Delcy Rodríguez pasó años utilizando a Estados Unidos como enemigo político. Ahora recibe en Caracas a cuatro congresistas estadounidenses y pretende presentar a la estructura chavista como colaboradora en seguridad fronteriza y combate al crimen organizado. La fotografía no borra el historial. Lo vuelve más visible: quien ayudó a consolidar el aparato autoritario intenta convertir su necesidad de Washington en una credencial de confiabilidad.

La delegación fue encabezada por el republicano Brian Mast e integrada por Randy Fine, Kat Cammack y Jonathan Jackson. La información publicada sobre el encuentro señala que la agenda incluyó relación bilateral, defensa, seguridad fronteriza y cooperación contra el crimen organizado transnacional. Efecto Cocuyo confirmó los nombres de los cuatro representantes y las reuniones previstas con estructuras militares y antidrogas controladas desde Caracas.

Ese temario obliga a formular la pregunta que el protocolo intenta evitar: ¿con qué autoridad pretende Delcy ofrecer cooperación contra redes armadas y criminales cuando el aparato que ella representó durante años fue señalado por permitirles operar dentro del territorio venezolano?

La contradicción que la recepción oficial no puede esconder

Delcy no llega a esta reunión como una figura ajena al chavismo. Fue canciller, presidió la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente y ocupó la vicepresidencia del aparato de Nicolás Maduro. En septiembre de 2018, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro la sancionó junto con otros integrantes del círculo de Maduro. El Tesoro explicó que Maduro había otorgado posiciones de alto nivel a Delcy y Jorge Rodríguez para mantener su control y consolidar el orden autoritario.

La sanción sigue formando parte del registro público estadounidense. En 2024, el propio Departamento del Tesoro volvió a identificar a Delcy Rodríguez como sancionada desde 2018 dentro de sus acciones por actuaciones antidemocráticas y violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Ahora esa misma dirigente recibe a legisladores de Estados Unidos para hablar de seguridad. No es una conversión democrática ni una rectificación pública. Es el giro pragmático de una cúpula que necesita interlocución, reconocimiento y alivio político después de haber utilizado durante años la confrontación con Washington para justificar controles, persecución y propaganda.

ELN y Hezbollah: el expediente que debe estar sobre la mesa

El antecedente más grave no depende de una consigna editorial. En su Informe sobre Terrorismo de 2019, el Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que el régimen permitía y toleraba el uso del territorio venezolano por organizaciones terroristas. El documento describió a Venezuela como un entorno permisivo para el Ejército de Liberación Nacional —ELN— y para simpatizantes de Hezbollah, y señaló la presencia en el país de individuos vinculados con disidencias de las FARC.

El mismo informe atribuyó al ELN ataques armados, secuestros, extorsión, narcotráfico y minería ilegal, y ubicó su área de operaciones en Colombia y Venezuela. No se trata, por tanto, de una diferencia retórica con Washington. Se trata de una estructura armada que ha atacado civiles y fuerzas de seguridad y que encontró espacio de operación en la frontera mientras Delcy formaba parte del núcleo superior del chavismo.

Eso no permite afirmar sin una prueba judicial individualizada que Delcy dirigió personalmente al ELN o a Hezbollah. Sí permite sostener algo políticamente decisivo y documentado: fue una figura central del aparato señalado por Estados Unidos por tolerar ese entorno, y nunca encabezó una ruptura verificable con esas redes. La carga de demostrar un cambio real corresponde a quienes hoy piden ser tratados como socios de seguridad.

La propia advertencia de viaje estadounidense de junio de 2026 mantiene alertas por terrorismo en la franja fronteriza con Colombia y en estados como Apure y Táchira. El riesgo que ahora Delcy ofrece ayudar a controlar no apareció de la nada; creció durante años bajo una estructura que convirtió la frontera en territorio opaco para grupos armados, contrabando y economías ilícitas.

