Un mes después de los dos terremotos que golpearon el norte de Venezuela, las familias siguen buscando nombres entre listas incompletas, hospitales, refugios y escombros. El balance difundido el 23 de julio elevó a 5.398 las personas fallecidas, mientras el aparato chavista continúa sin publicar un registro nacional verificable de desaparecidos. Esa ausencia impide saber cuántas personas siguen sin ser localizadas, cuántas fueron rescatadas y cuántas víctimas aún no han sido identificadas.

El reportaje de CHV Noticias encabezado por el periodista chileno Rafael Cavada sitúa la estimación en 44.000 desaparecidos y muestra labores de rescate en la zona de Caracas. La cifra es estremecedora, pero debe conservar su condición de dato preliminar: no equivale a un conteo oficial consolidado ni a una lista nominal auditada. Lo confirmado es la escala de una catástrofe que comenzó el 24 de junio, afectó con especial dureza a Caracas y La Guaira y mantiene abiertas miles de historias familiares.

Dos terremotos en segundos y una devastación que sigue creciendo

Los movimientos, de magnitudes 7,2 y 7,5 según los reportes disponibles, ocurrieron de forma consecutiva el 24 de junio. Edificios residenciales, vías, centros sanitarios y servicios esenciales resultaron dañados en la capital y el litoral central. La Organización Panamericana de la Salud documentó desde los primeros días problemas críticos en servicios de salud, morgues, identificación de víctimas y seguimiento de personas desaparecidas.

El balance ha cambiado conforme avanzan la recuperación de cuerpos y las verificaciones. Una actualización publicada al cumplirse un mes informó de 5.398 fallecidos. Esa cifra reemplaza los recuentos anteriores de más de 5.000 muertos citados en el material de apoyo, pero no cierra la dimensión humana de la emergencia: todavía faltan datos públicos comparables sobre heridos, desplazados, fallecidos identificados y personas cuyo paradero se desconoce.

Cada número representa una familia sometida a una espera brutal. La recuperación no puede reducirse a retirar ruinas o anunciar viviendas. Exige identificar a todas las víctimas, entregar información individual a sus allegados, proteger a quienes quedaron sin hogar y garantizar atención médica, agua, alimentación y refugio sin discriminación política.

Los 44.000 desaparecidos son una estimación, no un padrón confirmado

CHV Noticias presenta 44.000 desaparecidos como la cifra disponible al momento de su reportaje. Otras publicaciones han recogido rangos distintos, mientras la estructura que controla el poder no ha ofrecido una base nacional abierta. Sin nombres, fechas de denuncia, lugar de última ubicación y estado de cada caso, cualquier cifra agregada permanece sujeta a duplicaciones, personas luego localizadas y reportes que todavía no pudieron validarse.

La diferencia entre incertidumbre y negación es fundamental. Que el total no esté confirmado no significa que la crisis sea menor ni autoriza a esconderla. Significa que debe crearse un registro independiente, actualizado y accesible para las familias, con mecanismos de corrección y protección de datos. También debe existir coordinación entre hospitales, morgues, refugios, equipos de rescate y organizaciones civiles para cruzar información sin poner a nadie bajo vigilancia o represalia.

La búsqueda debe continuar con criterios técnicos, incluso cuando disminuyan las probabilidades de hallar sobrevivientes. Las familias merecen verdad sobre el destino de sus seres queridos y un proceso digno de identificación. Ninguna campaña propagandística, ceremonia o cifra sin respaldo puede sustituir esa obligación.

Documentos y edificios colapsados abren una investigación decisiva

El trabajo de Rafael Cavada plantea una pregunta central: ¿por qué numerosos edificios se desplomaron completamente en pocos segundos? Según la descripción del reportaje, documentos revisados apuntan a construcciones fuera de norma y carentes de protocolos sísmicos, levantadas durante la época de Hugo Chávez. Esa es una denuncia documentada por la pieza audiovisual, no una pericia estructural definitiva ni una atribución penal probada.

Venezuela posee normas de construcción sismorresistente y una historia sísmica conocida. Determinar por qué cayó cada inmueble exige preservar planos, permisos, contratos, estudios de suelo, inspecciones, modificaciones posteriores y muestras de materiales. Peritos independientes deben diferenciar posibles fallas de diseño, ejecución, supervisión o mantenimiento de los efectos propios de la intensidad del movimiento y de las condiciones del terreno.

La investigación tampoco puede limitarse a edificios públicos o a una etapa política seleccionada por conveniencia. Debe abarcar toda estructura colapsada con criterios iguales, publicar sus métodos y permitir revisión profesional. Si los documentos citados por CHV vinculan obras concretas con incumplimientos, deben conocerse íntegros, identificarse las constructoras y los organismos supervisores y establecerse responsabilidades mediante procedimientos verificables, no por acusaciones generales.

La emergencia ocurre bajo un aparato de poder sin controles democráticos

La gestión del desastre no sucede en un vacío institucional. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU documentó detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual, persecución y una represión coordinada en Venezuela, incluida la ola posterior a la elección de julio de 2024. La misión ha señalado motivos razonables para considerar que algunas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad.

La Corte Penal Internacional autorizó además la reanudación de la investigación sobre la situación Venezuela I al considerar insuficientes las actuaciones nacionales respecto de los presuntos crímenes que examina la Fiscalía. No se trata de una disputa política ordinaria: son conclusiones institucionales que obligan a desconfiar de registros cerrados, controles partidistas y mecanismos de ayuda administrados sin vigilancia externa.

Todo fondo de reconstrucción, donación o ayuda que atraviese estructuras controladas por el aparato chavista necesita trazabilidad completa. Las listas de beneficiarios, compras, contratistas, entregas y auditorías deben ser revisables por organismos humanitarios y entidades independientes. Ninguna licencia financiera, exención o autorización limitada puede interpretarse como una certificación de neutralidad ni como permiso para desviar recursos.

Verdad para las familias y controles para una reconstrucción segura

La prioridad humana está bajo los escombros, en los refugios y en los hogares que esperan una llamada. Exigimos un registro nominal independiente de desaparecidos y fallecidos; acceso seguro para equipos de búsqueda; identificación forense con cadena de custodia; publicación periódica de balances desagregados; y protección efectiva para familiares, periodistas, rescatistas y denunciantes.

También debe realizarse una auditoría estructural pública antes de reconstruir. Los inmuebles inseguros necesitan señalización, vigilancia y evaluaciones profesionales; las familias desplazadas requieren alternativas habitables, no retornos apresurados. Los contratos futuros deben incluir normas sísmicas verificables, inspecciones externas y sanciones ante incumplimientos comprobados.

Al cumplirse un mes, 5.398 muertes están reportadas y la estimación de 44.000 desaparecidos citada por CHV continúa sin confirmación nominal independiente. Falta establecer el número real de personas no localizadas, las causas de cada colapso y la responsabilidad de quienes diseñaron, aprobaron, construyeron o dejaron deteriorar edificaciones vulnerables. Venezuela necesita búsqueda sin censura, ayuda sin desvíos y una investigación capaz de convertir el dolor en verdad, reparación y prevención.