Veintiséis gallos fueron intervenidos por la Guardia Civil en un criadero clandestino de Alhaurín el Grande, en Málaga. Las aves permanecían en instalaciones que, según la información difundida por la Comandancia y recogida por Cadena SER, no reunían condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. Algunas presentaban heridas compatibles con peleas y mutilaciones en las crestas. Una persona está siendo investigada por un presunto delito relativo a la protección de los animales.

En España, la respuesta institucional ante esos indicios fue entrar, documentar, intervenir a los animales e investigar. En Venezuela, una excepción escrita en la ley permite que el mismo acto esencial —azuzar a dos seres sintientes para que se hieran ante un público que apuesta— continúe presentado como tradición. El contraste se vuelve todavía más grave porque uno de los hombres más poderosos del aparato chavista, Diosdado Cabello, ha sido descrito públicamente como gallero y apostador.

Los 26 gallos de Málaga no son instrumentos decomisados

Estos animales no son objetos de una operación policial ni piezas de evidencia sin vida propia. Son aves capaces de sentir dolor, miedo y estrés. Las lesiones compatibles con combates y las mutilaciones de las crestas descritas durante la inspección muestran el daño concreto que se esconde detrás de la expresión “gallos de pelea”. Ningún animal nace para entretener a una grada, defender una apuesta o satisfacer la vanidad de quien lo arroja a un redondel.

La intervención en Alhaurín el Grande es un primer paso, no el final. Debe conocerse el estado veterinario individual de los 26 gallos, garantizarse su custodia en espacios seguros y evitar que regresen al circuito de explotación. La investigación tendrá que determinar, con pruebas, quién mantenía el criadero, qué prácticas se realizaban allí y si existían otras personas o instalaciones vinculadas. La condición penal del investigado deberá resolverla la justicia con respeto al debido proceso.

También corresponde preservar fotografías, informes veterinarios, materiales hallados y cualquier registro de movimientos o apuestas. La prevención exige seguir el circuito completo, no limitar la respuesta al lugar donde aparecieron los animales. Rescatar salva vidas; investigar la organización y el dinero reduce el riesgo de que otros gallos ocupen mañana las mismas jaulas.

Una excepción venezolana convierte el maltrato en privilegio

La contradicción venezolana está en el propio texto legal. El numeral 3 del artículo 60 de la Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio prohíbe y considera maltrato azuzar animales para que peleen y realizar peleas como espectáculo público o privado, pero añade una excepción expresa para las lidias de gallos. La norma reconoce el daño y, en la misma frase, retira la protección a una especie determinada.

No existe una diferencia ética entre el sufrimiento de un gallo y el de cualquier otro animal obligado a combatir. La excepción no elimina el dolor, las heridas ni la posibilidad de muerte; únicamente protege la actividad humana que obtiene entretenimiento y dinero de ellos. Es una discriminación legal entre seres sintientes construida alrededor de una costumbre, no de su bienestar.

Venezuela debe eliminar inmediatamente esa excepción y prohibir las peleas de gallos, tanto públicas como privadas. La reforma tiene que ir acompañada por el cierre de galleras, el decomiso preventivo de aves cuando existan indicios de riesgo, atención veterinaria financiada y protocolos de custodia que impidan su devolución a explotadores. Sin capacidad de inspección, sanción y seguimiento, cambiar una línea de la ley no bastará.

Cabello, las apuestas y la acusación que sigue pendiente

El perfil publicado por El Independiente abre con una afirmación directa: Cabello “es un gallero”. El medio lo describe como aficionado a las peleas de gallos y señala que es capaz de dejar una fortuna en apuestas. Esa caracterización periodística no demuestra por sí sola la comisión de un delito relacionado con animales, pero sí documenta la cercanía pública de una figura central del poder con un espectáculo basado en hacerlos pelear.

Existe, por separado, una grave causa penal en Estados Unidos. El Departamento de Justicia acusó en 2020 a Cabello y a otros señalados de conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína y delitos relacionados con armas. Según las alegaciones de la acusación federal, Cabello habría actuado como líder y administrador del denominado Cártel de los Soles. El expediente está pendiente: se trata de cargos y alegaciones que deben probarse en un tribunal, no de una condena.

En enero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos elevó hasta 25 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su arresto o condena. Esa cifra dimensiona el alcance del señalamiento estadounidense, pero no autoriza a mezclar expedientes ni a afirmar sin pruebas que una gallera concreta forme parte de una red criminal. Cada posible conexión financiera debe documentarse e investigarse de manera independiente.

La sangre de los animales también sostiene un negocio

Las peleas de gallos no son una expresión cultural inocente. Euronews documentó la circulación de dólares y apuestas cuantiosas en galleras venezolanas. Otros estudios y expedientes internacionales han relacionado circuitos de peleas de animales con apuestas ilegales, drogas, armas y lavado de dinero. Eso exige investigación financiera seria, pero no permite inventar porcentajes ni afirmar que la mayoría de quienes asisten en Venezuela pertenecen al narcotráfico.

Seguir el dinero es indispensable porque la violencia no se sostiene únicamente con quienes organizan el combate. También intervienen criadores, propietarios de espacios, intermediarios, apostadores y personas que lucran con la reproducción, traslado o venta de las aves. Las autoridades deben identificar flujos de efectivo, permisos, redes de transporte y posibles mecanismos de blanqueo cuando existan indicios verificables, con control judicial y garantías procesales.

La protección debe alcanzar además a niños y adolescentes expuestos a estos espectáculos. Un informe de la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos advierte sobre los riesgos de normalizar la violencia hacia los animales en espacios donde participan menores. Prevenir no consiste en enseñar a mirar el combate con reglas, sino en impedir que la crueldad sea convertida en diversión familiar o aprendizaje social.

Venezuela necesita rescate, veterinarios y rendición de cuentas

La actuación española ofrece una referencia concreta: inspeccionar ante indicios, sacar a los animales del lugar, registrar las lesiones e investigar a los responsables. No idealizamos una operación ni damos por resuelto el destino de los 26 gallos; exigimos que su bienestar posterior sea verificable. Pero la dirección institucional es la correcta porque coloca la protección por encima del negocio.

En Venezuela ocurre lo contrario mientras sobreviva la excepción del artículo 60. La estructura que controla el poder dispone de cuerpos policiales, fiscalías y capacidad normativa, pero mantiene abierta una puerta legal para las lidias. Cuando una figura de la influencia de Cabello es identificada como gallero, la tolerancia deja una pregunta urgente sobre conflictos de interés, fiscalización efectiva y voluntad real de proteger a los animales.

Exigimos la derogación de la excepción, una prohibición nacional inequívoca, un censo de galleras, inspecciones con acompañamiento veterinario independiente y mecanismos seguros para denunciar. También deben crearse refugios adecuados, programas de recuperación y controles para que los gallos decomisados no sean sacrificados por conveniencia ni reinsertados en el circuito. El costo de la protección debe recaer sobre quienes explotan, no sobre rescatistas ya desbordados.

España debe informar qué ocurrió con cada una de las 26 aves y avanzar hasta esclarecer el criadero de Málaga. Venezuela debe revelar cuántas galleras operan, quién las autoriza, qué dinero movilizan y qué funcionarios o figuras del poder mantienen intereses en ellas. Hasta que esas respuestas existan, el hecho central permanece intacto: mientras una institución rescata a gallos heridos, una excepción venezolana sigue protegiendo el espectáculo que apuesta sobre su sangre. Ninguna tradición vale más que una vida sintiente.