El balance actualizado de Foro Penal registra 379 personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela al 15 de junio. Detrás de ese total hay familias que continúan esperando una llamada, una visita, una explicación fiable y, sobre todo, el regreso de sus seres queridos. La reducción de una cifra nunca convierte el encierro restante en una situación tolerable: mientras una sola persona permanezca detenida por razones políticas, la herida sigue abierta.

La información difundida por la organización y recogida en el reporte de Noticias Venevisión presenta el dato central y vuelve a colocar la liberación incondicional en la discusión pública. El balance distingue ciudadanos venezolanos y extranjeros, personas sometidas a detención preventiva y otras con condenas vinculadas a procesos políticos. Ese registro no describe una disputa ordinaria entre actores con igual poder; documenta vidas sometidas al aparato de reclusión que controla de facto el régimen venezolano.

Un balance de 379 nombres, no una estadística tranquilizadora

El registro público de Foro Penal desglosa 354 hombres y 25 mujeres; 218 civiles y 161 militares; 378 adultos y un adolescente. También identifica 38 personas con nacionalidad extranjera. Estas categorías permiten comprender el alcance del patrón, pero no sustituyen la identidad, la historia ni los vínculos de quienes permanecen encerrados. Cada casilla representa una madre, un hijo, una pareja, un amigo o un compañero cuya vida quedó interrumpida.

Foro Penal también separa a 160 personas condenadas de 219 que no han sido condenadas. Esa diferencia jurídica es relevante para documentar cada expediente, pero la condición de preso político que registra la organización obliga a examinar el motivo de la privación de libertad, el uso del proceso penal y las denuncias sobre el debido proceso. Una sentencia emitida dentro de un aparato judicial señalado por su falta de independencia no puede utilizarse como sello automático de legitimidad.

El dato actualizado debe leerse con humanidad y con cautela frente a cualquier relato de normalización. Una excarcelación es valiosa para quien recupera la calle y para la familia que vuelve a abrazarlo, pero las salidas parciales no borran a quienes siguen dentro ni reparan los daños sufridos. Libertad condicionada, restricciones posteriores o procesos abiertos tampoco equivalen necesariamente a libertad plena. La meta no es mejorar la estadística: es terminar con la persecución política y restituir derechos.

La custodia de facto impone responsabilidades directas

Quienes dirigen los centros de reclusión, ejecutan órdenes de detención, controlan traslados y restringen las visitas son responsables directos de la vida y la integridad de cada persona bajo su poder. Deben permitir de inmediato contacto regular con familiares, defensa de confianza, atención médica independiente y verificación presencial por organismos internacionales. Ninguna cadena de mando puede convertir la incomunicación, el aislamiento o la negación de información en prácticas invisibles.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió en mayo de 2026 la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela. La CIDH indicó que seguía recibiendo denuncias sobre prisión preventiva utilizada como mecanismo de control, censura y represalia, además de desaparición forzada, tortura, incomunicación prolongada y negación de atención médica. Son conclusiones atribuidas a ese organismo, no una licencia para presumir que todos los casos tienen idénticas circunstancias.

Precisamente por la diversidad de situaciones, cada expediente necesita documentación individual: fecha y lugar de detención, organismo que la practicó, centro de reclusión, autoridad que ordenó el traslado, acceso a abogados, estado de salud y restricciones vigentes. Los responsables de la custodia de facto deben publicar listas completas y actualizadas y abrir los centros a una inspección independiente. La opacidad favorece el abuso; el registro verificable protege vidas y preserva pruebas.

La experiencia del cautiverio impide hablar desde la distancia

En Jonatan Palacios News conocemos que un preso político no deja su dignidad en la puerta de una celda. La voz de Jonatan Palacios, expreso político y sobreviviente de secuestro y tortura, parte de una memoria que no admite eufemismos: el encierro político busca aislar a una persona, quebrar su voluntad y extender el castigo hacia quienes la aman. Por eso hablamos de seres humanos antes que de porcentajes y exigimos libertad antes que gestos propagandísticos.

