La amenaza que volvió a cerrar la discusión en Santa Marta

Comerciantes, transportadores y ciudadanos de Santa Marta quedaron otra vez en el centro de una crisis de seguridad después de las amenazas y actos de intimidación atribuidos a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como Los Pachenca. El episodio no es una anécdota de orden público: pone sobre la mesa la capacidad de una estructura armada para afectar la vida cotidiana en una ciudad clave del Caribe colombiano. EFE informó que las presiones llevaron a reforzar la presencia militar y policial, mientras la Presidencia de Colombia vinculó la alerta con el anuncio de un paro armado por parte del grupo.

La secuencia inmediata tiene una fecha precisa. El 21 de septiembre, la Presidencia informó que José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, murió durante una operación policial. El reporte oficial añadió que siete integrantes de la estructura murieron, tres fueron capturados y se incautaron fusiles, lanzagranadas, granadas y otros elementos de guerra. Un día después, la misma fuente afirmó que la amenaza de paro armado surgió tras ese operativo y que se dispuso un despliegue reforzado en Santa Marta y su entorno.

Ese orden de los hechos importa porque evita dos lecturas equivocadas: ni el anuncio de seguridad borra la amenaza que denuncian los sectores afectados, ni la muerte de un cabecilla demuestra por sí sola que la red haya desaparecido. La pregunta de fondo es qué estructura conserva capacidad para presionar a quienes abren una tienda, conducen un vehículo de servicio o atraviesan las rutas que conectan a Santa Marta con el resto de la costa. Allí está el verdadero alcance de la crisis.

De la desmovilización paramilitar a la marca de Los Pachenca

Los Pachenca no aparecieron de la nada. Investigaciones periodísticas los ubican en la continuidad de redes que sobrevivieron a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Infobae, al reconstruir esa trayectoria con referencias a análisis especializados, los relacionó con el Bloque Resistencia Tayrona, que operó bajo el mando de Hernán Giraldo. La desmovilización de esa estructura en 2006 y la extradición de Giraldo en 2008 no deshicieron todas las redes locales: según esa reconstrucción, persistieron vínculos familiares y de allegados bajo el nombre de Oficina del Caribe o los Giraldo.

La denominación popular de Los Pachenca tomó fuerza durante el liderazgo de Jesús María Aguirre Gallego, alias Chucho Mercancía o Chucho Pachenca. De acuerdo con la misma reconstrucción, esa etapa estuvo marcada por acuerdos y disputas con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también identificadas como Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia. El nombre, por tanto, no describe una organización aislada de la historia regional: resume una cadena de reacomodos en torno a mandos, rutas, economías ilegales y control de áreas rurales y urbanas.

Tras la captura de alias Flash en 2019 y la muerte de Chucho Mercancía poco después, el grupo atravesó nuevas fracturas internas. Infobae reseñó que Deimer Patiño Giraldo, alias 80, asumió el liderazgo bajo la sigla ACSN y que, tras su muerte en una operación policial, los hermanos Castillo aparecieron como figuras centrales de la sucesión. Esta cronología no atribuye a una sola persona toda la operación de la estructura; muestra por qué los cambios de mando no han significado automáticamente el fin del riesgo para las comunidades.

Corredores del Caribe, extorsión y control sobre la vida diaria

EFE señaló que investigaciones y autoridades han vinculado a las ACSN con narcotráfico, extorsión y control territorial en Magdalena y La Guajira. El Tiempo ha descrito una reconfiguración de la estructura basada en expansión territorial, presiones extorsivas y control social, con consecuencias en la Troncal del Caribe. La coincidencia entre esos trabajos permite mirar la amenaza reciente con una dimensión mayor: no se trata únicamente de un mensaje armado, sino de la disputa por imponer reglas de hecho sobre la economía y la movilidad de una región.

La ubicación de la Sierra Nevada y de las salidas hacia el Caribe explica parte de ese interés. La reconstrucción publicada por Infobae sostiene que la presencia de la estructura se concentra en los alrededores de Santa Marta, se extiende hacia La Guajira y el norte del Cesar y alcanza 14 municipios, según alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo citadas por ese medio. También recoge estimaciones dispares sobre el tamaño de la organización: la propia ACSN habló de 1.100 integrantes, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz calculó cerca de 800 y un informe de inteligencia militar de 2023 la situó en 250. La diferencia revela que el número exacto sigue siendo objeto de versiones contrapuestas; no cambia el daño que producen las amenazas reportadas.

