El dato de Ureña no me sorprende: me obliga a hablar como periodista, víctima y testigo de esa frontera. Yo, Jonatan Palacios, llevo años denunciando que las trochas entre Táchira y Norte de Santander no son caminos espontáneos ni zonas sin dueño, sino corredores sometidos al cobro, la vigilancia y el control del ELN, con la protección política que he señalado públicamente en mis investigaciones.

Noticias RCN reconstruyó el 3 de agosto que el camión NKR utilizado en el atentado contra el comando de Policía de Norte de Santander habría sido adquirido ilegalmente en Ureña, donde le cambiaron las placas y lo modificaron antes de hacerlo ingresar a Colombia por una trocha. El informe ubica después su recorrido por Cúcuta hasta el lugar de la explosión. Esa secuencia conecta compra, preparación, paso fronterizo y logística urbana: una cadena concreta que debe investigarse de extremo a extremo.

La investigación no puede terminar en el conductor ni en quienes instalaron las cargas. Debe establecer quién compró el vehículo, qué taller lo modificó, quién sustituyó sus placas, quién suministró el ANFO, qué estructura aseguró la trocha, qué unidades estaban de guardia y qué funcionarios u operadores privados facilitaron, toleraron u omitieron impedir el recorrido. Las respuestas están en matrículas, cámaras, antenas, comunicaciones, turnos, movimientos financieros y actas de seguridad; corresponde preservarlas y abrirlas al escrutinio.

De Ureña al comando policial: la ruta que reconstruyó Noticias RCN

Entre los segundos 00:26 y 00:48, Noticias RCN presenta el recorrido atribuido al camión y afirma que el NKR fue adquirido ilegalmente en Ureña, donde le cambiaron las placas y lo modificaron. Entre 00:53 y 01:05, el reporte sostiene que ingresó a Colombia por una trocha cercana a la cárcel Modelo de Cúcuta. Según esa narración, llevaba 15 explosivos, cada uno cargado con 20 kilos de ANFO: un total de 300 kilos de material explosivo conforme a las cifras del informe.

RCN describe además una motocicleta que escoltaba el camión desde el paso informal. Entre 01:06 y 01:26, la reconstrucción traza el avance por el anillo vial oriental, el sector García Herreros y la parte posterior de la Central de Abastos de Cúcuta. El reporte afirma que las cargas estaban ocultas entre zanahorias y papas. Esa combinación de vehículo de carga, cobertura con productos agrícolas y acompañamiento en moto apunta a una operación logística que necesitó preparación, conocimiento del terreno y control de tiempos.

Entre 01:32 y 01:45, el relato ubica el NKR en la avenida Libertadores y luego frente al comando de Policía de Norte de Santander, donde la explosión ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada. Más adelante, entre 02:35 y 02:44, RCN atribuye a inteligencia la identificación de alias David como principal cabecilla de la estructura urbana del ELN en Cúcuta y experto en explosivos. En el cierre, RCN afirma que los organismos investigadores colombianos buscan a integrantes del ELN señalados de ejecutar el ataque. Esa línea debe avanzar con capturas, pruebas forenses, documentos y responsabilidades individualizadas ante la Fiscalía y los tribunales colombianos.

Las placas, la trocha y la escolta dejan una cadena documental

La compra y la identidad del vehículo son el primer punto verificable. Los registros deben mostrar quién compró y registró el NKR, cuáles eran sus placas originales, qué numeración sustituta utilizó y si hubo inspecciones, multas, peajes o lecturas automáticas asociadas. Una inspección técnica debe determinar dónde se alteró el camión, qué piezas fueron instaladas y quién tuvo acceso a él. Talleres, vendedores, intermediarios y propietarios anteriores forman una cadena que debe ser identificada sin convertir la sospecha en condena.

El paso informal abre una segunda línea. Los organismos colombianos y quienes ejercían el control de facto sobre los cuerpos armados y los pasos del Táchira deben precisar qué trocha fue utilizada, qué unidades tenían asignada la vigilancia, quiénes estaban de guardia y qué alertas existían durante esa franja horaria. Las cámaras públicas y privadas, antenas de telefonía, radios, lectores viales y movimientos alrededor de la cárcel Modelo, el anillo vial oriental y la Central de Abastos pueden fijar tiempos y acompañantes. También corresponde establecer quién suministró los explosivos, los activadores, los productos usados como ocultamiento y la motocicleta de escolta.

Existe capacidad operativa para revisar vehículos de carga. El 5 de mayo de 2026, la Policía Nacional de Colombia informó que controles coordinados de POLFA, DIAN y Tránsito detectaron en la vía Pamplona–Cúcuta un camión con mercancía extranjera sin documentos. Ese operativo no guarda relación demostrada con el atentado, pero registra que hay instituciones, procedimientos y capacidad de inspección sobre carga extranjera. La investigación debe explicar por qué esos mecanismos no interceptaron el vehículo descrito por RCN y si fueron evadidos, desactivados o superados.

