SIPA · Venezuela
Delcy Rodríguez encabezó acuerdo con Vantara tras el envío de 5.359 animales venezolanos a India
Registros aduaneros de India sitúan en 5.359 los animales silvestres enviados desde Venezuela a Vantara entre mayo y diciembre de 2024. La salida incluyó especies protegidas y precedió al acuerdo que Delcy Rodríguez encabezó en septiembre de 2026 con el complejo indio, cuestionado por su opacidad internacional.

5.359 vidas trasladadas desde Venezuela
Un total de 5.359 animales silvestres salió de Venezuela hacia el complejo privado Vantara, en India, entre mayo y diciembre de 2024, según registros aduaneros del país receptor y documentos comerciales revisados para reconstruir los envíos. La cifra reúne caimanes del Orinoco, nutrias gigantes, guacamayas, monos, tapires, osos hormigueros y otras especies cuya existencia está ligada a ecosistemas venezolanos. Cada traslado supone la separación de seres sintientes de su territorio, de sus grupos y de las condiciones ambientales que hacen posible su vida.
La dimensión del traslado no cabe en la palabra “cargamento”. Son miles de cuerpos vivos sometidos a captura, manejo, embalaje, espera y transporte aéreo intercontinental. Los datos sitúan a Venezuela como el segundo proveedor de fauna para Vantara durante ese período, detrás de Emiratos Árabes Unidos. La magnitud obliga a mirar más allá de los anuncios sobre conservación: preservar una especie implica proteger sus hábitats, sus poblaciones y su derecho a no ser convertida en inventario para una instalación lejana.
El vuelo de 1.825 animales que abrió la ruta
El 18 de mayo de 2024, 1.825 animales de 62 especies fueron embarcados en Maiquetía con destino a India. Ese envío incluyó caimanes del Orinoco, nutrias gigantes, cunaguaros, guacamayas, águilas harpías, osos hormigueros, monos araña, tapires y turpiales. Las facturas fechadas el día anterior dividieron los ejemplares entre dos entidades vinculadas a Vantara. La fecha, la cantidad y la diversidad de especies muestran que no se trató de un traslado aislado, sino del inicio visible de una operación de mayor escala.
Uno de los centros privados venezolanos involucrados concentró 3.300 ejemplares del total enviado durante 2024. Registros posteriores identificaron a un segundo centro, asociado al primero por su número de identificación fiscal y por la dirección declarada, como exportador de otros 2.059 animales en diciembre. La concentración de toda la cifra en esas dos estructuras privadas vuelve esencial conservar cada permiso, inventario de entrada, ficha veterinaria, registro de nacimientos y documento de traslado relacionado con los ejemplares.
Especies protegidas lejos de sus ecosistemas
Entre los animales registrados aparecen especies incluidas en los Apéndices I y II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. El caimán del Orinoco figura en el Apéndice I y los registros de 2024 consignan 112 ejemplares enviados a Vantara. También constan nutrias gigantes, guacamayas verde militar y bandera, cunaguaros, pumas, dantas, monos araña y tortugas arrau. Sus nombres no son una lista decorativa: remiten a animales cuya supervivencia depende de medidas estrictas frente a la presión humana y la pérdida de hábitat.
Los exportadores sostuvieron que los animales procedían de intercambios entre centros, de nacimientos en cautiverio, de decomisos y de entregas voluntarias. El aparato que controla el Ministerio de Ecosocialismo afirmó que las transferencias se realizaron con permisos CITES. Esas versiones no reducen la importancia de la trazabilidad individual: para cada animal deben existir datos coherentes sobre origen, fecha de ingreso, condición sanitaria, traslado, destino y seguimiento posterior. Sin esa cadena pública y preservada, la palabra conservación queda separada de la vida concreta que dice proteger.
Las facturas del vuelo de mayo registraron montos bajo la modalidad de costo, seguro y flete. Vantara sostuvo que esos documentos reflejaban gastos de transporte, seguro y aduana, y no pagos entre las partes por los animales. La existencia de facturas, permisos e inventarios convierte esos papeles en evidencia indispensable para reconstruir el recorrido de cada especie protegida, sin reducir la discusión a un intercambio de declaraciones entre quienes participaron en la operación.
