Tres familias colombianas no necesitan otro comunicado que diga “seguimiento”. Necesitan escuchar las voces de sus seres queridos. ALQST for Human Rights documentó que Héctor Eduardo Romero Ramírez, Luis Eduardo Romero Jiménez y Mauricio Patiño Gallego fueron detenidos en Yemen, trasladados sin un procedimiento claro a Arabia Saudita y mantenidos durante meses fuera del alcance de sus familias. A finales de junio, Riad informó que están en la prisión de Abha; conocer el nombre de la cárcel no significa que tengan defensa, atención médica, contacto familiar o garantías.

La última comunicación directa con sus familias ocurrió el 25 de enero de 2026. ALQST sostiene que continúan sin acceso a sus allegados, abogados o funcionarios consulares y llevó el caso ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. La organización calificó el periodo de ocultamiento del paradero y la incomunicación prolongada como desaparición forzada y pidió su libertad inmediata e incondicional.

La opacidad saudita es intolerable, pero no es la única responsabilidad que debe examinarse. Gustavo Petro ha demostrado que puede transformar la detención o muerte de un colombiano en una prioridad presidencial, ordenar notas de protesta, exigir libertad, movilizar diplomáticos, reunirse con las víctimas y convertir el caso en un asunto internacional. Ante estos tres ingenieros, esa fuerza no aparece. La diferencia de trato es verificable y Jonatan Palacios News la denuncia como un doble rasero y una inmoralidad política.

Abha no es una respuesta: la incomunicación continúa

Los tres ingenieros llegaron a Saná el 22 de abril de 2025 para instalar sistemas satelitales de uso civil. Tras finalizar el proyecto intentaron salir de Yemen, pero fueron detenidos en Adén. Según ALQST, fueron interrogados y obligados a firmar confesiones en árabe sin abogado ni intérprete. Entre el 25 de enero y el 5 de febrero de 2026 fueron trasladados a Arabia Saudita sin una ruta legal transparente.

Las autoridades sauditas comunicaron a Colombia que la reclusión está relacionada con una investigación de “seguridad nacional”, pero no han hecho públicos cargos individualizados ni han permitido el acceso reclamado por las familias y la organización. Si existe una acusación, debe notificarse en un idioma que comprendan, con defensa independiente e intérprete. Si no existe una base legal suficiente, deben ser liberados y devueltos a sus familias.

Petro sí sabe movilizar la diplomacia cuando quiere

El contraste no depende de opiniones sino de decisiones públicas. Tras conocerse la muerte de Brayan Rayo Garzón bajo custodia de ICE, Petro ordenó a la Cancillería enviar una nota de protesta a Estados Unidos y difundió personalmente su denuncia. Cuando ICE detuvo a Franklin Humberto “Beto” Coral, el presidente calificó el caso como persecución política, pidió su libertad y el Gobierno presentó posteriormente su retorno como una gestión realizada bajo instrucciones presidenciales.

El 14 de julio de 2026, después de que un agente de ICE matara al colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, la Presidencia publicó una exigencia de justicia y de actuaciones jurídicas y diplomáticas inmediatas. Defender a esos colombianos era correcto. Precisamente por eso resulta inadmisible que Héctor, Luis y Mauricio no reciban la misma jerarquía, urgencia y visibilidad.

Por Gaza hubo ultimátum, despliegue, encuentro y condecoración

Cuando Israel detuvo a Manuela Bedoya y Luna Barreto, las dos colombianas que integraban la Global Sumud Flotilla en la que también participaba Greta Thunberg, la reacción fue inmediata. El Gobierno exigió públicamente su liberación y pidió presión diplomática internacional. La Cancillería y el consulado desplegaron gestiones, Petro se reunió con ellas en Bruselas y las llevó de regreso a Colombia en su retorno.

La movilización no terminó con su libertad. En diciembre, Petro les otorgó la Orden de Boyacá. De nuevo: protegerlas y obtener su liberación fue lo correcto. La contradicción moral consiste en exhibir toda la fuerza presidencial cuando el caso coincide con la agenda ideológica del mandatario y reducirla a fórmulas administrativas cuando tres compatriotas permanecen aislados en una prisión saudita.

El “seguimiento” consular no equivale a protegerlos

La Cancillería afirmó el 24 de julio que conoce el caso desde 2025, mantiene comunicación con las familias y ha realizado gestiones bajo la Convención de Viena. Ese trabajo debe reconocerse, pero no puede presentarse como resultado mientras no exista una conversación privada con los detenidos, una visita consular comprobada, abogados independientes, evaluación médica, cargos conocidos o una fecha de libertad.

La asistencia consular no se mide por el número de notas enviadas, sino por la protección que consigue. Tras más de seis meses sin una llamada familiar, un comunicado tardío no basta. Tampoco basta alegar respeto por las decisiones del país receptor: la obligación de Colombia es utilizar todos los canales diplomáticos, jurídicos y multilaterales disponibles para defender a sus ciudadanos frente a una detención opaca.

El humanismo selectivo de la izquierda no es humanismo

Los derechos humanos no cambian según el gobierno que ejerza la custodia ni según la utilidad política de la víctima. Si la Presidencia eleva la voz frente a Washington o Israel, pero guarda silencio ante Riad, la nacionalidad sigue siendo la misma; lo que cambia es la conveniencia ideológica del caso. Una diplomacia que selecciona a quién convierte en símbolo y a quién deja atrapado en la burocracia traiciona el principio universal que dice defender.

El problema no es que Petro defendiera a Brayan Rayo, Beto Coral, Johan Durán, Manuela Bedoya o Luna Barreto. Debía hacerlo. El problema es que no ha mostrado por Héctor Romero, Luis Romero y Mauricio Patiño la misma energía presidencial. No puede haber colombianos de primera categoría para el discurso y colombianos de segunda categoría para el trámite. Esa vara desigual es hipocresía política.

Cinco acciones que Petro todavía debe ordenar

Antes de entregar el poder, Petro debe pronunciarse directamente, exigir contacto privado e inmediato de los tres hombres con sus familias y representantes consulares, ordenar la contratación de abogados independientes e intérpretes, solicitar una evaluación médica y reclamar el expediente completo. También debe activar una gestión de alto nivel con Arabia Saudita y los mecanismos de Naciones Unidas, con plazos y resultados públicos.

Arabia Saudita debe permitir esas garantías y liberar inmediatamente a los tres colombianos si no puede presentar cargos concretos y una base legal individualizada. Colombia, por su parte, debe dejar de administrar la angustia desde comunicados y convertir la protección consular en acceso real. Cada día sin una llamada prolonga el daño y aumenta el riesgo.

Petro ya demostró que sabe movilizar la Presidencia y la Cancillería cuando decide que un caso merece prioridad. Estas familias no piden privilegios: exigen la misma determinación. La libertad y la dignidad de un colombiano no pueden depender de si su tragedia sirve o no al discurso político de la izquierda gobernante.