Yo, Jonatan Palacios, conozco el corredor que hoy está bajo investigación

Yo, Jonatan Palacios, fui secuestrado por el ELN en la frontera y posteriormente entregado a integrantes de la estructura criminal que denuncio como Cartel de los Soles. Mi familia fue asesinada durante hechos vinculados al traslado de camiones de contrabando. Fui víctima de torturas, tratos crueles, inhumanos y vejaciones durante un cautiverio que se extendió por casi tres años. En enero de 2025 volví a denunciar públicamente esa tragedia; antes, El Tiempo había documentado mi liberación después de 930 días, mi testimonio sobre la tortura y el exilio.

Soy víctima y testigo directo del funcionamiento de ese corredor. Sostengo que el ELN controla las trochas, cobra por cada paso y administra esa economía criminal bajo protección política. Desde hace años denuncio públicamente una alianza entre el ELN, Freddy Bernal y los alcaldes de Ureña y San Antonio del Táchira. También he denunciado que Bernal llevó y protegió a esa estructura en la frontera para controlar el corredor y convertirlo en un negocio millonario. Lo digo en primera persona y asumo la autoría: son denuncias públicas, sostenidas en el tiempo, que la Fiscalía colombiana y los organismos independientes deben contrastar con registros de trochas, finanzas, turnos, comunicaciones y cadenas de mando.

El archivo de esta redacción permite seguir antecedentes específicos. El 27 de febrero de 2026, productores citados por nosotros acusaron a Freddy Bernal de permitir contrabando desde Colombia y mencionaron a funcionarios del SENIAT y del INSAI junto con una presunta coordinación con estructuras del ELN. El 9 de marzo denunciamos una logística de buses y pasos irregulares que atribuimos a una alianza entre el ELN, operadores políticos fronterizos y estructuras de poder; Pulzo registró la denuncia, los 77 buses y la propaganda de Yirley Vargas.

El 11 de marzo recogimos denuncias de habitantes de Ureña que señalaron a Jhon Carrillo, quien controla la alcaldía de Ureña, por un supuesto pago de 100.000 pesos colombianos por persona, y a Nelson Becerra, quien anteriormente controló esa alcaldía, por presunto alojamiento, dentro de un traslado que habría usado la trocha de La Mulata. El 11 de junio, documentos oficiales examinados por esta redacción registraron que una motocicleta vinculada al presunto sicario del periodista Cristian Herrera aparecía a nombre del Instituto Autónomo de la Policía del Táchira. Esos antecedentes aportan nombres, vehículos, rutas y organismos que deben cruzarse con la cadena logística investigada ahora.

La denuncia es anterior a este atentado. El 31 de diciembre de 2025 difundimos el testimonio de un residente sobre control armado y restricciones de movilidad en San Antonio del Táchira. El 15 de enero de 2026 retomamos una investigación atribuida a Semana sobre el dominio del ELN en la frontera, y el 30 de marzo publicamos nuevas denuncias sobre cobros y vigilancia del grupo en Táchira. El dato de Ureña revelado por RCN no inaugura nuestras preguntas: les da una urgencia inmediata.

Reuniones con Bernal: la complicidad política que yo denuncio en la frontera

Los contactos están documentados en fuentes públicas. El 10 de febrero de 2024, la Gobernación de Norte de Santander informó que William Villamizar se reunió con Freddy Bernal y acordó una agenda sobre seguridad, economía y pasos fronterizos. La primera mesa anunciada sería de seguridad e incluiría a quienes controlaban las alcaldías fronterizas de ambos lados. El 6 de abril, otro registro oficial confirmó nuevas conversaciones sobre seguridad, contrabando e intercambio de información para ubicar bandas criminales.

Yo no describo esos encuentros como espacios neutrales de cooperación. Para mí, esos hechos prueban complicidad política y operativa: funcionarios colombianos elegidos por voto popular mantuvieron coordinación repetida con Freddy Bernal y con operadores del aparato chavista que controla Táchira, mientras este canal documentaba denuncias sobre dominio del ELN, cobros en las trochas, secuestros, contrabando y protección armada. Corresponde a la Fiscalía determinar el alcance penal de esa complicidad; la parte colombiana no puede alegar desconocimiento de quién ejercía el control real al otro lado de la frontera.

Jorge Acevedo también mantuvo una relación pública y continuada con Bernal. W Radio documentó su reunión del 11 de diciembre de 2023, y Caracol registró la presencia de operadores municipales del Táchira en la posesión de Acevedo y su propuesta de una región binacional. En junio de 2025, la plataforma propagandística de Bernal publicó declaraciones en las que Acevedo elogiaba el trabajo conjunto en seguridad fronteriza. No fue una fotografía aislada: existe una secuencia documentada de reuniones, respaldo público y coordinación.

