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Trabajadores y jubilados llevaron a las calles el reclamo por salarios y derechos en Venezuela
El cierre de la entrada de Sidor y de la autopista Simón Bolívar en Bolívar abrió una jornada de protestas que también alcanzó Zulia, Lara y Caracas. Trabajadores activos, jubilados y gremios reclamaron salarios, pensiones, seguridad social y la restitución de beneficios contractuales que aseguran haber perdido.

Sidor cerró su entrada y llevó el reclamo a la autopista
El cierre de la entrada de Sidor y el bloqueo de la autopista Simón Bolívar, a la altura del portón I, colocaron el lunes 28 de septiembre a los trabajadores de Guayana en el centro de una jornada que se extendió por al menos cuatro estados. Obreros, empleados públicos, docentes, personal de salud, activos y jubilados llevaron a las calles un reclamo común: ingresos que permitan vivir, seguridad social efectiva y respeto a los derechos pactados en sus contrataciones colectivas.
En Bolívar, los manifestantes vinculados a las empresas de hierro, acero y aluminio comenzaron la mañana cerrando el acceso a Sidor. La medida interrumpió la circulación en una arteria clave de Ciudad Guayana y dio visibilidad nacional a un malestar que los trabajadores describen como acumulado: deterioro de sus condiciones económicas, pérdida de beneficios y tabuladores salariales que, a su juicio, dejaron de reconocer preparación, antigüedad y responsabilidades.
La protesta no fue una escena aislada frente a una empresa. Al ocupar una vía de conexión regional, los trabajadores trasladaron a la vida pública una discusión que suele quedar encerrada en plantas y oficinas: el costo de sostener un hogar cuando el salario, la pensión y los beneficios contractuales dejan de responder a las necesidades cotidianas. El bloqueo expuso que la precariedad laboral ya no se expresa solo en recibos de pago, sino también en movilizaciones que interrumpen la rutina de una ciudad.
El Zulia llevó la protesta hasta el Puente sobre el Lago
En Zulia, representantes de la administración pública, del sector educativo, de salud, de la construcción y de otros gremios se concentraron primero en la plazoleta del rectorado nuevo de la Universidad del Zulia. Desde allí se trasladaron en caravana hacia la cabecera del Puente General Rafael Urdaneta, conocido como Puente sobre el Lago, para realizar una toma pacífica de ese acceso vial y hacer visible su reclamo a escala nacional.
La concentración reunió a trabajadores que identifican el mismo problema desde ocupaciones distintas. Según la cobertura de El Regional del Zulia, los participantes reclamaron salarios y pensiones dignas, recuperación de beneficios contractuales y condiciones que no empujen a profesionales y obreros a elegir entre sus gastos esenciales. El escenario elegido también fue un mensaje: la protesta salió de los centros de trabajo y atravesó una infraestructura que conecta buena parte de la dinámica zuliana.
Jesús León, representante de la Unidad Laboral del Zulia, afirmó que las acciones de protesta continuarán mientras persistan las demandas planteadas por los trabajadores. Esa advertencia conecta la jornada con un reclamo que no se limita a un aumento puntual. Quienes se movilizaron ponen sobre la mesa la pérdida del poder adquisitivo, el debilitamiento de la protección social y el desconocimiento de acuerdos laborales que durante años ordenaron la relación entre trabajadores y empleadores.
Video publicado por Jonatan Palacios News
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Lara y Caracas sumaron calles a una misma exigencia
La expansión territorial también quedó registrada en Lara. El 24 de septiembre, trabajadores de distintos sectores se concentraron frente a la Inspectoría del Trabajo en Barquisimeto para reclamar mejoras salariales y respeto a los derechos laborales. Esa acción antecedió a la jornada de Bolívar y Zulia y muestra que el descontento no nació de una convocatoria única ni de una realidad limitada a la industria pesada.
Ese mismo 24 de septiembre, trabajadores activos y jubilados marcharon en Caracas desde Parque Carabobo hasta la sede del Ministerio del Trabajo. Su presencia incorporó de forma directa a quienes dependen de una pensión y a quienes siguen empleados pero denuncian que sus ingresos se han alejado de las necesidades reales de sus familias. La protesta puso en el mismo plano el salario presente y la protección de quienes ya dejaron la vida laboral activa.
Las movilizaciones de Lara y Caracas ayudan a leer el alcance de la protesta del lunes. En una ciudad se reunió una diversidad de sectores frente a una dependencia laboral; en la otra, activos y jubilados recorrieron el centro de la capital. Junto con el cierre de Sidor y la toma pacífica del Puente sobre el Lago, esas acciones dibujan un reclamo que atraviesa regiones, edades y oficios sin perder sus puntos centrales: salario, pensión, seguridad social y contratación colectiva.
El Memorando 2792 sigue en el centro de las denuncias
Entre los asuntos mencionados por trabajadores de Guayana está el Memorando-Circular 2792, emitido por el Ministerio del Trabajo el 11 de octubre de 2018. El documento fijó lineamientos para las negociaciones colectivas y creó una Comisión de Control y Seguimiento de las Convenciones Colectivas. También estableció el salario mínimo como punto de partida para los tabuladores y abrió la posibilidad de revisar beneficios previamente acordados.
Organizaciones sindicales y trabajadores han cuestionado desde entonces los efectos de esas disposiciones sobre las convenciones colectivas. En las empresas de hierro, acero y aluminio, el reclamo por la restitución de beneficios se enlaza con esa discusión. Los manifestantes sostienen que la aplicación de ese marco afectó conquistas laborales y profundizó la distancia entre sus remuneraciones y el costo de vida; esa es la denuncia que volvió a escucharse en las acciones de septiembre.
La secuencia de protestas deja una imagen difícil de ignorar: trabajadores y jubilados de cuatro estados usaron entradas industriales, puentes, calles y concentraciones públicas para defender condiciones básicas de vida. Los registros ciudadanos de esas jornadas, las declaraciones de los participantes y la cronología de sus demandas deben preservarse como memoria pública frente a cualquier intento de minimizar su alcance. En una Venezuela libre, con instituciones independientes reconstruidas, esa evidencia permitirá establecer responsabilidades por el deterioro denunciado y debatir una reparación real de los derechos laborales.