Daniel Ortega no anunció una reforma electoral ni abrió un debate político: confesó que pretende impedir que los nicaragüenses vuelvan a decidir quién los gobierna. Después de regresar al poder en 2007 y someter las instituciones del país durante casi veinte años, el dictador cerró la última puerta que todavía intentaba presentar como democrática. Su mensaje es inequívoco: mientras él y Rosario Murillo controlen el Estado, ninguna mayoría ciudadana podrá desalojarlos mediante el voto.

En Jonatan Palacios News lo decimos sin eufemismos: cancelar las elecciones para evitar que la oposición llegue al gobierno es secuestrar el poder. No existe soberanía popular cuando una pareja gobernante decide que las urnas solo sirven si garantizan su permanencia. Tampoco existe revolución cuando el resultado es persecución, censura, presos políticos, exilio y la eliminación deliberada de toda alternancia.

No es revolución: es una dictadura que se niega a soltar el poder

Ortega hizo el anuncio durante un acto con el que su aparato conmemora la llamada revolución sandinista. Pero ninguna consigna histórica puede esconder el presente: el proyecto que alguna vez prometió liberar a Nicaragua terminó convertido en una estructura familiar que concentra el poder, castiga la disidencia y ahora pretende borrar las elecciones.

La deriva no comenzó con esta declaración. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó desde 2018 graves violaciones cometidas en el contexto de la represión estatal: uso arbitrario de la fuerza, detenciones ilegales, posibles ejecuciones extrajudiciales, torturas, censura y persecución. La CIDH registró posteriormente 355 muertes vinculadas a la crisis de derechos humanos entre abril de 2018 y junio de 2019. Detrás de cada cifra hay una víctima, una familia y un país obligado a vivir bajo miedo.

Consultar el informe de la CIDH sobre las graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua.

Oppenheimer acierta en la denuncia central: el silencio exterior protege al régimen

Andrés Oppenheimer señaló en Imagen Radio que la reacción internacional no corresponde a la gravedad del hecho. Esa denuncia es válida, pero el problema no puede quedarse en el comentario de un periodista: cada gobierno democrático debe decidir si defenderá el derecho de los nicaragüenses a elegir o si continuará administrando comunicados mientras Ortega destruye las urnas.

Estados Unidos condenó las palabras del dictador, pero una declaración sin medidas verificables no modifica la conducta del régimen. México enfrenta una contradicción todavía más grave cuando su representación diplomática expresa cercanía y admiración hacia un gobierno que persigue opositores y cancela la competencia política. Brasil, aun bajo un gobierno de izquierda, exigió elecciones libres, periódicas y transparentes. La defensa del voto no debería depender de afinidades ideológicas.

La Unión Europea también condenó la represión sistemática, exigió la liberación de los presos políticos y reclamó elecciones transparentes, inclusivas y creíbles. Ese pronunciamiento reconoce el problema, pero Nicaragua necesita algo más que vigilancia diplomática: requiere presión coordinada, consecuencias para los responsables y protección efectiva para quienes siguen resistiendo dentro y fuera del país.

Leer la declaración de la Unión Europea sobre Nicaragua.

La comunidad internacional debe pasar de la condena a las consecuencias

La respuesta democrática debe tener objetivos concretos: liberar a todos los presos políticos, restituir las libertades públicas, permitir el retorno de los organismos internacionales de derechos humanos, proteger a periodistas y opositores, y establecer condiciones reales para elecciones libres con observación independiente.

También debe haber responsabilidades individuales. Las sanciones y restricciones deben dirigirse contra quienes ordenan, ejecutan o financian la represión, evitando que el costo recaiga sobre la población. Los gobiernos que mantienen relaciones con Managua deben abandonar la ambigüedad y exigir plazos, acceso internacional y resultados comprobables.

Las urnas no pertenecen a Ortega ni a Murillo. Pertenecen al pueblo de Nicaragua. Clausurarlas no convierte a la dictadura en invencible; confirma que le teme a la voluntad ciudadana. Guardar silencio ante ese cierre equivale a concederle tiempo al régimen para terminar de destruir lo que queda de libertad política.

La pregunta ya no es cómo interpretar las palabras de Ortega. La pregunta es qué gobiernos están dispuestos a actuar para que los nicaragüenses recuperen el derecho que el dictador pretende arrebatarles: elegir, organizarse, disentir y cambiar pacíficamente a quienes gobiernan.