La cercanía también se exhibió en actos festivos. El 14 de febrero de 2026, Diario La Nación documentó que Cúcuta llevó al Carnaval Internacional de la Frontera, en San Antonio del Táchira, una carroza-ferrocarril, su reina y varias comparsas; Jorge Acevedo asistió como invitado especial. Al día siguiente denuncié el mensaje político de esa imagen y el 17 de febrero mostramos el cruce de la carroza y examinamos denuncias sobre la relación de Acevedo con los operadores municipales vinculados a Bernal. Mientras ellos exhibían integración y cercanía política, las víctimas seguían denunciando secuestros, extorsiones, contrabando y control territorial.

Los contactos continuaron en 2026. La plataforma de Bernal confirmó su participación con Villamizar en la Comisión de Vecindad e Integración de abril. El 11 de julio, semanas antes del atentado, esa misma plataforma informó que Bernal reunió a Jhon Carrillo, operador político que controla la alcaldía de Pedro María Ureña; Sandra Sánchez, quien controla la alcaldía del municipio Bolívar, cuya capital es San Antonio; otros jefes municipales del eje fronterizo y el aparato de seguridad del Táchira para revisar planes y despliegue territorial. La propia propaganda de Bernal dejó registrada esa coordinación operativa.

Yo responsabilizo públicamente a Freddy Bernal y a los operadores políticos de Ureña y San Antonio por la protección del sistema de ELN, trochas y contrabando que denuncio como responsable del asesinato de mi familia. No hablo desde un escritorio ni repito un rumor: fui secuestrado en esa frontera, entregado al aparato criminal que denuncio como Cartel de los Soles y sobreviví a casi tres años de tortura. Mi acusación tiene nombre, historia y una exigencia concreta de investigación.

El contexto internacional tampoco permite presentarlos como actores neutrales. El 10 de enero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos elevó hasta 25 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto o condena de Diosdado Cabello. La ficha oficial señala que Estados Unidos no lo reconoce como ministro, recuerda que fue acusado federalmente en 2020 y lo vincula, mediante esa acusación, con una conspiración de narcoterrorismo atribuida al Cartel de los Soles. Freddy Bernal pertenece a esa misma estructura de poder chavista. En 2011, OFAC lo designó bajo la Ley Kingpin por actuar para o en nombre de las FARC y afirmó que facilitó ventas de armas entre el aparato que entonces controlaba Venezuela y esa organización. Aunque OFAC retiró en 2021 la etiqueta SDNTK, Bernal permanece en la lista SDN bajo el programa VENEZUELA.

La reconstrucción de RCN convierte esa red de contactos en una línea inmediata de investigación por complicidad. Mientras Villamizar, Acevedo, Bernal y los operadores municipales hablaban de seguridad, integración e intercambio de información, el camión habría sido adquirido y modificado en Ureña antes de cruzar por una trocha con explosivos. Villamizar y Acevedo deben publicar qué sabían, qué alertas recibieron, con quién se coordinaron y qué controles ordenaron. Bernal, Carrillo, Sánchez y quienes controlaban los cuerpos armados del Táchira deben ser investigados por la cadena política, logística y operativa que permitió ese recorrido.

La investigación debe identificar la logística y abrir los registros oficiales

Hay otros antecedentes que elevan la exigencia de escrutinio. El 22 de julio publicamos un expediente sobre el caso de Luis Orlando Revilla Chirinos y denuncias acerca de presuntas conexiones entre funcionarios, operadores políticos y empresarios del Táchira, con menciones a Douglas Rico, Freddy Bernal y Alejandro Cabezas dentro de las líneas examinadas. El expediente debe cruzarse con la designación de Freddy Bernal bajo la Ley Kingpin, la cadena de operadores políticos del Táchira y las denuncias acumuladas por esta redacción sobre protección al ELN, contrabando y control de trochas.

El 2 de agosto analizamos las explosiones de Cúcuta y recogimos que los organismos colombianos atribuyeron el atentado al ELN. Planteamos entonces quién protege las condiciones políticas y operativas que permiten al grupo actuar en la frontera. La reconstrucción divulgada al día siguiente aporta una ruta concreta para convertir esa pregunta en diligencias: identificar compradores y técnicos, reconstruir placas, inspeccionar talleres, ubicar la motocicleta, preservar videos, cruzar comunicaciones y establecer qué funcionarios u operadores privados intervinieron o dejaron de actuar.

La Fiscalía, la Policía Judicial y los organismos investigadores colombianos deben preservar y cruzar de inmediato las cámaras, antenas, peajes, comunicaciones y controles del trayecto descrito; identificar a cada integrante de la cadena logística; y publicar avances que no comprometan las capturas. Quienes controlaban de facto los cuerpos armados y los pasos del Táchira, junto con los responsables colombianos de Norte de Santander, deben entregar las actas, alertas, turnos y resultados de cada reunión y operativo fronterizo. La Fiscalía debe investigar la posible omisión, corrupción, protección política, cobertura policial o colaboración operativa; identificar quién se benefició y establecer su vínculo con el ataque. Esa trazabilidad completa es la respuesta concreta que corresponde a las víctimas y a una frontera que no puede seguir funcionando entre anuncios públicos y corredores clandestinos.