Diosdado Cabello pidió a quienes estaban presentes en una rueda de prensa del PSUV que desconectaran las alertas sísmicas de sus teléfonos «para que duerman tranquilos». La frase sería irresponsable en cualquier circunstancia. Pronunciada mientras él mismo hablaba de 1.568 réplicas, revela algo todavía más grave: ante un riesgo que puede sorprender a una familia en su vivienda, a pacientes dentro de un hospital o a trabajadores en una estructura vulnerable, la respuesta ofrecida por uno de los principales jefes del aparato chavista fue silenciar la advertencia.

Apagar una alarma no detiene un terremoto. Tampoco refuerza edificios, abre rutas de evacuación, inspecciona escuelas, equipa hospitales ni organiza equipos de rescate. Solo elimina una posibilidad de aviso. Cabello no acompañó su recomendación con un protocolo técnico capaz de reemplazar esa herramienta, no presentó una evaluación pública de las estructuras en riesgo y no explicó qué sistema más eficaz protegería a la población. Prometió tranquilidad a través del silencio del teléfono, como si dejar de escuchar el peligro pudiera hacerlo desaparecer.

El descaro de pedir silencio sin demostrar protección

Si el aparato que controla el poder hubiera exhibido una red transparente de monitoreo, planes de evacuación comprobables, inspecciones estructurales, refugios identificados y comunicación permanente con la población, tendría que explicar técnicamente cómo integra las alertas telefónicas dentro de ese sistema. Pero Cabello no mostró nada de eso durante su intervención. No ofreció una alternativa superior. No indicó qué hacer ante una nueva sacudida. No identificó rutas seguras ni organismos responsables. Pidió desconectar.

Ese es el núcleo de la denuncia: quienes no han demostrado capacidad suficiente para anticipar, informar y proteger pretenden además que el ciudadano renuncie a una herramienta que podría darle segundos para reaccionar. En lugar de fortalecer cada capa de prevención disponible, Cabello trivializó una alerta diseñada para llamar la atención frente a una emergencia. En vez de explicar cómo ponerse a salvo, convirtió la posibilidad de dormir sin interrupciones en prioridad.

La seguridad de los venezolanos no puede depender de una ocurrencia pronunciada en una rueda de prensa partidista. Una familia necesita información clara, simulacros, puntos de encuentro y edificios evaluados. Una persona con discapacidad necesita instrucciones accesibles y apoyo previsto con anticipación. Los hospitales necesitan planes de continuidad. Las escuelas necesitan rutas practicadas. Nada de eso se sustituye apagando una notificación.

No habla una figura cualquiera: Estados Unidos ofrece hasta 25 millones por información para arrestarlo o condenarlo

Cabello tampoco puede ser presentado como un vocero neutral. En marzo de 2020 fue acusado formalmente en el Distrito Sur de Nueva York de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos asociados con armas. Se trata de cargos pendientes: una acusación no equivale por sí sola a una condena. Pero sí establece un hecho jurídico imposible de ocultar cuando se informa quién es la persona que pretende dictar cómo deben protegerse los venezolanos.

El 10 de enero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos elevó a hasta 25 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto o la condena de Diosdado Cabello. La propia ficha oficial lo identifica como buscado dentro del Programa de Recompensas contra Narcóticos. Esa condición documentada debe acompañar cualquier cobertura seria sobre sus órdenes y declaraciones públicas.

No es un detalle lateral. El hombre acusado por la justicia federal estadounidense y buscado mediante una recompensa multimillonaria forma parte de la estructura que controla cuerpos policiales, prisiones y mecanismos de fuerza dentro de Venezuela. Desde esa posición, no presentó una estrategia de prevención frente a las réplicas: pidió apagar el aviso. La escena resume la lógica de un aparato que exige obediencia, pero no rinde cuentas sobre su capacidad para proteger vidas.

Una alerta limitada sigue siendo mejor que ninguna advertencia

Las alertas sísmicas de Android no predicen terremotos ni garantizan que todos los usuarios recibirán un aviso a tiempo. Google explica que el sistema detecta un movimiento que ya comenzó y puede advertir a personas ubicadas a cierta distancia antes de que llegue la sacudida más fuerte. Venezuela figura entre los países donde la función está disponible. Incluso un margen breve puede permitir que alguien se agache, se cubra, se sujete o se aleje de un objeto que pueda caer.

El Servicio Geológico de Estados Unidos también señala que una alerta temprana puede proporcionar segundos para adoptar medidas inmediatas. Esos segundos no reemplazan la preparación pública, pero pueden complementarla. Por eso resulta absurdo presentar la desconexión como tranquilidad: la herramienta tiene límites, pero apagarla elimina hasta la oportunidad limitada que podría ofrecer.

La respuesta responsable habría sido explicar las limitaciones de la tecnología, recordar las medidas de protección y publicar datos verificables sobre la secuencia sísmica. También habría sido indispensable informar qué edificaciones fueron inspeccionadas, dónde estaban los equipos de emergencia y cómo se atendería a las comunidades más expuestas. Cabello hizo lo contrario: convirtió la falta de aviso en una recomendación.

Los venezolanos necesitan protección, no órdenes para ignorar el riesgo

La cifra de 1.568 réplicas permanece atribuida a Cabello mientras no se acompañe de un boletín sismológico independiente que permita comprobarla. Sin embargo, su propia versión vuelve más temeraria la frase. Si él creía que existían tantas réplicas, tenía todavía menos justificación para pedir que las personas apagaran una alerta. No se puede invocar una secuencia persistente y, en la misma intervención, aconsejar que se desactive uno de los pocos avisos al alcance inmediato de millones de ciudadanos.

El aparato chavista debe responder con hechos: datos sísmicos completos, inspecciones, protocolos públicos, capacidad hospitalaria, planes escolares, atención para personas vulnerables y canales de emergencia que funcionen. Si sostiene que una alerta telefónica debe apagarse, está obligado a demostrar qué mecanismo mejor y verificable ocupará su lugar. Hasta ahora, en la declaración examinada, no lo hizo.

Cabello debe rectificar. No porque una alerta digital sea infalible, sino porque ningún dirigente responsable le pide a una población expuesta que renuncie a una herramienta preventiva sin ofrecer una protección equivalente o superior. Su recomendación no transmite calma: expone desprecio por la seguridad de quienes deben enfrentar las consecuencias mientras la estructura que controla el poder evita rendir cuentas.

Venezuela no necesita que le silencien las alarmas. Necesita instituciones técnicas independientes, información creíble, prevención y una respuesta de emergencia capaz de llegar antes de que sea demasiado tarde. Pedir que la gente «duerma tranquila» desconectando el aviso no es liderazgo ni protección. Es la confesión de una estructura que prefiere apagar la señal antes que asumir su obligación de proteger a los venezolanos.