Cuarenta y nueve personas privadas de libertad murieron en Venezuela entre abril y julio mientras permanecían bajo custodia de facto del aparato que controla las cárceles. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) atribuyó los fallecimientos a enfermedades que, según su informe, eran tratables y curables. El balance identifica a 48 hombres y una mujer y convierte la falta de atención médica en una alarma inmediata sobre la vida de quienes siguen encerrados.

La denuncia apareció al mismo tiempo que Foro Penal actualizó su registro a 382 presos políticos, cuatro más que en el reporte anterior. La organización contabiliza 356 hombres y 26 mujeres; 222 civiles y 160 militares. También señala que 158 personas tienen condena y 224 permanecen sin condena, una distribución que retrata la magnitud de la persecución y la prolongación del encierro.

El informe del OVP registra 49 vidas perdidas en cuatro meses

El documento del OVP concentra su recuento entre abril y julio. La cifra no describe únicamente una crisis sanitaria general: registra personas que enfermaron y murieron dentro de recintos controlados por quienes ejercen la custodia de facto. Cuando una dolencia tratable termina en muerte durante el encierro, quedan comprometidos el acceso oportuno a diagnóstico, medicamentos, traslado médico, alimentación adecuada y seguimiento clínico.

La organización califica esas enfermedades como perfectamente tratables y curables. Esa afirmación debe leerse con el alcance preciso de una denuncia documentada por el observatorio, no como una sentencia judicial. Su gravedad reside en que las personas detenidas dependen por completo de sus custodios para recibir asistencia, salir a una consulta o acceder a tratamientos que fuera de prisión podrían impedir un desenlace fatal.

Los 49 casos necesitan permanecer identificados en la memoria pública con sus fechas, centros de reclusión, síntomas reportados, solicitudes de atención y respuestas recibidas. Los documentos médicos, testimonios familiares, fotografías, comunicaciones y constancias de traslado pueden ordenar una cronología que impida borrar cada historia detrás del total. Preservar ese expediente es una forma concreta de proteger a quienes hoy continúan expuestos.

Foro Penal eleva a 382 el número de presos políticos

El nuevo balance de Foro Penal registra cuatro presos políticos más que su medición anterior. Del total de 382, el 93 % son hombres y el 7 % mujeres, de acuerdo con las cifras entregadas. La organización sostiene que estas personas fueron encarceladas por cuestionar a la estructura que controla el poder o por pensar diferente, una denuncia que debe ser atribuida directamente a la fuente y examinada caso por caso.

La separación entre 222 civiles y 160 militares muestra que la persecución denunciada atraviesa distintos sectores. A su vez, 224 personas —casi seis de cada diez— permanecen sin condena. Ese dato no puede interpretarse como si los procesos ocurrieran dentro de un sistema de justicia independiente: las fuentes de derechos humanos han documentado detenciones arbitrarias, incomunicación, restricciones a la defensa y uso de estructuras judiciales cooptadas.

La cifra es una fotografía del momento del reporte y puede variar con nuevas detenciones, excarcelaciones o casos verificados. Cada actualización debe conservar la lista anterior, la fecha de corte y el cambio exacto. Así se evita que una excarcelación parcial o un anuncio del aparato chavista esconda nuevos arrestos, medidas restrictivas o personas que siguen privadas de libertad.

La salud se convierte en una urgencia para cada detenido

Las muertes denunciadas por el OVP obligan a mirar los 382 casos con una pregunta vital: quién necesita atención médica hoy. Familias y defensores requieren acceso independiente a cada detenido, comunicación regular, defensa de confianza y evaluaciones clínicas realizadas sin interferencia de los custodios. Las recetas, diagnósticos y solicitudes de traslado deben quedar duplicados y protegidos fuera de los centros de reclusión.

En 2024, relatores de Naciones Unidas transmitieron alegaciones sobre una falta sistémica de acceso adecuado a alimentos, agua, saneamiento y tratamiento médico en centros de detención venezolanos. La comunicación oficial de expertos de la ONU también recogió riesgos particulares para mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad. Ese antecedente internacional refuerza la urgencia de registrar síntomas y solicitudes antes de que otra enfermedad tratable termine en muerte.

La vida de una persona presa no puede depender del silencio, de una llamada ocasional o de la capacidad económica de su familia para conseguir medicinas. Quienes ejercen la custodia de facto son responsables directos de su integridad. Exigimos la liberación de los presos políticos y, mientras continúe el encierro, acceso médico y humanitario verdaderamente independiente, contacto familiar y asistencia jurídica elegida por cada detenido.

La represión no terminó con anuncios ni excarcelaciones parciales

El aumento de cuatro casos desmiente cualquier relato de normalización automática. Las liberaciones son indispensables, pero un balance que vuelve a crecer demuestra que la puerta de entrada a la prisión política sigue funcionando. Una persona excarcelada tampoco recupera plenamente su libertad cuando queda sometida a restricciones arbitrarias, amenazas o controles que prolongan la persecución fuera de la celda.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha documentado detenciones arbitrarias, torturas, graves condiciones de reclusión, incomunicación y obstáculos para acceder a abogados de confianza. La misión internacional independiente de la ONU también describió patrones de graves violaciones de derechos humanos y una represión especialmente intensa después de la elección presidencial de 2024.

Estos antecedentes impiden presentar las detenciones como una disputa política ordinaria o confiar la solución a tribunales, fiscalías y cuerpos armados controlados por el mismo aparato denunciado. La ONU, la CIDH, Estados Unidos y otros actores con capacidad real de presión deben mantener la liberación, el acceso independiente y la protección de las familias en el centro de sus actuaciones, sin vender ninguna gestión diplomática como garantía de resultado.

Preservar nombres y pruebas para una Venezuela libre

Cada una de las 49 muertes exige nombre, historia y cronología pública. Cada uno de los 382 presos políticos requiere seguimiento individual, prueba de vida, registro de salud y contacto con su familia y defensa. La solidaridad efectiva consiste en difundir información verificada, proteger a quienes entregan testimonios y conservar copias seguras de documentos que pueden desaparecer o ser alterados.

Las familias, organizaciones civiles, periodistas y defensores sostienen hoy el archivo que las instituciones sometidas no garantizan. Fotografías, videos, informes médicos, boletas, listas y testimonios deben publicarse con cuidado, sin exponer domicilios ni datos que aumenten el riesgo de las víctimas. La cronología compartida permite detectar traslados, incomunicaciones, deterioros de salud y contradicciones en las versiones difundidas por los custodios.

La cifra de 49 muertos por enfermedades denunciadas como curables no puede quedar reducida a una estadística, ni los 382 presos políticos a una negociación sin rostros. Sus nombres, padecimientos, solicitudes de auxilio y condiciones de encierro deben permanecer visibles hasta alcanzar libertad y reparación. Esa memoria preservada será parte del expediente para una investigación independiente y una rendición de cuentas real en una futura Venezuela libre.