Lo digo sin rodeos: ayuda para las víctimas, sí; dinero bajo el control discrecional del aparato de Delcy Rodríguez, no. Una tragedia no puede convertirse en la nueva caja de quienes administraron a Venezuela entre opacidad, saqueo y destrucción institucional. Los damnificados necesitan medicinas, alimentos, refugios, hospitales, rescatistas y reconstrucción. No necesitan intermediarios políticos cobrando, decidiendo y ocultando qué pasó con cada dólar.

La Licencia General 60 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos —OFAC— abrió una vía temporal para operaciones relacionadas con el alivio tras los terremotos. La autorización puede facilitar pagos y transferencias indispensables, pero contiene un punto que exige vigilancia extrema: también permite impuestos, peajes y tasas al aparato que controla el poder cuando estén conectados con las labores de emergencia. La propia respuesta oficial de OFAC sobre la licencia confirma esa amplitud.

Por eso rechazo cualquier intento de presentar esta apertura como un cheque en blanco o como una rehabilitación moral de quienes controlan las instituciones. La licencia no borra el historial de corrupción, no convierte al aparato chavista en administrador confiable y no autoriza que la tragedia sea utilizada para recuperar liquidez política. La discusión no es si Venezuela merece ayuda. La merece con urgencia. La discusión es quién toca el dinero, quién compra, quién distribuye, quién audita y quién responde cuando falta una caja, un medicamento o una transferencia.

Más de 70.000 millones en expedientes de corrupción: esta desconfianza tiene pruebas

La indignación no nace de un prejuicio. Nace de expedientes. Transparencia Venezuela informó en 2026 que la suma de los montos involucrados en casos de corrupción venezolana investigados por sistemas de justicia de distintos países supera los 70.000 millones de dólares. No presento esa cifra como una sentencia única ni como el cálculo definitivo de todo lo robado: es la agregación de montos asociados con causas judiciales internacionales y, según la organización, todavía deja fuera casos, bienes y operaciones que permanecen ocultos o bajo investigación.

La dimensión material del saqueo también aparece en el inventario de activos. En su informe El mapa de los decomisos, Transparencia Venezuela identificó 719 bienes en 21 países, valorados en aproximadamente 3.993 millones de dólares. Son inmuebles, cuentas, aeronaves, embarcaciones, vehículos, obras de arte y objetos de lujo vinculados con redes que habrían extraído ilícitamente recursos venezolanos. Ese monto no equivale al total del desfalco: es apenas la parte convertida en bienes que pudo ser localizada y valorada con información disponible.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha documentado piezas concretas de esa maquinaria. En octubre de 2024 anunció una acusación por una trama de 1.200 millones de dólares obtenidos de PDVSA y sometidos a operaciones de lavado, mediante sobornos, empresas de papel, cuentas en el extranjero y compras de propiedades, yates y otros bienes. Como exige la ley, una acusación no es una condena; pero tampoco puede ser borrada del debate sobre el riesgo de entregar nuevos flujos de dinero sin controles independientes.

Estas cantidades no deben sumarse mecánicamente porque pueden existir coincidencias entre expedientes, esquemas y activos decomisados. La conclusión responsable es otra: existe una base documental suficiente para afirmar que la corrupción venezolana investigada internacionalmente se cuenta en decenas de miles de millones de dólares. Ante ese historial, quien pida confianza ciega no está defendiendo la ayuda humanitaria; está pidiendo que olvidemos cómo se vació el país.

El dinero robado no es una cifra: son hospitales, viviendas y equipos que nunca llegaron

Setenta mil millones de dólares parecen una cifra abstracta hasta que se mira el desastre. Ese dinero representa hospitales sin insumos, ambulancias que nunca se compraron, viviendas que no se terminaron, sistemas eléctricos sin mantenimiento, escuelas deterioradas y equipos de rescate que faltan exactamente cuando la tierra tiembla y una familia queda atrapada. Cada dólar desviado tuvo una víctima, aunque su nombre no aparezca en un expediente bancario.

Venezuela obtuvo apenas 10 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 y quedó entre los tres países peor evaluados del mundo. Transparencia Internacional relacionó la corrupción generalizada y las actividades ilícitas con pobreza, desnutrición y el deterioro de servicios como agua y electricidad. No hablamos de un defecto administrativo. Hablamos de una estructura que convirtió recursos públicos en privilegios privados mientras millones de venezolanos sobrevivían sin lo básico.

