Las declaraciones que sitúan los US$17 millones

José Gregorio Vielma Mora aparece mencionado siete veces en un documento de la Corte del Distrito Sur de Florida que Armando.info cita en su investigación sobre la red empresarial de Alex Saab. Según esa reconstrucción, Saab declaró haber pagado 17 millones de dólares a Vielma Mora en comisiones ilegales para asegurar contratos vinculados con la importación de alimentos destinados a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, conocidos como CLAP. El señalamiento forma parte de un expediente y de declaraciones atribuidas a Saab; no constituye por sí solo una sentencia contra Vielma Mora. La cifra, sin embargo, conecta una presunta ruta de pagos con un programa que distribuyó alimentos subsidiados a millones de hogares venezolanos durante la emergencia económica.

El documento citado por la investigación ubica el dinero en transferencias hacia cuentas bancarias de Panamá y Florida. Esa descripción es relevante porque dibuja una trayectoria financiera que habría buscado ocultar el origen de los fondos, de acuerdo con la versión recogida en el expediente. La publicación de Armando.info no presenta el pago como un hecho aislado: lo relaciona con la obtención de contratos millonarios y con la expansión de Group Grand Limited, empresa asociada a Saab, en el negocio de las cajas CLAP. La investigación identifica a Vielma Mora como uno de los nombres que aparecen en la narrativa de esas operaciones.

El dato de los 17 millones adquiere peso al leerse junto a los documentos administrativos y comerciales que el reportaje incorpora a su cronología. Las declaraciones judiciales describen una presunta mecánica de pagos; las solicitudes de exoneración, autorizaciones de recursos, facturas y precios de alimentos permiten seguir el volumen de los contratos en cuestión. Ordenar esas piezas evita que una suma extraordinaria quede reducida a un titular: muestra la relación temporal entre el dinero mencionado, la estructura de importaciones y las decisiones que abrieron paso al programa de abastecimiento.

La solicitud de 2016 que abrió la ruta de Group Grand Limited

La cronología reconstruida por Armando.info se remonta a 2016, cuando Vielma Mora era una figura del aparato chavista que ocupaba de facto la Gobernación de Táchira. Según documentos oficiales publicados entonces por el medio, pidió a Nicolás Maduro exonerar del pago de impuestos a Group Grand Limited para ejecutar un plan especial de abastecimiento. La solicitud planteaba la compra de 10 millones de combos de alimentos bajo el argumento de enfrentar la llamada “guerra económica”, expresión usada por el régimen venezolano para explicar la escasez y la crisis de abastecimiento.

El reportaje señala que Maduro avaló esa petición y autorizó 340 millones de dólares para que Coviserta, empresa adscrita a la estructura regional de Táchira, ejecutara el trabajo. Los fondos, de acuerdo con los documentos reseñados, saldrían del Fondo de Desarrollo Nacional, conocido como Fonden. Así, la investigación ubica una conexión administrativa precisa entre la exoneración solicitada, los recursos aprobados y una operación comercial en la que Group Grand Limited tenía una participación central. No se trata únicamente de un vínculo personal alegado en declaraciones posteriores, sino de una secuencia de decisiones y desembolsos que quedó registrada en documentos oficiales.

La escala ayuda a entender por qué esos papeles permanecen en el centro del caso. Los 340 millones de dólares autorizados para la operación superaban en 70 millones el total de divisas preferenciales que, según la comparación publicada por Armando.info, recibió Alimentos Polar entre 2004 y 2012. De ese monto, la empresa vinculada a Saab habría recibido 212 millones de dólares. La comparación no sustituye las responsabilidades individuales que puedan establecerse sobre cada operación, pero sí ilustra la magnitud del negocio que creció alrededor de un programa presentado como respuesta a la escasez.

Facturas, toneladas y precios dentro del negocio de las cajas

Entre el 8 y el 30 de enero de 2017, Group Grand Limited emitió al menos 149 facturas por la venta de 95 millones de kilos de alimentos, según los papeles revisados por Armando.info. Esas facturas convierten el plan de abastecimiento en una cadena cuantificable: cada documento registra entregas dentro de una operación que concentró recursos públicos y abasteció cajas vendidas a precios subsidiados. La fecha de las facturas también enlaza la aprobación de recursos de 2016 con la ejecución comercial del año siguiente, un período decisivo para el despliegue nacional de los CLAP.

