Más de cuarenta días después de la muerte de José Breijo, sus familiares continúan sin poder despedirlo. El 16 de septiembre, el periodista Carlos Julio Rojas acudió a la Fiscalía 140 del Área Metropolitana de Caracas para solicitar la autorización necesaria para retirar y cremar los restos del ciudadano uruguayo-venezolano, reconocido públicamente como preso político.

Breijo falleció después de permanecer más de dos años en cautiverio político y sufrir un progresivo deterioro de su salud. Desde entonces, su cuerpo permanece en el Senamecf mientras la familia espera una respuesta que le permita cumplir su voluntad final.

Una solicitud con autorización familiar

Rojas informó que presentó ante la Fiscalía una autorización firmada por el hijo de Breijo y certificada por la Cancillería de Uruguay. Según el periodista, el documento permite gestionar la cremación y responde a la voluntad expresada por Breijo de que sus cenizas fueran esparcidas en el mar.

La cronología evidencia la prolongación del caso: Breijo murió el 6 de agosto; el 20 de agosto se denunció públicamente que sus restos continuaban en el Senamecf; y el 16 de septiembre Rojas presentó formalmente la solicitud para retirarlos y proceder con la cremación.

Cada día sin respuesta prolonga innecesariamente el dolor de una familia que únicamente exige despedir con dignidad a uno de los suyos.

La denuncia después de presentar la solicitud

Luego de presentar el escrito ante la Fiscalía 140 del Área Metropolitana de Caracas, Carlos Julio Rojas denunció que una abogada de la Fiscalía y miembros del personal de seguridad le exigieron entregar su teléfono y borrar los registros realizados durante la diligencia. La acusación se refiere a lo ocurrido después de solicitar la autorización para retirar y cremar los restos de José Breijo.

La versión fue expuesta públicamente por Rojas y recogida por medios que cubrieron el procedimiento. Al cierre de esta nota, no consta una respuesta pública de la Fiscalía sobre ese señalamiento; por ello, la denuncia permanece atribuida a Rojas y no equivale a un hecho establecido judicialmente.

La familia reclama poder retirar los restos, cumplir la voluntad final de Breijo y despedirlo dignamente. La ausencia de una explicación pública sobre la solicitud prolonga el dolor de sus seres queridos y la incertidumbre sobre el ejercicio de esos derechos elementales.

El costo humano no puede diluirse en el silencio

José Breijo no es un número de expediente ni un trámite que pueda permanecer indefinidamente paralizado en una oficina. Era un ciudadano con familia, una historia y una voluntad final que, según la documentación presentada por Rojas, puede y debe ser respetada.

No se ha divulgado ninguna resolución que explique por qué la autorización continúa pendiente. Tampoco existe una respuesta pública que permita confirmar o desmentir lo denunciado por Rojas sobre lo ocurrido dentro de la Fiscalía.

Ese silencio institucional aumenta la preocupación y evidencia la opacidad con la que el régimen maneja incluso las solicitudes más humanas de las familias de los presos políticos. La demora expone una realidad cruel: el castigo no siempre termina con la muerte de la víctima, sino que puede prolongarse contra sus familiares cuando se les impide cerrar el duelo.

Una espera que ya es demasiado larga

La solicitud de Carlos Julio Rojas vuelve a colocar el caso ante la opinión pública. No para convertir el duelo en un espectáculo, sino para exigir que una familia deje de ser sometida a una espera que nunca debió producirse.

Autorizar la cremación no borrará lo ocurrido durante el cautiverio de Breijo ni responderá las interrogantes sobre el deterioro de su salud. Sin embargo, permitirá respetar su voluntad final y devolver a sus familiares el derecho de despedirlo con dignidad.

Más de cuarenta días después de su muerte, la pregunta ya no es administrativa, sino humana: ¿cuánto tiempo más tendrá que esperar la familia de José Breijo?