Quiénes viajaron a Caracas y qué tienen que exigir

Brian Mast no es un visitante protocolario cualquiera. Es veterano del Ejército y preside el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara durante el 119.º Congreso, según su página oficial. Su responsabilidad incluye supervisar la política exterior estadounidense. Por eso, su presencia exige resultados comprobables y no una fotografía que la propaganda chavista pueda utilizar como certificado de normalización.

Randy Fine, también republicano por Florida, integra los comités de Asuntos Exteriores y Educación y Fuerza Laboral, de acuerdo con su biografía institucional. Kat Cammack, republicana por Florida, forma parte de los comités de Energía y Comercio y de Agricultura, según su sitio oficial. Jonathan Jackson, demócrata por Illinois, completa el carácter bipartidista de la delegación.

Los cuatro deben explicar qué exigieron a Delcy y qué mecanismos de verificación acompañarán cualquier cooperación. Si se habló de seguridad fronteriza, deben decir si plantearon el desmantelamiento de corredores del ELN, la entrega de información sobre redes armadas y el acceso de observadores independientes. Si se habló de crimen transnacional, deben aclarar cómo impedirán que estructuras subordinadas al mismo aparato investiguen y se absuelvan a sí mismas.

La hipocresía no puede convertirse en política exterior

La nueva puesta en escena busca invertir los papeles. Durante años, el chavismo llamó “imperialista” a Estados Unidos, estrechó su alianza con Irán y utilizó la confrontación externa como herramienta de cohesión interna. Ahora Delcy intenta aparecer como interlocutora razonable ante los mismos representantes del país al que esa estructura culpó de cada crisis provocada por su propio modelo.

La diplomacia puede ser necesaria. La ingenuidad no. Hablar con una estructura autoritaria no obliga a blanquearla, y explorar mecanismos de seguridad no convierte automáticamente a su dirigencia en aliada confiable. Washington debe medir cualquier compromiso por hechos: ruptura verificable con grupos armados, cooperación auditada, liberación de presos políticos, garantías para periodistas y defensores, y una ruta real hacia instituciones democráticas.

También debe evitar una contradicción estadounidense. En mayo de 2026, The Associated Press informó que autoridades federales habían recibido instrucciones de no impulsar investigaciones contra Delcy Rodríguez, mientras documentos de la DEA obtenidos por esa agencia mostraban que su nombre había aparecido durante años en el radar de las autoridades. AP subrayó que Rodríguez no había sido acusada penalmente en Estados Unidos. Esa distinción jurídica debe preservarse, pero no justifica borrar los antecedentes políticos ni suspender el escrutinio.

Sin transparencia, la visita solo beneficia a Delcy

Hasta ahora se conocen los asistentes y los temas generales, pero no compromisos escritos, plazos, mecanismos de control ni consecuencias por incumplimiento. Esa falta de precisión beneficia a una sola parte: permite a Delcy exhibir la presencia de congresistas estadounidenses sin demostrar que haya modificado las prácticas del aparato que encabeza.

Una reunión útil tendría que producir información verificable: qué grupos armados operan todavía en Venezuela, qué funcionarios facilitaron su presencia, qué rutas financieras y logísticas serán investigadas, qué organismos independientes tendrán acceso y qué medidas protegerán a testigos y comunidades fronterizas. Sin esas respuestas, “cooperación” es apenas una palabra de conveniencia.

La conclusión no puede ser complaciente. Delcy Rodríguez no merece una absolución política por sentarse con congresistas estadounidenses. La escena expone su necesidad y su hipocresía: la dirigente sancionada que integró durante años una estructura hostil a Washington ahora intenta vender esa misma estructura como barrera contra amenazas que crecieron bajo su control.

Los venezolanos no necesitan otra operación de relaciones públicas. Necesitan verdad sobre los vínculos del aparato con grupos armados, justicia para las víctimas, desmantelamiento de redes criminales, libertad para los presos políticos y una transición democrática verificable. Si la delegación estadounidense no convierte esos puntos en condiciones concretas, la visita habrá servido más a la propaganda de Delcy que a la seguridad de Venezuela o de Estados Unidos.