Las familias también soportan la incertidumbre, los viajes, las esperas, los gastos y el temor a represalias. Su insistencia mantiene vivos los nombres y obliga a mirar lo que el poder pretende reducir a expedientes. Deben poder visitar sin intimidación, conocer el lugar de reclusión y recibir información cierta sobre salud e integridad. Los testimonios de víctimas y familiares deben preservarse con consentimiento, protección y valor probatorio para futuros procesos de verdad, justicia y reparación.

La memoria no es una ceremonia posterior al daño. Comienza ahora, con el resguardo de documentos, órdenes, registros médicos, libros de novedades, videos de traslado y testimonios. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ha investigado ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura desde 2014. En su informe sobre el período comprendido entre septiembre de 2023 y agosto de 2024 examinó violaciones y crímenes contra opositores reales o percibidos; sus hallazgos sostienen la urgencia de conservar evidencia y determinar responsabilidades individuales.

La liberación de todos debe abrir cualquier negociación

El reporte recoge el llamado de defensores de derechos humanos a las autoridades y a las mesas internacionales de negociación para alcanzar la liberación incondicional. Esa exigencia debe ocupar el primer punto de cualquier conversación sobre Venezuela. No puede relegarse a un anexo humanitario ni intercambiarse por ventajas políticas. Quien se sienta a negociar mientras hay personas encarceladas por razones políticas tiene la obligación moral de nombrarlas y reclamar que salgan todas, sin exclusiones arbitrarias.

La liberación debe ser inmediata, plena e incondicional. Debe incluir el levantamiento de restricciones que prolonguen la persecución, la devolución de documentos, la posibilidad de reencontrarse con la familia y el acceso a reparación. También debe abarcar tanto a civiles como a militares, venezolanos y extranjeros, mujeres y hombres, adultos y al adolescente incluido en el balance, atendiendo las particularidades de protección de cada caso. Excarcelar no puede significar empujar a la víctima al exilio ni obligarla al silencio.

La ONU y la CIDH deben exigir acceso verificable a los centros, seguimiento individual y publicación periódica de información. Estados Unidos y otros países con capacidad diplomática deben convertir la liberación de todos los presos políticos en una condición prioritaria de sus contactos con quienes controlan el poder en Venezuela. Esa presión debe apoyarse en estándares internacionales y documentación, sin sustituir la voluntad de las víctimas ni atribuir a actores extranjeros un control que no esté probado.

Verdad, justicia y reparación después de abrir las celdas

La libertad es el paso urgente, pero no agota la justicia. Cada víctima tiene derecho a que se investiguen de manera independiente las detenciones arbitrarias, la incomunicación, los presuntos malos tratos, la tortura denunciada y la negación de atención médica. Las responsabilidades deben establecerse persona por persona y con pruebas, desde quien ejecutó una orden ilícita hasta quien diseñó o encubrió el patrón. La presunción de inocencia y la rendición de cuentas pueden y deben coexistir.

Venezuela necesita una lista pública consolidada que pueda contrastarse con familiares, abogados y organizaciones de derechos humanos. Necesita inspecciones sin aviso ni interferencia, historiales médicos entregados a profesionales independientes y mecanismos seguros para denunciar represalias. También necesita proteger los archivos que permitan reconstruir lo ocurrido. La verdad documentada evita que el poder reescriba el cautiverio como un trámite y que una excarcelación sea usada para borrar el abuso anterior.

Quienes ejercen la custodia de facto deben liberar ahora a las 379 personas registradas por Foro Penal y facilitar acceso inmediato a familiares, abogados y médicos independientes. La ONU, la CIDH, Estados Unidos y los demás actores que participan en contactos internacionales deben verificar cada liberación y mantener presión hasta que sea plena e incondicional. Después corresponde identificar a los responsables, investigar con independencia, reparar a las víctimas y preservar la memoria para impedir que la prisión política vuelva a repetirse.