La palabra que abre el conflicto de legitimidad

Donald Trump afirmó este 22 de septiembre, ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, que Estados Unidos está “trabajando con los líderes de Venezuela para crear un futuro mejor para el pueblo venezolano”. La declaración llegó dentro de una intervención en la que el mandatario estadounidense presentó sus decisiones sobre Caracas como una demostración de fuerza en el hemisferio occidental.

La elección de esa palabra concentra el conflicto político. Hablar de “líderes” describe una interlocución de poder, pero no resuelve el déficit de representación de quienes ejercen de facto el control sobre Venezuela. La cúpula del régimen venezolano no recibió un mandato surgido de elecciones libres; por eso, tratarla como una dirigencia representativa borra una diferencia que sigue siendo central para millones de venezolanos.

La frase tampoco fue un comentario aislado. Trump la vinculó con la captura de Nicolás Maduro, con liberaciones de víctimas de secuestro político que atribuyó a ese cambio de escenario y con un acuerdo petrolero anunciado el mes pasado. En una sola secuencia, mezcló seguridad, presión política y energía para presentar una nueva relación de Washington con la estructura que controla el país.

El mensaje se produjo frente a la delegación del régimen de Venezuela, incluida Delcy Rodríguez, figura central del aparato chavista. Esa escena convirtió el discurso en algo más que una exposición de política exterior: dejó a la vista que el lenguaje diplomático de Estados Unidos puede reconocer a una contraparte operativa sin concederle, por ello, legitimidad democrática.

Caracas como vitrina de la demostración de fuerza

Durante su discurso, Trump recordó la incursión en Caracas contra una base militar que describió como fuertemente protegida. Según su relato, la operación terminó con la detención de Maduro, a quien calificó de dictador y criminal. Reuters reportó que el mandatario usó su intervención ante la ONU para defender la operación estadounidense que apartó a Maduro del poder.

Trump sostuvo además que las acciones en Venezuela prueban que Estados Unidos no permitirá que amenazas contra América ganen terreno en el hemisferio occidental. Es una afirmación de alcance estratégico, no solo venezolano: sitúa el caso dentro de una doctrina de presión regional y anticipa que Washington pretende usar lo ocurrido como referencia en sus relaciones con otras estructuras armadas, redes criminales o gobiernos autoritarios.

La operación y su relato público alteraron la propaganda construida durante décadas por el chavismo alrededor del antiamericanismo. La cúpula que durante años usó a Estados Unidos como explicación de cada crisis terminó escuchando, desde la propia ONU, que Washington presenta su avance en Venezuela como una victoria propia y como un precedente de actuación regional.

La humillación política no está en la presencia de una delegación ante la ONU, sino en el contraste entre aquella retórica de confrontación y la necesidad actual de negociar con Washington. El régimen venezolano puede conservar mecanismos de control interno, pero su margen para vender una soberanía intacta queda cuestionado cuando el interlocutor extranjero exhibe públicamente los términos de la relación.

Los 65.000 millones de barriles en el centro del discurso

Trump aseguró que el mes pasado fue firmado “el mayor acuerdo petrolero de la historia”, referido a 65.000 millones de barriles de reservas venezolanas. También dijo que el pacto beneficiaría a Venezuela y a Estados Unidos y ayudaría a reducir el precio de la energía en el mundo. La cifra fue el dato económico más llamativo de una intervención cargada de mensajes militares y políticos.

Reuters informó en agosto que Trump había anunciado un acuerdo para que Estados Unidos tomara control parcial de reservas venezolanas, aunque entonces el alcance operativo del entendimiento generó dudas entre grandes productores. En su discurso ante la ONU, el mandatario volvió a presentar esos 65.000 millones de barriles como una conquista y los conectó con la producción estadounidense para elevar el peso global del acuerdo.

Una reserva no equivale a producción inmediata ni a una rebaja automática de los combustibles. Llevar petróleo al mercado exige inversiones, infraestructura, condiciones técnicas y reglas conocidas. Por eso, la promesa de abaratar la energía es, por ahora, un objetivo anunciado por Trump y no un efecto demostrado por el discurso pronunciado en Nueva York.

La disputa por el crudo también devuelve la discusión a su dimensión venezolana. Los recursos del país no pueden convertirse en una moneda de legitimación para una cúpula que no ha sido elegida libremente. Cualquier arreglo de largo alcance necesitará transparencia pública, controles independientes y una futura revisión por instituciones reconstruidas en una Venezuela libre.

Delcy Rodríguez y una interlocución que no representa al país

Delcy Rodríguez escuchó la intervención como parte de la delegación del régimen venezolano. Su presencia fue relevante porque Trump no habló de una transición respaldada por el voto ni de representantes escogidos por los ciudadanos, sino de “líderes” con los que asegura estar trabajando. Esa diferencia define el alcance político de la frase.

Rodríguez ha sido una figura central del aparato chavista y de la continuidad de sus estructuras de poder. Nombrar a esa cúpula como interlocutora no transforma su origen ni borra el cierre de las vías democráticas que ha denunciado la oposición venezolana. El país sigue necesitando una representación que nazca del sufragio, no de arreglos entre quienes controlan el poder y actores extranjeros.

La relación con Washington puede tener consecuencias concretas en petróleo, sanciones, seguridad y presos políticos. Pero una negociación útil para la población no puede confundirse con una certificación política de quienes administran de facto el aparato estatal. Venezuela no recupera su voz porque una potencia los llame líderes; la recupera cuando sus ciudadanos puedan elegir y cambiar a quienes los gobiernan.

Ese es el límite que la diplomacia no debería diluir. Un acuerdo puede abrir canales, contener una crisis o modificar intereses económicos, pero no sustituye elecciones libres, observación independiente, respeto a los derechos políticos y garantías para que la ciudadanía decida sin coerción. La legitimidad no se firma en un pacto petrolero ni se obtiene por una frase pronunciada en la ONU.

Las liberaciones deben poner a las víctimas en primer plano

Trump afirmó que, desde la detención de Maduro, cientos de venezolanos secuestrados por razones políticas han sido liberados de los centros de cautiverio del régimen. La declaración coloca un dato humano en el centro de su balance: cada liberación supone tiempo devuelto a una persona y a una familia marcada por la persecución, la incertidumbre y la separación.

Las víctimas de secuestro político no son una cifra útil para celebrar una operación ni piezas de intercambio. Sus nombres, el tiempo arrebatado y las condiciones en las que estuvieron privadas de libertad deben permanecer en la memoria pública. Las familias y las organizaciones que han sostenido esas denuncias han convertido testimonios, documentos y cronologías en un archivo indispensable frente a cualquier intento de borrar la responsabilidad de quienes ejercieron la custodia de facto.

La salida de cientos de personas, tal como la presentó Trump, no cierra la deuda con quienes siguen retenidos ni con quienes padecieron tortura, incomunicación o exilio forzado, cuando esos hechos han sido denunciados y documentados. La libertad debe ser plena, sin silencios impuestos ni condicionamientos que conviertan el reencuentro de una familia en propaganda de otro poder.

El discurso de Nueva York dejó una certeza política: Washington exhibe su capacidad de pactar con la cúpula que controla Venezuela, pero esa cúpula no puede recibir del extranjero el mandato que solo pertenece a los venezolanos. La evidencia ciudadana, los testimonios de las víctimas y la memoria pública deben preservarse desde ahora para que, en una Venezuela libre, una justicia independiente establezca responsabilidades y repare el daño.