La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo convirtió la defensa de presos políticos en motivo de persecución. Yonarqui Martínez había representado gratuitamente a centenares de nicaragüenses cuando el aparato estatal respondió con amenazas, vigilancia, inhabilitación profesional y destierro. Su historia muestra el método de un poder que castiga al detenido, asedia a su familia y también intenta destruir a quien se atreve a defenderlo.

Lejos de Nicaragua, Martínez enfrentó un cáncer de mama avanzado. Fue operada, recibió tratamiento y afirma que hoy está libre de cáncer, aunque continúa bajo vigilancia médica. Sobrevivió a la enfermedad después de haber tenido que sobrevivir primero a la persecución política que la arrancó de su país.

Este caso no puede reducirse a una historia personal de superación. Es una de las miles de vidas atravesadas por la represión nicaragüense: presos políticos, familiares que buscan respuestas, opositores desnacionalizados, profesionales inhabilitados y ciudadanos empujados al exilio. Detrás de cada cifra existe una casa abandonada, una carrera destruida y una familia separada por la decisión de una dictadura de conservar el poder mediante el miedo.

El castigo se extiende del preso a toda persona que intente defenderlo

El régimen no se limita a encerrar a sus adversarios. Debilita deliberadamente las redes capaces de protegerlos: abogados, periodistas, organizaciones civiles, comunidades religiosas y familiares. Al expulsar a Martínez y prohibirle ejercer, Ortega y Murillo enviaron una advertencia al resto del país: acompañar jurídicamente a una víctima también puede costar la profesión, la seguridad y la patria.

Ese mecanismo multiplica el sometimiento. Un preso sin defensa independiente queda más expuesto; una familia sin abogado pierde acceso a información y recursos; una sociedad sin prensa ni organizaciones libres tiene menos posibilidades de documentar el abuso. La persecución individual se convierte así en una herramienta para imponer silencio colectivo.

Desde 2018, el derecho fue su forma de proteger a los perseguidos

La trayectoria documentada de Martínez en la defensa de presos políticos comenzó durante la represión de 2018. Un reportaje de Confidencial publicado en 2020 reconstruyó cómo se ofreció a representar gratuitamente a los primeros detenidos y cómo esa decisión alteró su vida familiar, profesional y económica. No se limitó a observar los abusos: acompañó a personas encarceladas y a sus familiares cuando enfrentaban un aparato estatal sin contrapesos efectivos.

En septiembre de 2020, la propia abogada declaró haber defendido a más de 250 presos políticos. La cifra corresponde a su balance de aquel momento y permite comprender la magnitud de una labor que incluía defensa técnica y asesoría. Detrás de cada expediente había una persona privada de libertad, una familia buscando información y una necesidad urgente de impedir que el proceso judicial se convirtiera en otra herramienta de castigo.

Las fotografías incorporadas por Confidencial registran a Martínez junto a familiares de presos y en espacios vinculados con su labor de defensa. Esas imágenes respaldan el papel público que desempeñó; su testimonio describe amenazas de muerte, vigilancia, mudanzas continuas y separación familiar. Defender sin cobrar no la protegió de la persecución: la colocó en la línea de choque de un sistema que trataba la asistencia jurídica independiente como una amenaza.

La CIDH acreditó un riesgo grave para ella y su familia

La persecución no quedó reducida a una denuncia sin respuesta institucional. El 2 de diciembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a Yonarqui de los Ángeles Martínez García y a su núcleo familiar. La CIDH consideró que se encontraban en una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable a sus derechos.

La resolución examinó información sobre hostigamiento, amenazas y acoso relacionados con su representación de personas excarceladas e identificadas como perseguidas políticas. La Comisión pidió adoptar medidas para proteger su vida e integridad, permitirle ejercer como defensora sin amenazas y concertar las acciones con ella. Esa decisión internacional muestra que el peligro asociado a su trabajo era concreto y exigía protección estatal.

