna gestión puede decidir a espaldas de las víctimas qué riesgos están dispuestas a asumir o qué solución consideran digna.

Quienes ejercen la custodia o el control de facto sobre cualquiera de estos hombres son responsables directos de permitir acceso médico independiente, impedir represalias y preservar toda documentación clínica y penitenciaria. También deben responder por cualquier obstáculo a las visitas o por cualquier daño ocurrido mientras mantienen ese dominio material. La exigencia central sigue siendo su liberación, no la administración prolongada de una agonía dentro de estructuras denunciadas por represión.

Guillermo del Sol dijo que no quiere morir. Esa voluntad debe orientar la acción inmediata: la CIDH y la ONU deben solicitar acceso urgente; médicos independientes deben examinar a los cuatro huelguistas; las organizaciones deben publicar actualizaciones seguras; y la presión diplomática debe concentrarse en su libertad y en la de todos los presos políticos. Después corresponde investigar cada denuncia de tortura o muerte, identificar responsables, reparar a las víctimas y asegurar que pedir agua, comida, electricidad o libertad nunca vuelva a conducir a una celda. No basta con impedir que mueran: deben ser liberados inmediata, plena e incondicionalmente. Cada día de silencio prolonga la responsabilidad de quienes ordenan, ejecutan y encubren esta maquinaria represiva.