Una ciudad frenada por el miedo

Comerciantes, transportadores y vecinos de Santa Marta enfrentaron el martes 22 de septiembre una jornada marcada por ataques armados, vehículos incendiados y amenazas que buscaban paralizar la actividad de la ciudad caribeña. El despliegue de Ejército y Policía fue ordenado después de que distintas zonas amanecieran con establecimientos cerrados y menor circulación, en medio de versiones sobre un paro armado atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como ACSN.

Los videos difundidos durante la jornada muestran a hombres armados movilizándose en motocicletas y disparando contra negocios que permanecían abiertos. También registran camiones incendiados que bloquearon algunos corredores viales. Esas imágenes circularon mientras comerciantes y transportadores recibían amenazas, según los reportes publicados por medios que siguieron la escalada. La secuencia expuso la capacidad de intimidación que un grupo armado puede ejercer cuando convierte el trabajo cotidiano y la movilidad en blanco de presión.

En Colombia, la expresión paro armado describe restricciones impuestas mediante la fuerza sobre el comercio y el desplazamiento de la población. No se trata de una protesta ni de una convocatoria civil: es un mecanismo de control territorial que instala miedo y castiga a quien intenta mantener abierto un negocio o trasladarse por carretera. En Santa Marta, la amenaza tuvo una consecuencia visible: calles con poca actividad, comercios cerrados y rutas afectadas por vehículos incendiados.

La orden de militarizar la ciudad

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció la militarización de Santa Marta durante la tarde del martes. En su declaración sostuvo que ningún grupo criminal impondrá sus condiciones a la población trabajadora y señaló que las amenazas buscaban extender la violencia por la región Caribe. La decisión colocó a una de las principales ciudades turísticas de Colombia en el centro de una respuesta de seguridad frente a una ofensiva que golpeó directamente a quienes dependen de abrir sus negocios, transportar mercancías o circular para trabajar.

Según el reporte de LA17, unidades antiextorsión y fuerzas especiales de la Policía reforzaron su presencia en zonas comerciales de Santa Marta. El mismo medio informó que tropas del Ejército fueron desplegadas a lo largo de la carretera que conecta la ciudad con el departamento de La Guajira, territorio fronterizo con Venezuela. El alcance del operativo muestra que la reacción no se limitó al casco urbano: incluyó los accesos que pueden ser utilizados para bloquear la movilidad o ampliar la presión sobre la población.

La militarización responde a hechos que ya habían alterado la vida de la ciudad y no equivale, por sí sola, a que el riesgo haya desaparecido. Su prueba inmediata será la protección efectiva de los sectores atacados, la recuperación segura de la actividad comercial y la posibilidad de que los transportadores se desplacen sin quedar expuestos a amenazas. La presencia de las fuerzas de seguridad tendrá que traducirse en condiciones concretas para que la ciudad no sea sometida por el miedo.

El operativo contra las ACSN y los balances publicados

La escalada ocurrió después de un operativo de la fuerza pública contra las ACSN. De la Espriella afirmó que en esa acción fue abatido un coordinador de la organización junto con doce de sus colaboradores. DW, Yahoo y Diario Las Américas recogieron ese balance y situaron la reacción armada como una respuesta al golpe contra el grupo que opera en Santa Marta y sus alrededores.

Las versiones publicadas sobre ese procedimiento presentan cifras distintas. El Litoral informó, citando el reporte de las autoridades colombianas, que el operativo en Quebrada del Sol dejó siete integrantes de las ACSN muertos y tres capturados. Ese medio identificó entre los fallecidos a José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, señalado por las autoridades como segundo cabecilla y responsable financiero de la estructura. Ambas versiones coinciden en que la operación fue el antecedente inmediato de los ataques; la diferencia en el balance exige que las cifras sean tratadas según cada fuente y no como un dato único cerrado.

Las ACSN son descritas por DW y otros medios como una organización de origen paramilitar que se financia mediante el control de rutas del narcotráfico y la extorsión en la región Caribe. Su presencia se extiende, de acuerdo con esos reportes, desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta La Guajira. Esa dimensión regional explica por qué los bloqueos y la quema de vehículos no pueden leerse como incidentes aislados: afectan una ciudad conectada con corredores esenciales para el comercio, el turismo y la movilidad hacia la frontera.

Comerciantes y transportadores, bajo la amenaza

La ofensiva puso a los comerciantes entre dos presiones: abrir y exponerse a un ataque, o cerrar y asumir las pérdidas de una jornada sin ventas. Los reportes sobre disparos contra negocios abiertos muestran que la intimidación estuvo dirigida a imponer obediencia mediante el terror. Para una ciudad cuya actividad diaria depende de pequeños establecimientos, restaurantes, transporte y servicios, el impacto no se mide solamente en daños materiales: afecta el sustento de familias enteras.

Los transportadores también quedaron en la primera línea de la amenaza. Los vehículos incendiados y los bloqueos afectan el movimiento de trabajadores, visitantes, alimentos y mercancías. Santa Marta es una ciudad portuaria y turística del Caribe colombiano; detener sus vías de entrada y salida aumenta el costo de la violencia sobre personas que no participan de la confrontación armada. Cada recorrido cancelado y cada negocio obligado a bajar la santamaría expresa el intento de una estructura criminal por definir la rutina de la población.

La respuesta ciudadana también quedó reflejada en la decisión de muchos establecimientos de no abrir ante los rumores y las amenazas. Ese comportamiento no debe interpretarse como respaldo al grupo armado, sino como una reacción de autoprotección frente a un contexto de riesgo. La prioridad es que quienes trabajan y viven en Santa Marta puedan retomar sus actividades sin ser convertidos en mensajeros involuntarios de una demostración de fuerza criminal.

Una señal contra el control armado

La militarización de Santa Marta es una señal de que el ataque contra comercios, carreteras y población civil no será tratado como un episodio menor. La ciudad fue puesta bajo presión después de una operación contra las ACSN, y el grupo respondió con acciones que buscaron afectar la vida colectiva. El desafío no termina con anunciar tropas: exige sostener la protección en los puntos comerciales, las vías y los sectores donde las amenazas tuvieron efecto.

La evolución de la jornada deberá medirse por hechos visibles: negocios que puedan abrir sin coacción, rutas transitables, transportadores protegidos y reducción de los ataques atribuidos a la estructura armada. También será decisivo que las actuaciones posteriores mantengan el foco en quienes ejecutan las amenazas y no descarguen sobre la población el costo de recuperar el control. Los comerciantes y vecinos no pueden quedar atrapados entre el miedo impuesto por las ACSN y las consecuencias de una crisis de seguridad que no provocaron.

Santa Marta no se arrodilló ante la intención de paralizarla, pero la ciudad necesita que esa resistencia no recaiga únicamente sobre quien abre una tienda o toma una carretera para trabajar. Los ataques y bloqueos difundidos el martes dejaron claro que la violencia buscó disciplinar a la población. La respuesta ahora debe impedir que el terror vuelva a dictar cuándo se trabaja, cuándo se circula y cuándo una ciudad entera puede vivir con normalidad.