El control territorial no se limita a puntos de paso. De acuerdo con Infobae, a la estructura se le ha señalado de exigir pagos a comerciantes y habitantes, intervenir en operaciones de compraventa de tierras y emplear el despojo o el desplazamiento como mecanismos de presión. Esas son acusaciones graves que deben sostenerse en procesos y pruebas individualizadas, pero ayudan a entender por qué una intimidación contra el comercio produce un efecto colectivo. Cuando una amenaza alcanza el trabajo, el transporte y la circulación, afecta ingresos, abastecimiento y la percepción de seguridad de barrios enteros.

La mesa sociojurídica y una cadena reciente de nombres

En agosto de 2024, la Resolución 300 autorizó un Espacio de Conversación Sociojurídico con la estructura que se autodenomina ACSN. El documento la clasificó como una estructura armada organizada de crimen de alto impacto y fijó como propósito verificar una eventual voluntad de transitar hacia el Estado de Derecho y definir términos de sometimiento dentro de la ley. Las resoluciones posteriores reconocieron como representantes, entre otros, a Fredy Castillo Carrillo, José Luis Pérez Villanueva, Loryin Emilio Pertuz Ballestas y Orlando Pérez Ortega. Ese reconocimiento para conversar no eliminó la naturaleza criminal que el propio documento atribuyó a la organización.

El proceso cambió de escenario el 30 de agosto de 2026. La Presidencia anunció el fin de los espacios de diálogo con tres estructuras, entre ellas las ACSN, y sostuvo que no había una voluntad real y verificable de paz, reinserción ni sometimiento serio. Menos de un mes después ocurrió el operativo en el que murió alias Cholo y se produjo la amenaza de paro armado. La cercanía de esas fechas expone una contradicción política y de seguridad: mientras los documentos habían abierto un canal para explorar el sometimiento, la población volvió a enfrentar una demostración de fuerza dirigida a condicionar su rutina.

Otro nombre ayuda a observar que la estructura no depende únicamente de quienes aparecen en sus anuncios públicos. El 20 de enero de 2026, el director de la Policía informó la captura en Santa Marta de Víctor David Macías Parra, alias Jabalí. Según el comunicado reseñado por Infobae, la Policía lo señaló como cabecilla financiero de las ACSN y dijo que era requerido por desplazamiento forzado, concierto para delinquir agravado y extorsión agravada. La institución también le atribuyó manejo de finanzas criminales, adquisición de material bélico y acciones que impulsaban confrontaciones con el Clan del Golfo. Tales señalamientos forman parte de un caso que debe resolverse con las garantías del proceso judicial; su existencia describe, sin embargo, la importancia que las autoridades daban a las finanzas dentro de la red.

Lo que está en juego después de la amenaza

La muerte de alias Cholo, las capturas anunciadas y el despliegue de seguridad son hechos de una coyuntura; la protección efectiva de la población exige mirar la estructura completa. Los comerciantes que reciben presiones, los conductores que temen circular y las familias que alteran sus horarios no viven una discusión abstracta sobre siglas. Viven el costo de que una organización armada pretenda imponer decisiones fuera de la ley. Por eso, cada denuncia de extorsión, disparo intimidatorio o cierre forzado necesita ser recibida, protegida y llevada a una investigación con trazabilidad, sin exponer a quien reporta el hecho.

La Fiscalía General de la Nación, los jueces competentes y las unidades de investigación colombianas tienen una tarea concreta: individualizar responsabilidades por amenazas, extorsiones, desplazamientos y ataques, preservar las pruebas disponibles y evitar que los autores materiales queden separados de quienes ordenan, financian o se benefician de la violencia. La Defensoría del Pueblo y las instituciones de protección deben mantener alertas públicas sobre los riesgos para comunidades, líderes, comerciantes y transportadores. Las medidas de fuerza pueden contener una emergencia, pero no reemplazan el esclarecimiento de las cadenas de mando ni la reparación a quienes han sido obligados a vivir bajo presión.

Santa Marta no puede aceptar que una amenaza determine cuándo se trabaja, qué rutas se transitan o quién puede abrir un negocio. La historia de Los Pachenca muestra una capacidad de adaptación sostenida por redes, disputas y economías ilegales; la respuesta debe ser igual de sostenida, pero sometida a la ley y centrada en las víctimas. Nombrar la estructura, ordenar la cronología y seguir el rastro de sus mandos, finanzas y presiones territoriales es indispensable para que el miedo deje de ser una herramienta de control sobre la costa Caribe.