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El acuerdo de septiembre y la continuidad del vínculo
El 5 de septiembre de 2026, Delcy Rodríguez encabezó la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Ecosocialismo y una organización vinculada a Vantara. El anuncio incluyó proyectos para reconvertir zoológicos, levantar un hospital de fauna en La Guaira y capacitar personal veterinario. El problema es la secuencia: la alianza se presentó dos años después de que miles de animales venezolanos ya hubieran sido enviados al mismo complejo privado. La cooperación anunciada no borra esa cronología ni responde por los animales que ya salieron del país.
El acuerdo adquiere una dimensión distinta cuando se observa el destino de los envíos. Vantara funciona en Jamnagar, Guyarat, dentro de un complejo ligado a la corporación Reliance. Sus voceros lo presentan como una iniciativa de rescate, rehabilitación y conservación. Para la fauna venezolana, sin embargo, el dato decisivo es que los registros sitúan a miles de ejemplares lejos de sus ríos, sabanas, bosques y rutas ecológicas de origen. La conservación no puede medirse solo por la infraestructura que recibe animales, sino por la protección efectiva de las poblaciones que permanecen en libertad.
La Federación de Colegios de Médicos Veterinarios de Venezuela manifestó preocupación por estos movimientos y solicitó la publicación de expedientes técnicos, actas de control, inventarios y permisos CITES relacionados con las exportaciones. Ese pronunciamiento resume el núcleo del caso: la biodiversidad no puede administrarse mediante acuerdos políticos opacos ni tratarse como una colección disponible para intereses privados. Los animales trasladados requieren una historia documental completa, verificable y accesible para la memoria pública.
Vantara bajo escrutinio internacional
La controversia alrededor de Vantara trasciende a Venezuela. Documentos internos británicos divulgados el 3 de noviembre muestran que ese país emitió 152 permisos de exportación o reexportación de animales vivos hacia el complejo entre octubre de 2023 y septiembre de 2026. Los papeles registran 19 permisos utilizados, 44 devueltos sin uso y seis cancelados. Funcionarios británicos recomendaron evitar un contacto formal mientras seguían evaluaciones y cuestionamientos internacionales sobre el comercio de especies amenazadas asociado al centro.
Los mismos documentos describen 27 solicitudes para importar halcones desde el Reino Unido y una inquietud surgida tras el pago de cerca de 50.000 libras esterlinas al exportador bajo el concepto de donación. La agencia sanitaria británica consideró que el monto podía dar al traslado un carácter comercial, de acuerdo con la documentación. Vantara indicó que los halcones nunca fueron enviados y que sus importaciones quedarían suspendidas hasta junio de 2027. Esa moratoria temporal no reemplaza la necesidad de esclarecer los movimientos ya realizados.
Organizaciones de protección animal han advertido que los pagos indirectos, donaciones o mecanismos similares pueden incentivar la salida de fauna de su lugar de origen y dificultar el control del comercio de especies. En el caso venezolano, la discusión debe sostenerse sobre hechos visibles: fechas de vuelo, números de ejemplares, especies, centros exportadores, permisos, inventarios y destino final. Esa información es la base para defender a los animales frente a cualquier relato que los reduzca a activos de conservación o símbolos de prestigio.
La evidencia debe permanecer en manos de la memoria pública
La salida de 5.359 animales venezolanos hacia India constituye un hecho que debe quedar resguardado en expedientes públicos, copias de permisos, registros aduaneros, inventarios y cronologías ciudadanas. Cada documento ayuda a impedir que la ruta de un caimán, una nutria, una guacamaya o un mono se diluya entre anuncios oficiales y promesas institucionales. La evidencia disponible permite identificar el daño: miles de animales fueron trasladados fuera de Venezuela bajo un esquema que hoy exige escrutinio internacional.
En una Venezuela libre, instituciones independientes deberán reconstruir cada expediente, contrastar el origen y el destino de los ejemplares y establecer responsabilidades donde corresponda. Hoy corresponde preservar los documentos, difundir las cifras y sostener la memoria de los animales que fueron tratados como parte de una operación transnacional. La fauna silvestre venezolana pertenece a sus ecosistemas y a la vida que los sostiene; no es mercancía, obsequio diplomático ni material para engrandecer un recinto privado.