La investigación calcula que, de los 340 millones de dólares autorizados, 212 millones correspondían a Group Grand Limited. Esa proporción vuelve indispensable mirar el papel de las compañías intermediarias y de quienes impulsaron las autorizaciones. Las cajas CLAP llegaban a familias que enfrentaban escasez y pérdida del poder adquisitivo; detrás de esa distribución había contratos de gran tamaño, proveedores internacionales, empresas estatales y pagos que el expediente atribuido a Saab ubica fuera de Venezuela. La dimensión social del programa no borra la necesidad de examinar el uso de los recursos destinados a financiarlo.

Otro de los datos que Armando.info puso en contraste fue el precio de la pasta. El conglomerado de Saab facturó el kilogramo en 2,2 dólares, mientras empresarios venezolanos consultados por el medio señalaban precios de compra de entre 1 y 1,25 dólares para un producto equivalente. La diferencia expuesta por la investigación no define por sí misma una responsabilidad penal, pero ofrece una referencia concreta sobre los sobrecostos denunciados en el esquema de importación. Al multiplicarse por millones de kilos y por el volumen de las cajas, ese contraste explica por qué los contratos CLAP siguen siendo una pieza esencial para reconstruir el manejo de fondos públicos.

La acusación estadounidense y el lugar de Vielma Mora en el expediente

Armando.info recuerda que Vielma Mora fue formalmente acusado en Estados Unidos en octubre de 2021. La investigación lo vincula con una presunta conspiración junto a altos miembros del régimen venezolano para lavar dinero y cometer fraude, en el marco de la red atribuida a Saab. Una acusación formal abre un proceso y fija alegaciones de una parte acusadora; no equivale a una condena. Esa distinción es central para leer con rigor el expediente: los documentos y las declaraciones permiten describir los señalamientos, mientras una decisión judicial identificable es la que puede establecer responsabilidad penal definitiva.

El alcance del caso se entiende en dos planos que se cruzan. Por un lado, el reportaje recoge la declaración atribuida a Saab sobre los 17 millones de dólares y describe transferencias a Panamá y Florida. Por otro, recupera el antecedente de 2016, las autorizaciones financieras, las facturas de 2017 y la participación de Group Grand Limited en los CLAP. Juntas, esas piezas sitúan a Vielma Mora en una cronología que va desde la solicitud de beneficios tributarios hasta las alegaciones de comisiones relacionadas con contratos. Ninguna de esas conexiones debe ser simplificada como una condena anticipada; tampoco deben desaparecer los registros que permiten examinarlas.

La publicación reseñada identifica a Vielma Mora como diputado del PSUV y señala que, para abrir una investigación en la Asamblea Nacional controlada por el aparato chavista, se requeriría levantar su inmunidad parlamentaria. El mismo trabajo indica que ni él ni su partido habían ofrecido entonces una explicación pública sobre el caso. Ese silencio, consignado por la investigación, deja a los documentos judiciales y administrativos como las piezas verificables disponibles para reconstruir la historia. La entrega de Saab a Estados Unidos tampoco cerró la discusión pública sobre los contratos ni despejó las preguntas que plantean las declaraciones atribuidas al contratista colombiano.

Preservar el expediente frente al silencio del aparato

Los documentos publicados por Armando.info hace casi una década, las facturas de Group Grand Limited y el expediente judicial citado en Florida forman una cadena de evidencia pública que debe mantenerse accesible. Cada pieza aporta un tramo diferente: la solicitud de exoneración muestra el inicio administrativo; la autorización de 340 millones de dólares retrata el tamaño de los recursos; las facturas registran la ejecución comercial; y las declaraciones atribuidas a Saab exponen la presunta ruta de las comisiones. Su valor está en que permite contrastar nombres, fechas, montos y funciones sin reducir la investigación a afirmaciones generales.

En la Venezuela actual, las instituciones controladas por el mismo aparato señalado no pueden presentarse como una vía independiente para esclarecer estas alegaciones. La respuesta posible hoy es sostener la publicación de los documentos, preservar sus fechas y mantener la cronología disponible para periodistas, víctimas de la crisis de abastecimiento y ciudadanos que quieran revisar las operaciones. La memoria pública impide que las cifras se diluyan, que las facturas pierdan contexto o que una acusación formal sea confundida con una sentencia antes de que el caso sea examinado con garantías reales.

La futura rendición de cuentas exige una Venezuela libre, con instituciones reconstruidas e independientes capaces de revisar los contratos, las transferencias y las decisiones descritas en estos documentos. Hasta entonces, los 17 millones de dólares atribuidos a pagos de la red de Saab, los 340 millones autorizados para el plan de abastecimiento y las 149 facturas emitidas en enero de 2017 permanecen como hitos de un expediente que debe conservarse íntegro. Publicar, ordenar y proteger esa evidencia sostiene el derecho colectivo a conocer cómo se manejaron recursos destinados a la alimentación de la población.