Félix sobrevivió porque alguien decidió que su vida también importaba. El gato fue hallado con vida entre los escombros de Catia La Mar después de más de un mes, desnutrido y en delicado estado de salud, y pudo reencontrarse con su cuidadora. El registro difundido por Orlando Avendaño no es una postal sentimental para consumir y olvidar: demuestra que buscar, escuchar, alimentar y atender a un animal atrapado puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Su rescate obliga a mirar el otro lado de la emergencia. Mientras voluntarios, proteccionistas y veterinarios siguieron entrando entre ruinas para salvar perros y gatos, las demoliciones de edificios dañados fueron convertidas en un acto de propaganda. Las explosiones no podían comenzar sin una inspección exhaustiva de cada piso, apartamento, ducto, sótano y estructura vecina. Allí no había objetos abandonados. Había seres sintientes, aterrados, escondidos y dependientes de una operación de búsqueda que debía encontrarlos antes de activar cualquier detonador.

Más de 300 animales expuestos mientras avanzaban las demoliciones

La alerta existía antes de las voladuras. El 5 de julio, una denuncia pública identificada informó que más de 300 perros y gatos permanecían abandonados en el complejo habitacional Luisa Cáceres de Arismendi, en Catia La Mar, mientras avanzaban las labores de demolición. El mensaje pidió una intervención urgente para evitar que quedaran atrapados o perdieran la vida. No era una advertencia abstracta: señalaba un lugar, una población animal concreta y un peligro inmediato.

La magnitud de la crisis quedó reflejada en los balances de rescate. Un reporte audiovisual desde el refugio de Los Corales situó en más de 530 el número de perros y gatos rescatados y mostró animales en shock, deshidratados o escondidos durante días. Un balance posterior elevó la cifra a 648 animales extraídos de las ruinas en La Guaira y San Bernardino. Cada cifra representa una vida que necesitó búsqueda, traslado, hidratación, atención veterinaria, refugio y reunificación con su familia.

Los rescates tardíos destruyen cualquier excusa para dar por vacíos los edificios sin un barrido independiente. Una perrita preñada fue rescatada con vida después de 37 días bajo los escombros. Otra gata apareció viva después de 23 días. Estos casos muestran que un animal asustado puede permanecer oculto, sin responder al primer llamado y sin ser detectado en una inspección superficial.

También existe un antecedente documentado de muerte animal bajo los edificios colapsados, anterior a las demoliciones controladas. En el caso de Aurora Rodríguez, su hijo quedó atrapado junto con doce gatos y cinco perros; ella logró sacar cinco gatos con vida y recuperó uno muerto. Ese caso confirma que había animales dentro de las estructuras y que cada minuto, cada acceso y cada inspección importaban.

Cabello accionó el detonador: ahora debe aparecer el expediente animal

El video oficial de la operación muestra a Diosdado Cabello accionando el dispositivo de detonación inmediatamente antes de la explosión. El gesto fue presentado como una demostración de control. Pero una grabación del perímetro de la voladura muestra a un perro corriendo dentro de la zona de riesgo segundos antes o al comenzar la detonación. Esa escena exige respuestas concretas: dónde está el censo animal previo, quién firmó la inspección final y qué organizaciones independientes certificaron que no quedaban animales en los edificios ni en su radio de afectación.

El 3 de agosto, la cineasta y defensora animal Claudia Dacha Nazoa publicó una denuncia directa y fechada: sostuvo que la primera explosión afectó el edificio vecino y mató a numerosos gatos que se habían refugiado dentro. La publicación constituye una denuncia identificable que obliga a preservar pruebas y abrir una revisión independiente. No aporta por sí sola un inventario de cadáveres ni un peritaje veterinario; precisamente por eso el aparato que ordenó y ejecutó la voladura debe entregar esos registros, en lugar de esconder la tragedia detrás del espectáculo televisado.

Si fueron hallados animales muertos tras la detonación, cada cuerpo debe ser ubicado, fotografiado, identificado cuando sea posible y sometido a evaluación veterinaria o necropsia. Debe establecerse en qué edificio apareció, cuándo, quién lo encontró, en qué condiciones y qué inspección se realizó antes de la voladura. Sin esa cadena de registro, la demolición también destruye la escena, las pruebas y la posibilidad de atribuir responsabilidades.

Cabello, acusado formalmente por fiscales estadounidenses en el expediente del llamado Cártel de los Soles, no puede reducir una tragedia humana y animal a una puesta en escena frente a las cámaras. Quien acciona el detonador y celebra el derribo asume la obligación política de mostrar qué protocolos protegieron la vida antes de la explosión. No basta afirmar que el edificio estaba evacuado: deben publicarse el acta, los nombres, la hora de la última inspección y el inventario animal.

Rescatistas salvaron vidas; la propaganda debe rendir cuentas

La diferencia es brutal. De un lado están quienes siguieron buscando cuando otros solo veían ruinas: rescatistas, vecinos, proteccionistas, hogares temporales y personal veterinario que emplearon tiempo, recursos y cuidado para sacar animales con vida. Del otro está un aparato de poder que exhibió una explosión, pero no ha presentado públicamente un expediente edificio por edificio que pruebe cuántos animales fueron localizados, evacuados, trasladados, desaparecieron o murieron.

Para SIPA, la protección animal no es un elemento decorativo de una emergencia ni una tarea que pueda dejarse exclusivamente sobre voluntarios. Todo protocolo de desastre debe incluir brigadas de búsqueda animal, detectores, cámaras, acceso nocturno —cuando muchos gatos salen de sus escondites—, puntos de alimento y agua, evaluación veterinaria, refugios temporales y un registro público de reunificación. Detonar sin cerrar ese ciclo expone vidas y convierte una omisión evitable en responsabilidad operativa.

Las respuestas que La Guaira necesita

Jonatan Palacios News y SIPA exigen una rendición de cuentas verificable, edificio por edificio. Como mínimo, deben hacerse públicos:

• el censo de perros, gatos y otros animales reportados, rescatados, trasladados, desaparecidos o fallecidos;
• las actas de inspección previa y la identificación de quienes autorizaron cada demolición;
• el acceso de rescatistas, proteccionistas y veterinarios independientes antes de cualquier nueva voladura;
• el registro fotográfico y veterinario de los animales hallados sin vida, con necropsias cuando el estado de los restos lo permita;
• la ubicación actual de los animales rescatados y un sistema público de reunificación con sus familias;
• la suspensión de nuevas demoliciones mientras no exista una búsqueda animal independiente y documentada.

Félix no fue salvado por un discurso. Fue salvado por personas que no abandonaron la búsqueda. Su supervivencia no puede utilizarse para ocultar a quienes no tuvieron la misma oportunidad. Cada gato escondido, cada perro desorientado y cada animal separado de su familia tenía derecho a ser localizado antes de que alguien presionara el botón. Cabello y quienes autorizaron las voladuras deben publicar el censo, las actas, los barridos previos y los peritajes. La Guaira necesita verdad sobre todas las vidas alcanzadas por esta tragedia.