Delcy Rodríguez recibió en Caracas a Brian Mast, Randy Fine, Kat Cammack y Jonathan Jackson para hablar de frontera y crimen transnacional. La escena expone la contradicción de una dirigente sancionada desde 2018 que ahora presenta como aliado de Washington a la misma estructura señalada por Estados Unidos por tolerar al ELN y a simpatizantes de Hezbollah.
El balance divulgado este 17 de julio eleva a 5.069 los fallecidos y mantiene en 16.740 el número de lesionados tras los terremotos en Venezuela. La ausencia de una cifra verificable de desaparecidos agrava la emergencia, dificulta dimensionar la tragedia y exige información pública precisa para orientar rescates, asistencia y reunificación familiar.
Una madre en La Guaira asegura que sus hijos fueron sacados con vida tras la tragedia, pero no logra ubicarlos en registros confiables. El caso exige verificación urgente, trazabilidad de traslados y protección inmediata de niños posiblemente separados de su familia.
Mientras familias buscaban a sus seres queridos entre escombros, una denuncia ciudadana apunta a presuntos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que habrían retirado pertenencias de una zona afectada. El caso exige investigación inmediata, identificación de responsables y custodia transparente de los bienes de las víctimas.
El equipo enviado por la Alcaldía de Medellín llegó con especialistas, autonomía logística y toneladas de equipos para apoyar la búsqueda de sobrevivientes, pero su ingreso quedó marcado por una espera denunciada públicamente.
La diáspora venezolana está organizando campañas urgentes de alimentos, medicinas, higiene, primeros auxilios y material de rescate para enviarlos a las zonas afectadas por los terremotos.
Familiares, voluntarios y vecinos continúan removiendo escombros con herramientas improvisadas, mientras aumentan las denuncias sobre falta de maquinaria, demora en la atención y obstáculos para ingresar ayuda humanitaria.
Balances difundidos por medios internacionales elevan la cifra de fallecidos a más de 1.400, con miles de heridos y casi 69.000 personas desaparecidas, no localizadas o bajo búsqueda tras los terremotos.
Mientras familias siguen buscando desaparecidos y comunidades esperan atención, sectores ciudadanos y políticos llaman a organizar ayuda humanitaria sin bloqueos, sin persecución y sin control partidista.
Familias estarían enfrentando obstáculos, tratos indignos y posibles cobros irregulares para retirar cuerpos de sus seres queridos, según denuncias que circulan en redes sociales y que JPN mantiene en verificación.