La emergencia sísmica no podía convertirse en otra herramienta de castigo contra los presos políticos. Sin embargo, familiares y organizaciones de derechos humanos denuncian que eso ocurrió en El Rodeo I: después del doble terremoto del 24 de junio, personas detenidas por motivos políticos habrían sido golpeadas, heridas con perdigones y expuestas a gases lacrimógenos cuando se resistieron a regresar a celdas cuya seguridad cuestionaban.

La denuncia no describe un simple desacuerdo dentro de una cárcel. Describe a personas bajo custodia absoluta, sin posibilidad de protegerse por sus propios medios, obligadas a escoger entre el temor a una estructura posiblemente afectada y la violencia de quienes controlan el recinto. En esa relación desigual, la obligación de garantizar la vida y la integridad recae por completo sobre el aparato carcelario.

El terremoto expuso una cárcel sin garantías verificables

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) exigió una evaluación técnica independiente de El Rodeo I después de los sismos. Según la organización, no se permitió el ingreso de especialistas independientes que pudieran certificar el estado de las celdas ni se ofrecieron garantías suficientes a las familias sobre la existencia de un protocolo de evacuación.

La exigencia era elemental: comprobar si las áreas de reclusión podían seguir ocupándose con seguridad. Frente a un riesgo estructural, la respuesta debía ser prevención, información y protección. Obligar a una persona detenida a volver a un espacio que teme inhabitable, sin mostrar una inspección técnica confiable, no resuelve la emergencia; la traslada íntegramente sobre quien no tiene forma de escapar.

Golpes, perdigones y gas: una denuncia que exige preservar pruebas

Clippve denunció que, cuando los presos se negaron a regresar a las celdas, se produjeron agresiones físicas, disparos de perdigones y uso de gas lacrimógeno. Amnistía Internacional informó que recibió de familiares un relato coincidente sobre la actuación dentro de El Rodeo I y advirtió que esos hechos podrían constituir tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Consultar la denuncia documentada por Amnistía Internacional.

La advertencia obliga a actuar antes de que desaparezcan las evidencias. Deben preservarse los registros de cámaras, libros de novedades, órdenes internas, listados de funcionarios de guardia, reportes médicos y municiones utilizadas. Cada persona lesionada debe ser examinada de manera confidencial por profesionales independientes, sin presencia de sus custodios y con acceso de sus familiares y abogados.

Las familias también denuncian amenazas y revictimización

Las familias no solo han reclamado información sobre el estado físico de los detenidos. Clippve denunció posteriormente que una reunión convocada para abordar los señalamientos de tortura terminó profundizando la revictimización de quienes exigían respuestas. Negar, intimidar o desacreditar a una familia no desmiente una denuncia: aumenta la urgencia de una investigación fuera de la estructura señalada.

Jonatan Palacios News ya documentó ese antecedente en una cobertura sobre El Rodeo I. La continuidad de los señalamientos —malos tratos, aislamiento, falta de atención médica, ausencia de inspección independiente y represalias— impide tratar este episodio como un hecho aislado.

Un testimonio audiovisual difundido previamente por Justicia X Libertad permite escuchar directamente el reclamo de una familia. En el video, un padre denuncia que su hijo y otros detenidos fueron golpeados, despojados de pertenencias y sometidos a violencia mientras estaban indefensos. Su mensaje al responsable es frontal: si quiere enfrentarse con alguien, que lo haga con él y no con hombres bajo custodia.

Ese testimonio se incorpora como una denuncia que debe ser investigada, no como sustituto de una pericia independiente. Precisamente por su gravedad exige identificar a cada víctima, localizar a las personas reportadas como desaparecidas, documentar lesiones y proteger a los familiares que han dado la cara públicamente.

Ver el testimonio del familiar difundido por Justicia X Libertad.

Leer el antecedente de Justicia X Libertad sobre las denuncias de tortura y revictimización.

La detención política agrava la responsabilidad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó en 2026 la persistencia de torturas y malos tratos contra personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos en Venezuela, Cuba y Nicaragua, y reiteró el reclamo de liberación inmediata. Ese pronunciamiento coloca las denuncias de El Rodeo I dentro de un patrón regional que organismos internacionales consideran grave y continuado.

Consultar el pronunciamiento de la CIDH sobre tortura y detención política.

En Justicia X Libertad no aceptamos el lenguaje que normaliza el cautiverio político. Hablamos de personas que organizaciones nacionales e internacionales identifican como detenidas arbitrariamente por disentir, denunciar o ejercer derechos políticos. Mientras sigan encerradas, cada golpe, cada negativa de atención médica y cada riesgo estructural se produce bajo el control directo del aparato que las mantiene privadas de libertad.

Lo urgente: libertad, inspección y responsabilidad individual

La respuesta mínima debe incluir la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos; una inspección estructural independiente y pública; atención médica inmediata; comunicación regular con familiares y abogados; identificación de los responsables de las agresiones denunciadas; y protección contra represalias para víctimas y denunciantes.

También debe determinarse quién ordenó el regreso a las celdas, qué evaluación técnica sustentó esa decisión y quién autorizó el uso de fuerza. Si no existe una inspección independiente, la afirmación de que las instalaciones eran seguras carece de la verificación que exigía la emergencia.

Un terremoto es un desastre natural; golpear, gasear o disparar perdigones contra personas bajo custodia es una decisión humana. La obligación ahora es establecer responsabilidades, impedir la destrucción de pruebas y proteger a quienes siguen encerrados. El silencio no puede convertirse en permiso para que la emergencia sea utilizada como otra forma de tortura.