El desarme que no borra la pregunta de fondo

La entrega de armas de cerca de un centenar de disidentes de las FARC en Colombia representa una imagen poderosa, pero no suficiente. La escena puede servir al gobierno de Gustavo Petro para defender su política de paz total, pero la realidad colombiana exige mirar más allá de la ceremonia: quién se desarma, quién queda armado, quién controla territorios y qué ocurre en las zonas donde el Estado aparece tarde o aparece negociando bajo presión.

Associated Press reportó que integrantes de una facción disidente entregaron sus armas y pasarán a una zona temporal de reubicación bajo supervisión estatal. El gesto tiene valor si se traduce en menos violencia real. Pero la historia regional enseña que cada proceso de paz mal cerrado puede abrir espacio a nuevas bandas, nuevos mandos y nuevas economías ilegales.

Para la audiencia de Jonatan Palacios News, Colombia no es un asunto externo cualquiera. La frontera, el narcotráfico, la guerrilla, el contrabando, la minería ilegal y las redes criminales que cruzan Venezuela y Colombia convierten cada movimiento armado colombiano en una señal que también debe leerse desde Caracas, San Cristóbal, Arauca, Apure y la diáspora.

La paz total frente al negocio armado

El proyecto de paz total de Petro ha sido vendido como una apuesta para negociar con grupos armados y reducir la violencia. El problema es que muchos grupos no negocian desde una ideología limpia, sino desde economías criminales: coca, extorsión, minería, rutas, armas y control social. Cuando el crimen entra a una mesa, no siempre busca paz; muchas veces busca tiempo, legitimidad o mejores condiciones para reacomodarse.

El hecho de que un líder disidente hable desde la cárcel, mientras su grupo entrega armas, muestra la complejidad del proceso. Hay símbolos de paz, pero también expedientes por narcotráfico, desconfianza interna y comunidades que siguen viviendo bajo miedo. La pregunta que Colombia debe hacerse no es si una ceremonia se ve bien, sino si después de esa ceremonia la gente puede vivir sin extorsión, reclutamiento, amenazas y desplazamiento.

La frontera venezolana añade otra preocupación. Durante años, grupos armados han encontrado refugio, rutas y alianzas al otro lado de límites porosos. Sin una política regional seria, cada desarme parcial puede terminar desplazando el problema hacia otro territorio.

La región necesita seguridad sin impunidad

La izquierda autoritaria suele presentar toda crítica a estos procesos como nostalgia de guerra. No es así. Se puede querer paz y al mismo tiempo exigir verdad, justicia y garantías. Se puede apoyar la desmovilización de combatientes y rechazar que jefes criminales terminen convertidos en interlocutores privilegiados sin responder por víctimas.

Colombia necesita cerrar heridas, pero no puede hacerlo entregando territorios a estructuras que viven de la ilegalidad. Venezuela necesita observar con atención, porque muchas de esas dinámicas terminan cruzando la frontera y alimentando redes que luego golpean a ciudadanos de ambos países.

La entrega de armas puede ser una buena noticia si reduce violencia. Pero si se usa para vender una paz total mientras otras bandas se fortalecen, será apenas una fotografía. América Latina ya conoce demasiadas fotografías bonitas con resultados oscuros. La paz verdadera se mide en libertad de la gente, no en comunicados.

Venezuela mirando una frontera que nunca se apaga

Para Venezuela, cada movimiento armado en Colombia termina teniendo consecuencia propia. Cuando un grupo se desmoviliza, otro puede ocupar rutas. Cuando una facción pacta, otra puede radicalizarse. Cuando el Estado colombiano reduce presión en una zona, los corredores hacia Venezuela pueden reacomodarse. Esa dinámica explica por qué la audiencia venezolana debe mirar este desarme como parte de un mapa regional, no como una ceremonia local.

El régimen venezolano ha permitido durante años una frontera convertida en zona gris, donde conviven contrabando, minería, guerrilla, narcotráfico y comunidades abandonadas. Si Colombia no logra cerrar sus procesos con verdad y control territorial, Venezuela también pagará parte del costo. La paz total solo será creíble si deja menos armas en la calle y menos negocios ilegales en la frontera.