Estados Unidos abrió una excepción para facilitar la ayuda por los terremotos en Venezuela, pero esa decisión no puede convertirse en una puerta para que el aparato que controla el país se apropie también del dinero destinado a las víctimas. La Licencia General 60 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros autoriza transacciones relacionadas con las labores de socorro. No autoriza personalmente a Delcy Rodríguez, no la reconoce como administradora confiable y no levanta el resto de las sanciones.

La diferencia es decisiva. Una cosa es remover obstáculos para comprar insumos, pagar servicios indispensables y atender una emergencia; otra muy distinta es entregar el control político del dinero a una estructura denunciada durante años por corrupción, represión y opacidad. Desde Jonatan Palacios News lo advertimos sin eufemismos: la ayuda pertenece a los damnificados, no a la cúpula que secuestró las instituciones venezolanas.

Lo que realmente autoriza Washington

La licencia, emitida por OFAC, permite hasta el 23 de octubre de 2026 las operaciones necesarias para las tareas de socorro por el terremoto. Su alcance incluye el procesamiento y la transferencia de fondos vinculados a esa asistencia y los pagos indispensables para ejecutar los trabajos humanitarios. También aclara que esas operaciones no necesitan canalizarse a través del mecanismo de depósito aplicable a otras transacciones con el aparato estatal venezolano.

Eso no equivale a liberar cualquier negocio ni a entregar un cheque en blanco. El mismo documento excluye las operaciones que no estén directamente relacionadas con el socorro, mantiene bloqueados los bienes que ya estaban inmovilizados y exige el cumplimiento de las demás leyes federales. La licencia abre una ruta limitada para atender a la población; no limpia antecedentes, no concede legitimidad política y no transforma a una figura sancionada en garante de transparencia.

Por eso el titular inicial de esta cobertura necesitaba precisión: Estados Unidos autorizó transacciones humanitarias, no “autorizó a Delcy Rodríguez” como si se tratara de una funcionaria neutral nombrada para manejar la ayuda. Esa interpretación beneficia al relato propagandístico del régimen y oculta la pregunta central: ¿quién recibe, contrata, distribuye y audita cada dólar?

Delcy Rodríguez no es una administradora neutral

Para esta redacción, Delcy Rodríguez no representa una institucionalidad democrática legítima. Es una integrante central del aparato chavista y figura en la lista de personas sancionadas por el Departamento del Tesoro desde 2018. El propio Tesoro la describió como parte del círculo de Nicolás Maduro que ayudó a sostener y consolidar un régimen autoritario.

Ese dato jurídico y político no puede desaparecer cuando se habla de dinero humanitario. Presentarla simplemente como la persona que “gestionará” recursos sería normalizar a quien forma parte de la estructura responsable del deterioro institucional que dejó a la población sin controles independientes, sin contraloría confiable y sin posibilidad real de conocer el destino de los fondos públicos.

La emergencia no puede utilizarse para blanquear al cartel ni para fabricar una imagen de eficiencia humanitaria. Las víctimas necesitan agua, alimentos, medicinas, refugio, maquinaria y reconstrucción. No necesitan otra cadena burocrática dominada por operadores que se auditan a sí mismos, deciden qué información publican y persiguen a quienes denuncian.

El historial de corrupción impide entregar confianza

El Departamento del Tesoro ha documentado durante años lo que calificó como corrupción endémica y mala gestión económica bajo el aparato de Maduro. También ha sancionado tramas que utilizaron programas de alimentos y contratos públicos para enriquecer a operadores conectados con el poder mientras millones de venezolanos sufrían hambre y carencias. No se trata, por tanto, de una sospecha improvisada por esta redacción: existe un historial oficial que obliga a construir controles antes de mover el primer dólar.

Ese historial vuelve irresponsable cualquier fórmula basada en “confiar” y revisar después. Cuando una estructura ha convertido fondos públicos, contratos y programas sociales en instrumentos de control, el riesgo de desvío no es una nota al pie: es el centro de la operación. El dinero humanitario que entre en circuitos opacos puede terminar premiando intermediarios, financiando propaganda o fortaleciendo a los mismos responsables de la indefensión de las comunidades.

La reciente desclasificación divulgada por la Casa Blanca agrega otra razón para rechazar la normalización. Washington afirma que información de inteligencia expone métodos desarrollados por el régimen de Maduro para alterar digitalmente resultados electorales. Una estructura señalada por manipular la voluntad popular no puede exigir ahora confianza ciega para administrar recursos sin observación independiente.

La ayuda debe ir directamente a las víctimas

La salida responsable es concreta: ejecución mediante organizaciones humanitarias verificadas, compras directas a proveedores identificables, desembolsos contra facturas, publicación de contratos, registro de entregas y auditorías externas. Cada operación debe permitir seguir el dinero desde su origen hasta el hospital, refugio, comunidad o familia que recibe el beneficio.

También deben publicarse los montos autorizados, las instituciones ejecutoras, los criterios de selección de beneficiarios y los informes periódicos de distribución, preservando los datos personales sensibles. Si se pagan impuestos, tasas o peajes porque son indispensables para la operación, esos pagos deben quedar individualizados. Si interviene un tercero, debe conocerse quién es, cuánto cobra y por qué fue seleccionado.

La supervisión no puede descansar en organismos subordinados al mismo poder que manejaría los recursos. Debe existir control independiente, acceso para agencias internacionales y capacidad de denunciar irregularidades sin represalias. La prisa de una emergencia justifica simplificar trámites; jamás justifica borrar la trazabilidad.

Ni un dólar para la cúpula, toda la ayuda para los damnificados

La Licencia General 60 puede salvar vidas si elimina barreras para que la asistencia llegue con rapidez. También puede ser explotada por la propaganda chavista si se presenta como una autorización política a Delcy Rodríguez o como una rehabilitación del régimen. No es ninguna de las dos cosas. Es una excepción humanitaria limitada que debe ejecutarse bajo vigilancia rigurosa.

Jonatan Palacios News exige que Estados Unidos, los organismos internacionales y cada entidad participante establezcan una barrera infranqueable entre la ayuda y las redes de poder del cartel. Ni un dólar debe terminar en cuentas opacas, contratos de amigos, propaganda o estructuras represivas. Quien pretenda administrar recursos destinados a víctimas debe someterse a auditoría, publicar cada movimiento y aceptar vigilancia independiente.

Lo que falta no es “esperar la evolución de la emergencia”. Lo que falta es impedir desde ahora el próximo saqueo. Venezuela ya conoce el resultado de entregar dinero público sin controles a quienes convirtieron el Estado en patrimonio propio. La ayuda debe llegar completa, visible y directamente a los damnificados. Si el aparato de Delcy Rodríguez intenta apropiarse de esa ruta, Washington y la comunidad internacional deben cerrarle el paso de inmediato.