Una liberación que no borra el secuestro

La liberación de dos policías secuestrados por el ELN en Arauca puede ser recibida como una noticia positiva para sus familias y para quienes exigían su regreso con vida. Pero esa alegría no puede borrar el hecho central: fueron privados de libertad por un grupo armado que sigue usando el secuestro, la presión territorial y la intimidación como herramientas políticas y criminales. La liberación no convierte al victimario en actor legítimo ni elimina la gravedad de lo ocurrido.

Arauca no es un punto cualquiera del mapa colombiano. Es una zona fronteriza con Venezuela, atravesada por rutas ilegales, economías criminales, presencia de grupos armados y una población civil que muchas veces queda atrapada entre el miedo, el abandono estatal y las negociaciones de alto nivel. Cada secuestro en esa región tiene una dimensión nacional, pero también regional.

El costo de negociar con estructuras armadas

Colombia ha vivido durante décadas el dilema de negociar con grupos armados sin permitir que esos grupos conviertan la violencia en moneda de cambio permanente. La promesa de paz total ha intentado abrir canales de diálogo, pero cada secuestro, ataque o presión contra civiles y funcionarios muestra los límites de una negociación cuando el interlocutor sigue actuando como poder armado. No basta con sentarse a conversar si al mismo tiempo se mantienen prácticas de coerción.

El riesgo político es evidente: si una estructura criminal entiende que secuestrar aumenta su visibilidad o mejora su posición en una mesa, el mensaje para la sociedad es devastador. La paz no puede construirse sobre la normalización del chantaje. Una negociación seria exige verificación, consecuencias y protección efectiva para la población.

Frontera, Venezuela y seguridad regional

Para Venezuela, el tema del ELN no es ajeno. La frontera ha sido durante años un corredor complejo donde conviven contrabando, minería ilegal, narcotráfico, trata, extorsión y presencia de actores armados. La debilidad institucional venezolana y la opacidad del régimen han permitido que múltiples grupos encuentren espacios de refugio, movilidad o influencia. Por eso, cada movimiento del ELN en Colombia también debe observarse desde el lado venezolano.

La audiencia de Jonatan Palacios News necesita mirar estos hechos con una perspectiva regional. No se trata solo de Colombia. Se trata de una frontera donde la criminalidad organizada cruza líneas políticas, usa vacíos de poder y afecta a comunidades enteras. Cuando un grupo armado mantiene capacidad de secuestro en Arauca, la pregunta inevitable es qué tan fuerte sigue siendo su red y qué gobiernos han fallado en contenerla.

La lectura editorial

Jonatan Palacios News considera que la libertad de los policías debe celebrarse sin suavizar la responsabilidad del ELN. La vida de los secuestrados no puede convertirse en ficha de negociación, y ninguna causa política justifica privar de libertad a una persona para presionar al Estado.

La paz verdadera no se mide por comunicados ni fotografías. Se mide por la desaparición del secuestro, la protección de los civiles, la presencia institucional y el cierre de los corredores criminales. Mientras eso no ocurra, cada liberación será apenas un alivio momentáneo dentro de una crisis más profunda.

La frontera como zona de advertencia

Arauca muestra que la frontera colombo-venezolana sigue siendo una zona de advertencia para toda la región. Allí se cruzan intereses políticos, economías ilegales, desplazamientos, presencia militar, miedo ciudadano y abandono institucional. Cuando un grupo como el ELN secuestra y luego libera, no solo está actuando contra dos funcionarios; está enviando un mensaje de control territorial. Ese mensaje afecta a comerciantes, campesinos, migrantes, transportistas y familias que viven bajo la sombra de actores armados.

La comunidad internacional suele mirar estos hechos como episodios aislados, pero la realidad es más compleja. Cada secuestro, cada liberación y cada negociación forman parte de una disputa por autoridad. Si el Estado no protege a sus funcionarios ni a sus ciudadanos, otros poderes llenan el vacío. Y cuando ese vacío toca la frontera venezolana, la seguridad deja de ser un asunto colombiano y se convierte en un problema compartido.