El ingeniero Roberto Vernet advirtió que el Sistema Eléctrico Nacional enfrenta un déficit de aproximadamente 3.900 megavatios. En una entrevista con Radio Fe y Alegría, el especialista situó la generación termoeléctrica disponible cerca de los 2.800 MW, una brecha que deja al país expuesto cada vez que una unidad importante deja de operar.

Vernet estima que alrededor de 80 % del parque térmico instalado permanece fuera de servicio y vincula esa situación con problemas de mantenimiento. El dato no describe una falla aislada: retrata una red que perdió capacidad de respuesta y que obliga a hogares, comercios, hospitales y servicios públicos a vivir pendientes de un bajón o de un corte.

Guri quedó expuesto por la falta de respaldo

La alerta se intensificó después de la falla mecánica reportada el 29 de agosto en la unidad 17 de la casa de máquinas 2 de Guri. Esa unidad aportaba una capacidad importante al sistema y su salida redujo todavía más el margen disponible en el Bajo Caroní, la columna vertebral de la generación eléctrica venezolana.

Reportes técnicos citados por medios venezolanos sitúan el impacto de la avería y sus efectos sobre el complejo hidroeléctrico alrededor de 1.200 MW. Cuando una sola falla puede comprometer esa porción del suministro, queda en evidencia que el país no cuenta con una reserva térmica capaz de sostener la red mientras se atiende una emergencia.

Guri no debería cargar solo con la responsabilidad de iluminar a Venezuela. Una red eléctrica robusta necesita plantas térmicas operativas, líneas y subestaciones mantenidas, repuestos disponibles y capacidad de relevo. El deterioro acumulado dejó al sistema sin ese colchón y convirtió cada avería en una amenaza para millones de personas.

La dependencia extrema de una sola fuente de generación tiene una consecuencia conocida: cuando Guri pierde una unidad, los cortes dejan de ser una excepción y pasan a ser la forma de administrar un déficit que el resto de la red no puede compensar. Así se traslada a las familias el costo de un sistema que debió estar preparado antes de que ocurriera la emergencia.

La falla de Guri es una advertencia sobre toda la infraestructura, no solo sobre una turbina. Mientras el sistema permanezca sin reservas suficientes, cada avería puede encadenarse con otras limitaciones: menor capacidad de generación, más racionamientos, presión sobre las redes y una población obligada a asumir un costo que nunca decidió cargar.

Una destrucción que no empezó el 29 de agosto

La crisis eléctrica no nació con la unidad 17. Es el resultado de años de desinversión, mantenimiento postergado, pérdida de personal especializado y opacidad bajo el control del aparato chavista. Mientras se sucedían anuncios y soluciones parciales, centrales térmicas completas fueron perdiendo capacidad y el país quedó cada vez más dependiente de Guri.

El problema atraviesa generación, transmisión y distribución. No basta con que una turbina produzca energía si las líneas no la transportan de forma estable o si las subestaciones no pueden distribuirla con seguridad. El deterioro de esas tres etapas explica por qué un país con recursos energéticos tan amplios puede tener a su población sometida a racionamientos, fluctuaciones y apagones recurrentes.

El chavismo no solo dejó deteriorar máquinas: dejó que se volviera normal vivir sin un servicio elemental. La electricidad pasó de ser una condición básica para estudiar, trabajar, conservar alimentos, atender a un paciente o mantener agua en una vivienda, a una incertidumbre que organiza la vida de millones de venezolanos.

Las fallas técnicas pueden ocurrir en cualquier sistema; lo que separa una contingencia de una crisis prolongada es la capacidad de prevenir, reparar y explicar. En Venezuela, el aparato chavista transformó el colapso en rutina: la gente recibe cortes, bajones y promesas, pero rara vez un calendario confiable de recuperación que le permita organizar su propia vida.

La luz que falta organiza el día de una familia

La crisis se mide en una escena que se repite: alguien llega a su casa y no hay electricidad; se acuesta sin saber si podrá dormir con ventilación o cargar el teléfono; se levanta sin luz para cocinar, estudiar, trabajar o salir. El apagón no es un accidente ocasional cuando puede aparecer a cualquier hora y sin un aviso confiable.

Cada interrupción trae decisiones pequeñas y agotadoras: cuándo poner a cargar un equipo, cuándo comprar comida que necesita refrigeración, cómo mantener medicamentos, cómo cuidar a un adulto mayor, cómo trabajar a distancia o cómo saber si habrá agua. Para un negocio, significa pérdidas; para un hospital, una carga adicional; para una familia, una preocupación que se acumula día tras día.

Ese desgaste también es una forma de daño. Vivir pendiente de si habrá luz al volver, al dormir o al despertar transforma una necesidad básica en una fuente permanente de estrés. Ninguna familia debería tener que planificar su rutina como si el acceso a la electricidad fuera un privilegio incierto.

La crisis también profundiza desigualdades. Quien puede comprar una planta, combustible, baterías o equipos de respaldo logra amortiguar parte del golpe; quien no puede pagarlos queda completamente sometido al corte. El derecho a una vida cotidiana estable no debería depender de tener recursos para reemplazar con soluciones privadas lo que una red pública dejó de garantizar.

Así debe funcionar un país

En un país que funciona, la electricidad no depende de la suerte ni de que una sola represa resista toda la carga. Existe mantenimiento planificado, capacidad de respaldo, información clara sobre fallas y reparaciones, y una red diseñada para que una avería no convierta la vida cotidiana en una emergencia.

La normalidad debería ser llegar a casa y encender la luz; acostarse con la certeza de que los alimentos, los equipos médicos y las comunicaciones seguirán funcionando; salir a trabajar sin dejar un teléfono descargado por miedo a un corte. Eso no es una exigencia extraordinaria: es el mínimo que una sociedad necesita para vivir, producir y cuidar a los suyos.

Venezuela no necesita acostumbrarse a la oscuridad ni aceptar explicaciones que se repiten mientras el servicio empeora. Recuperar el sistema eléctrico exige reconstruirlo con mantenimiento, datos públicos, profesionales protegidos y decisiones que pongan a las personas por encima de la improvisación. Hasta entonces, cada apagón seguirá recordando el costo de años de abandono.

La reconstrucción tendrá que partir de un diagnóstico completo, inversión sostenida y una administración que rinda cuentas a la ciudadanía. No será suficiente reparar una turbina o anunciar una planta si el resto de la red sigue vulnerable. Un país recupera su normalidad cuando puede prever su servicio, exigir explicaciones y saber que la electricidad existe para sostener la vida de la gente, no para dejarla esperando en la oscuridad.