Diez días de despacho sin una respuesta para el caso Paramacay

Las personas y familias afectadas por el caso Paramacay seguían este 24 de septiembre una apelación sin pronunciamiento de la Sala 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Carabobo. Foro Penal denunció que, a las 12:30 del mediodía, no había recibido notificación alguna sobre la decisión. La actualización situó la demora en el décimo día de despacho y volvió a colocar en primer plano el costo humano de una causa que no puede reducirse a un expediente que pasa de una mesa a otra.

La organización señaló además que la Sala 1 continuaba sin despacho. Un día antes, el 23 de septiembre, Foro Penal había informado que, ante la ausencia de una notificación y la suma de otro día sin actividad de la sala, presentó una denuncia ante el TSJ contra quienes integran ese órgano. La organización sostuvo que no guardará silencio frente a las infracciones que atribuye a la ley y a la Constitución.

La espera tiene una consecuencia concreta: prolonga la incertidumbre de quienes dependen de esa decisión y de las familias que siguen cada movimiento de la causa. En Venezuela, donde el aparato judicial opera bajo el régimen venezolano y las víctimas de persecución política han denunciado durante años la falta de autonomía, el paso del tiempo no es una formalidad inocua. Cada jornada sin respuesta mantiene suspendida una posibilidad de revisión para personas cuya dignidad no puede quedar sometida a la opacidad.

El proyecto pasó a otras dos integrantes de la sala

De acuerdo con la explicación recogida por Foro Penal, el presidente de la sala y ponente principal de la causa recibió a la representación de la defensa e indicó que había remitido el proyecto de sentencia a las otras dos integrantes de la instancia. Las tres personas que componen la sala deben intervenir en la decisión: pueden suscribir el proyecto o apartarse de él mediante un voto salvado.

Ese dato muestra que el expediente no estaba inmóvil por falta de un texto inicial, según la versión expuesta por la organización. El proyecto ya habría sido elaborado y enviado para revisión. La definición, por tanto, quedaba en manos de quienes debían examinarlo y fijar su posición. Foro Penal no informó el contenido del proyecto ni anticipó cuál sería el sentido de una eventual sentencia; su denuncia se concentró en la ausencia de un pronunciamiento y de una notificación a las partes.

La defensa también explicó que el momento en que se adopte la decisión tiene efectos sobre el trámite de notificación. Según esa exposición, una determinación que se concrete en los días posteriores debe ser comunicada a cada una de las partes. Ese deber de informar no es un detalle menor para quienes han tenido que seguir el caso con atención permanente: sin una decisión formalmente comunicada, las personas afectadas no pueden conocer con precisión cuál es el resultado de la apelación ni los pasos que la propia causa deja abiertos.

Una apelación no es un trámite sin rostros

Detrás de la palabra apelación hay personas que cargan con el desgaste de un proceso y familias obligadas a vivir pendientes de anuncios que no llegan. El caso Paramacay no puede narrarse como una discusión abstracta entre papeles y firmas. Para cada persona vinculada a la causa, la demora incide en su vida, en la de quienes esperan información y en la posibilidad de que una denuncia de vulneración de derechos sea examinada con seriedad.

Foro Penal planteó que la sala tenía una oportunidad para pronunciarse con respeto a los derechos humanos, a la Constitución y a la democracia. La afirmación debe leerse frente al dato que la propia organización puso sobre la mesa: diez días de despacho sin una notificación de la apelación. La diferencia entre un derecho escrito y un derecho realmente accesible se vuelve visible cuando una familia debe esperar durante días por una resolución que afecta su futuro inmediato.

Las víctimas de persecución política no son una cifra ni un argumento para medir la eficiencia de un despacho. Son personas con vínculos, historias y necesidades concretas. La protección de su dignidad exige que las actuaciones que inciden sobre ellas no se diluyan en silencios administrativos ni en mecanismos que les impidan conocer qué ocurre. Cuando la respuesta se retrasa, la incertidumbre también pesa sobre madres, padres, parejas, hijos y defensas que acompañan una causa marcada por la espera.

La denuncia queda incorporada a la memoria pública

La actualización de Foro Penal aporta una cronología verificable: el 23 de septiembre comunicó que no había sido notificado el pronunciamiento de la Sala 1 y anunció una denuncia contra sus integrantes; el 24 de septiembre, a las 12:30 del mediodía, informó que la apelación todavía no tenía pronunciamiento y que la sala continuaba sin despacho. También dejó constancia de la explicación ofrecida sobre el proyecto de sentencia remitido a las otras integrantes de la instancia.

Registrar esa secuencia es esencial porque evita que la demora quede disuelta en una referencia imprecisa al paso del tiempo. La publicación de fechas, horas y actuaciones atribuidas permite a las personas afectadas, a sus defensas y a la sociedad conservar un expediente público de lo ocurrido. En un país donde el aparato que controla las instituciones no puede presentarse como árbitro neutral de sus propias fallas, la documentación ciudadana adquiere un valor de resguardo frente al silencio y a la alteración posterior de los hechos.

Foro Penal afirmó que seguirá revisando el expediente y atento a cualquier decisión o notificación. Esa vigilancia no sustituye el derecho de las personas afectadas a conocer una resolución, pero impide que la falta de información sea tratada como un hecho invisible. La memoria pública se construye con estas constancias: qué se esperaba, cuándo se pidió, quién informó sobre el estado de la causa y cuál fue la respuesta efectiva de la instancia cuestionada.

La libertad y la verdad no pueden quedar en espera

La decisión pendiente debe ser conocida y preservada públicamente junto con toda la cronología de esta apelación. Si hay personas sometidas a cautiverio político dentro del caso Paramacay, su liberación debe ser inmediata, plena e incondicional; ninguna demora judicial puede normalizar el daño de mantener a una persona separada de su vida y de su familia por razones de persecución. La defensa de confianza y el acceso independiente son garantías que deben permanecer en el centro de cualquier seguimiento del caso.

La denuncia de Foro Penal no autoriza a adelantar el resultado de la apelación ni a atribuir una decisión que la sala no ha comunicado. Sí permite afirmar que, según la organización, al mediodía del 24 de septiembre no existía pronunciamiento y que la causa seguía a la espera de una definición. Ese dato interpela a quienes observan el caso fuera de Venezuela: la ONU, la CIDH y otros actores internacionales pueden preservar la atención sobre las víctimas y documentar los patrones denunciados, sin prometer una solución que no ha ocurrido.

La rendición de cuentas por las demoras, las vulneraciones y las decisiones que afecten a las víctimas deberá ser examinada en una futura Venezuela libre, con instituciones reconstruidas e independientes de las estructuras que hoy mantienen controlado el aparato judicial. Mientras tanto, la publicación de la cronología, la preservación del expediente y la memoria de cada familia son formas de impedir que la espera borre el caso Paramacay. La pregunta no es administrativa: es cuánto tiempo más puede pedírsele a una familia que resista sin saber cuándo llegará una respuesta que compromete la libertad y la dignidad de los suyos.