En lugar de garantías, Martínez terminó fuera del país. El exilio fue la extensión del castigo: significó abandonar su entorno, proteger a sus hijos y reconstruir la vida en un lugar cuyo nombre prefiere reservar por seguridad. La salida forzada de una defensora no resuelve la violencia que la expulsa; traslada sus consecuencias a otros países y priva a Nicaragua de una profesional necesaria para asistir a quienes siguen reclamando libertad y justicia.

La inhabilitación buscó borrar una defensa jurídica incómoda

En mayo de 2023, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua suspendió definitivamente a Martínez del ejercicio de la abogacía y el notariado. La decisión, reproducida por Artículo 66, formalizó la exclusión profesional de una mujer ya perseguida por representar a presos políticos. No fue una pérdida laboral cualquiera: eliminó una voz jurídica experimentada del espacio donde las víctimas necesitaban defensa.

El caso encaja en un deterioro institucional más amplio. La CIDH documentó en 2023 una estrategia estatal represiva orientada a cerrar el espacio cívico y consolidar la concentración del poder en el Ejecutivo. La Comisión describió criminalización, persecución selectiva, censura, detenciones arbitrarias y desarticulación de organizaciones y medios independientes.

Inhabilitar a una abogada que asumió centenares de defensas transmite una advertencia al resto del gremio: representar a perseguidos puede costar la profesión, la seguridad y el país. Ese efecto intimidatorio rebasa a Martínez. Sin abogados independientes, el debido proceso queda aún más expuesto, las familias pierden canales de acompañamiento y la prisión política opera con menos vigilancia nacional.

El exilio que quiso quebrarla también le permitió recibir tratamiento

Lejos de Nicaragua, Martínez recibió el diagnóstico de cáncer de mama avanzado. En una entrevista publicada por Confidencial el 26 de julio de 2026, relató que los primeros estudios indicaron metástasis y que posteriormente otro estudio abrió la posibilidad de operar. Después llegaron la cirugía y la quimioterapia, un proceso que describió como doloroso y que le dejó secuelas físicas.

Las imágenes difundidas con esa entrevista muestran distintos momentos de su proceso: una fotografía durante la atención hospitalaria y otra posterior al tratamiento. Martínez sostiene que el cáncer ya no está en su cuerpo, mientras continúa en remisión, bajo cuidado médico. La formulación importa: su testimonio permite informar una respuesta favorable al tratamiento, no prometer una curación definitiva.

Hay un contraste imposible de ignorar. El exilio impuesto para apartarla de la defensa de presos fue también el lugar donde accedió al tratamiento que le permitió sobrevivir. Ella ha dicho que en Nicaragua el desenlace pudo haber sido distinto. Esa valoración le pertenece, pero señala una realidad mayor: el destierro obliga a enfrentar enfermedad, idioma, incertidumbre económica y separación familiar al mismo tiempo que se intenta comenzar de nuevo.

Volver para buscar justicia, no para aceptar impunidad

Martínez todavía quiere contribuir a que las víctimas de la represión alcancen justicia. En la entrevista con Confidencial expresó su deseo de participar en ese proceso y acompañar el reconocimiento del sufrimiento padecido. La enfermedad no borró la vocación que la llevó a los tribunales; su recuperación devuelve fuerza a una demanda que el régimen intentó silenciar mediante amenazas, inhabilitación y exilio.

La consecuencia regional es clara. Los países que reciben a defensores, periodistas, médicos y otros profesionales nicaragüenses acogen talento expulsado por la represión, pero también reciben familias marcadas por pérdidas, inseguridad y desarraigo. Nicaragua, a su vez, pierde ciudadanos indispensables para documentar abusos, atender a la población, preservar memoria y levantar instituciones capaces de impedir nuevas arbitrariedades.

La dictadura no solo expulsa opositores: vacía al país de las personas que puede necesitar para reconstruirse. Las instituciones nicaragüenses deben restituir la habilitación profesional de Martínez y las garantías para toda defensa independiente; la comunidad internacional debe mantener protección y seguimiento sobre quienes están en riesgo. Y una justicia futura deberá investigar la persecución, reparar a las víctimas y asegurar que defender a un preso político nunca vuelva a convertirse en una condena al destierro.