Los presos políticos no pueden quedar fuera de la reforma

Cualquier reforma judicial en Venezuela que no coloque a los presos políticos y a las víctimas de persecución en el centro nace incompleta. No se puede hablar de justicia como arquitectura institucional mientras hay familias que han vivido años entre audiencias diferidas, expedientes opacos, boletas que no se ejecutan, defensas bloqueadas, traslados arbitrarios y silencio oficial.

Justicia X Libertad existe para recordar que detrás de cada expediente hay una madre, un hijo, una esposa, un hermano, un preso, un exiliado o una víctima que no puede ser reducida a número. El sistema judicial venezolano no ha sido un árbitro neutral para esas familias. Ha sido muchas veces una extensión del aparato de control político.

Por eso la pregunta no es si se anuncia una reforma, sino si esa reforma toca la raíz del abuso. ¿Habrá revisión de causas políticas? ¿Habrá libertad para quienes fueron usados como rehenes? ¿Habrá investigación de torturas? ¿Habrá reparación? ¿Habrá jueces capaces de decidir contra la orden política? Sin esas respuestas, la reforma no sirve a las víctimas.

El expediente como instrumento de castigo

Durante años, el expediente judicial fue usado como castigo prolongado. Personas detenidas sin garantías, acusaciones infladas, delitos políticos disfrazados de delitos comunes, audiencias realizadas sin transparencia y familias obligadas a mendigar información. Esa práctica destruye vidas incluso antes de una condena. La prisión política no empieza solo con la celda; empieza cuando el Estado decide convertir la ley en amenaza.

La reforma judicial debe reconocer esa realidad. No basta con cambiar procedimientos si no se desmonta la cultura de obediencia. Un juez que teme perder el cargo no protege derechos. Un fiscal que responde a una línea política no investiga. Un tribunal que funciona como extensión del poder no administra justicia. Administra miedo.

En Venezuela, las víctimas de persecución han tenido que apoyarse en organizaciones de derechos humanos, familiares y abogados valientes para sostener causas que el Estado debería garantizar. Esa inversión moral es intolerable: el ciudadano no debería tener que enfrentar solo a todo un aparato para probar que merece derechos básicos.

Familias que no necesitan promesas, necesitan decisiones

Los familiares de presos políticos y víctimas de abuso no necesitan discursos de reconciliación vacíos. Necesitan saber dónde están sus seres queridos, en qué condiciones están, qué tribunal lleva el caso, por qué se difiere una audiencia, por qué no se permite defensa, por qué se niega atención médica o por qué se mantiene presa a una persona cuando el expediente no sostiene la acusación.

Justicia X Libertad no puede aceptar que una reforma se mida por ruedas de prensa. Debe medirse por excarcelaciones, anulaciones de causas arbitrarias, acceso a expedientes, atención médica, visitas familiares, protección de abogados, investigación de desapariciones, sanción a torturadores y garantías de no repetición.

Cada familia que ha esperado frente a una cárcel, cada madre que ha cargado carpetas, cada hijo que ha crecido con un padre preso por razones políticas sabe que la justicia venezolana no se recupera con palabras bonitas. Se recupera cuando deja de obedecer al miedo.

Una transición sin justicia sería otra forma de impunidad

La transición venezolana, si quiere ser real, no puede negociar la memoria de las víctimas. Un país no se pacifica escondiendo expedientes ni repartiendo impunidad entre responsables. Se pacifica reconociendo el daño, liberando inocentes, investigando delitos y garantizando que ninguna estructura vuelva a usar tribunales para perseguir.

La tentación de pasar la página sin leerla completa siempre aparece cuando el poder busca salvarse. Pero Venezuela no puede construir futuro sobre el olvido de quienes fueron encarcelados, torturados, desaparecidos, exiliados o amenazados. La justicia no es obstáculo para la transición; es su condición.

Por eso esta nota queda en Justicia X Libertad: porque la reforma judicial no es un tema de abogados encerrados en oficinas. Es una cuestión de vida, libertad y dignidad. Si la justicia no libera a las víctimas del abuso político, entonces la reforma solo habrá cambiado el uniforme del mismo carcelero institucional.

No hay reforma creíble con celdas llenas de miedo

Una reforma judicial que ignore El Helicoide, Rodeo I, el INOF, los traslados arbitrarios y los centros de detención donde familiares esperan noticias no puede llamarse reforma. Los lugares de encierro son la prueba más dura del sistema. Allí se ve si la ley protege o si la ley se arrodilla ante la orden política.

Las víctimas no pueden quedar esperando una transición administrativa. Cada día de prisión injusta es daño acumulado. Cada audiencia diferida es castigo. Cada visita negada es tortura emocional. Cada boleta sin ejecutar es burla. Por eso Justicia X Libertad exige que cualquier cambio judicial incluya un mecanismo urgente de revisión de causas políticas y humanitarias.

El país no puede normalizar que la libertad dependa de una negociación secreta. La libertad debe depender de la ley, de pruebas reales y de garantías. Si la reforma no devuelve ese principio, entonces no está corrigiendo el sistema: está administrando su abuso.