Por eso el rechazo no es contra los fondos de emergencia. Es contra el mismo mecanismo que durante años concentró el dinero, ocultó las cuentas y castigó a quien preguntaba. Es contra la posibilidad de que una familia reciba una bolsa mientras un operador se queda con el contrato; de que se anuncie una reconstrucción y la obra jamás termine; de que la emergencia sirva para comprar lealtades, premiar aliados o justificar nuevas zonas de opacidad.

Delcy Rodríguez no puede administrar la tragedia como si no existiera un historial

Delcy Rodríguez forma parte de la cúpula que administró el país durante años junto a Nicolás Maduro. No puede presentarse ahora como una gestora neutral separada de la estructura política, económica y represiva que llevó a Venezuela a esta situación. La ayuda internacional no debe depender de su palabra, de balances elaborados por funcionarios subordinados ni de ruedas de prensa sin facturas, listas de beneficiarios y auditorías externas.

No necesito convertir una acusación política en una condena inventada para sostener esta posición. Basta el historial verificable de opacidad, los expedientes internacionales, los activos identificados y el colapso de los servicios. Basta recordar que el dinero público venezolano apareció transformado en mansiones, aviones, yates y cuentas en el extranjero mientras la población padecía apagones, falta de agua y hospitales desmantelados.

Si la estructura que encabeza Delcy quiere cobrar impuestos, peajes o tasas vinculadas con la ayuda, debe existir una cuenta separada, pública y auditable. Cada ingreso y cada pago deben publicarse con fecha, concepto, proveedor, beneficiario final y comprobante. Ningún familiar, testaferro, funcionario sancionado, contratista opaco o empresa de reciente creación debe tocar esos recursos. No después de todo lo que ya desapareció.

La ayuda debe llegar sin pasar por la caja política del chavismo

Propongo un mecanismo sencillo y verificable: compras directas de organismos internacionales y organizaciones humanitarias independientes; entrega identificada a hospitales y comunidades; proveedores sometidos a controles de beneficiario final; inventarios públicos; seguimiento desde el origen hasta el destinatario; auditoría externa en tiempo real; y publicación de cualquier impuesto, peaje o tasa pagada durante la operación.

También debe existir un canal seguro para que trabajadores humanitarios, médicos, rescatistas y comunidades denuncien desvíos sin exponerse a represalias. La trazabilidad no puede terminar en el puerto, en el aeropuerto o en una cuenta bancaria. Debe continuar hasta la cama del hospital, el refugio temporal y la familia damnificada. Si una caja cambia de destino, si un proveedor infla un precio o si un funcionario exige una comisión, el sistema debe detectarlo y hacerlo público.

Estados Unidos tiene una responsabilidad especial porque emitió la licencia. No basta con autorizar y mirar hacia otro lado. OFAC debe exigir reportes, conservar registros y cerrar inmediatamente cualquier ruta utilizada para enriquecer a operadores del aparato. Las organizaciones que ejecuten la ayuda deben poder demostrar que los recursos llegaron a las víctimas. La urgencia no elimina los controles; los vuelve más importantes.

Ayuda sí; impunidad financiera nunca más

Yo no voy a aceptar que utilicen el dolor de los venezolanos para lavar la imagen de quienes controlan el poder. Tampoco aceptaré la falsa elección entre abandonar a las víctimas o entregar dinero sin vigilancia. Existen mecanismos para ayudar directamente, comprar de manera transparente y rendir cuentas. Lo que falta no es capacidad técnica: es voluntad de impedir que los mismos de siempre conviertan otra emergencia en negocio.

El mensaje debe ser inequívoco: ni un dólar para propaganda, patronazgo, comisiones, empresas de papel o redes de poder. Todo para las víctimas, los hospitales, los rescatistas y la reconstrucción comprobable. Quien administre un recurso humanitario debe publicar cómo lo recibió y dónde lo entregó. Quien se niegue a hacerlo debe quedar fuera del mecanismo.

Más de 70.000 millones de dólares en expedientes de corrupción son una advertencia histórica. Casi 4.000 millones localizados en bienes alrededor del mundo son la huella visible de una riqueza que salió de Venezuela. No permitiré que ahora pretendan usar la tragedia para exigir silencio y confianza. La ayuda debe entrar, pero el aparato de Delcy no puede recibir libertad para manejarla. Ayuda humanitaria sí. Cheque en blanco para la estructura chavista, jamás.