César Vega llega donde los disparos todavía imponen miedo

César Vega se moviliza en ambulancia y motocicleta para atender emergencias en Culiacán, una ciudad de Sinaloa marcada por la violencia entre cárteles. Como director del grupo de paramédicos voluntarios Gerum, puede ser de los primeros en llegar tanto a un accidente vial como a una escena con personas heridas por disparos. Su trabajo sitúa la atención prehospitalaria en medio de una amenaza que no termina cuando cesa el ruido de las balas.

En el reportaje de Noticias Telemundo, Vega resume la incertidumbre de quienes salen a auxiliar con una frase contundente: «Culiacán se volvió un pueblo sin ley». La afirmación recoge el temor con el que el equipo atiende llamados de urgencia en una ciudad donde, según el testimonio presentado, la guerra entre grupos criminales ha dejado de ser una amenaza lejana y atraviesa las calles, los traslados y la vida de familias enteras.

Las imágenes muestran a Vega ante una emergencia con dos hombres que presentan varias heridas de bala. El reportaje señala que, ante el temor de que los agresores regresen, también acuden militares a escenas de este tipo. Para los paramédicos, el desafío no es únicamente llegar a tiempo: deben brindar el primer auxilio mientras calculan si el lugar sigue expuesto a un nuevo ataque. Esa tensión convierte cada salida en una decisión de riesgo.

Gerum sostiene la atención con donaciones y protocolos de riesgo

Gerum funciona con paramédicos voluntarios y se financia mediante donaciones, de acuerdo con el reporte. Esa condición expone una contradicción especialmente dura: una labor esencial para salvar vidas depende de aportes comunitarios mientras sus integrantes enfrentan emergencias cada vez más violentas. El grupo no aparece como un servicio abstracto, sino como personas que se preparan para llegar antes que la muerte en circunstancias que han transformado su equipamiento y su rutina.

Los chalecos antibalas forman parte de esa transformación. Vega muestra una de esas piezas de protección y explica que cubre órganos vitales; el reportaje indica que cada chaleco pesa más de 10 libras. El peso no es un detalle menor cuando un paramédico debe moverse con rapidez, cargar insumos y asistir a una persona herida. Sin embargo, el equipo los utiliza porque salvar vidas en Sinaloa se ha vuelto también una actividad peligrosa para quien presta ayuda.

La respuesta de Gerum incluye entrenamientos de seguridad y cambios en sus botiquines para atender necesidades específicas, entre ellas la escucha del ritmo cardíaco de un bebé. El grupo también se apoya en policías y militares para salir a trabajar cuando el contexto lo exige. Son ajustes que describen una ciudad donde la emergencia médica y la amenaza armada han quedado entrelazadas, con voluntarios obligados a ampliar su preparación para no abandonar a quienes piden auxilio.

Una ambulancia no debería entrar a una escena como si fuera un objetivo

La presencia de protección balística altera el sentido mismo de una ambulancia. Su función es abrir una posibilidad de supervivencia para una persona lesionada; no debería ser la de atravesar un entorno en el que los socorristas temen quedar atrapados en la misma violencia que atienden. En Culiacán, la secuencia descrita por Gerum obliga a pensar cada traslado bajo la sombra de posibles nuevos disparos y de agresores que podrían volver.

La rapidez sigue siendo decisiva. Vega señala que el primer auxilio puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para quienes resultan heridos. Pero esa premisa adquiere una dimensión más grave cuando los equipos deben esperar apoyo, evaluar el peligro y protegerse antes de acercarse. El tiempo que debería concentrarse por completo en estabilizar a una víctima queda condicionado por la inseguridad, y esa pérdida afecta a quien espera atención en el suelo o dentro de un vehículo.

El riesgo tampoco se limita a las balaceras. Los paramédicos atienden accidentes de tránsito y otras urgencias en una ciudad sometida a una tensión prolongada. La violencia modifica la circulación, las decisiones cotidianas y la capacidad de respuesta de quienes cuidan a otros. Cuando un equipo médico necesita chaleco antibalas para desempeñar su trabajo, la inseguridad deja de ser una estadística y se vuelve un obstáculo directo entre una persona herida y el auxilio que necesita.

Niños y familias también cargan con el costo de la violencia

Vega afirma que el grupo ha presenciado hechos cada vez más graves, con víctimas de distintas edades. El reportaje incorpora el caso de un bebé de un año y cuatro meses que murió durante un fuego cruzado en las calles de Culiacán. La muerte de un niño en esas circunstancias expone la devastación que produce una confrontación armada cuando alcanza espacios donde deberían existir resguardo, movilidad segura y una vida familiar sin amenazas.

También recoge el testimonio de Berenice López, madre de un adolescente de 15 años que, según el relato presentado, recibió disparos cuando salió a comprar leche para sus gatos. Su hijo no aparece como una cifra ni como una consecuencia impersonal: era un joven que había salido a realizar una tarea cotidiana. La familia reclama paz después de esa pérdida, una exigencia que cobra fuerza frente a la sucesión de víctimas colaterales descrita en el reportaje.

Los sinaloenses han salido a exigir justicia por hechos que consideran indignantes, entre ellos las muertes de menores y de personas ajenas a las confrontaciones criminales. Esa movilización muestra que el dolor no queda encerrado en cada familia. Cuando la violencia alcanza a bebés, adolescentes, personas embarazadas, adultos mayores y transeúntes, rompe la falsa idea de que el peligro se limita a quienes participan directamente en actividades delictivas.

El costo de una ciudad bajo amenaza trasciende sus calles

El reportaje alude a datos oficiales según los cuales más de 3.000 personas han muerto en Sinaloa en medio de la violencia que afecta al estado. Detrás de esa cifra hay vidas interrumpidas y servicios de emergencia sometidos a una presión extrema. El trabajo de Gerum permite observar una parte concreta de ese impacto: el personal que llega después de un ataque debe llevar equipo de protección, prepararse para escenarios hostiles y seguir atendiendo a una población que no puede suspender sus necesidades básicas.

El caso de Culiacán importa más allá de Sinaloa porque muestra un costo regional de la violencia criminal que suele quedar fuera de los balances: la erosión de quienes sostienen la respuesta más inmediata ante el daño. Una ambulancia, un botiquín y el conocimiento de primeros auxilios pierden parte de su capacidad cuando el entorno obliga a sus operadores a temer por su propia vida. La protección de los equipos de salud y rescate es inseparable de la seguridad de las comunidades a las que sirven.

La labor de César Vega y de los voluntarios de Gerum mantiene visible ese costo humano. Su presencia en accidentes, tiroteos y emergencias no resuelve la violencia que obliga a intervenir, pero sí evita que las víctimas queden solas en sus minutos más críticos. Culiacán necesita que cada vida amenazada pueda recibir auxilio sin que los paramédicos deban arriesgar la suya para cumplir una tarea que debería estar protegida por la paz.