La opinión de Lula y el llamado a votar

La frase de Luiz Inácio Lula da Silva según la cual Estados Unidos parece ser el «gran jefe» de Venezuela fue expuesta como su valoración política sobre los acuerdos recientes entre Washington y Caracas. En la misma entrevista con Christiane Amanpour, difundida el 21 de septiembre, el presidente de Brasil dijo que Delcy Rodríguez debería convocar elecciones cuanto antes para que los venezolanos decidan quién ocupa el poder.

La entrevista difundida por CNN en Español y la cobertura de CNN Brasil recogen que Lula consideró que los acuerdos daban la impresión de que Washington mandaba en Venezuela y que esa situación no favorecía a la democracia. Su propuesta fue una convocatoria rápida a las urnas. Es un planteamiento que desplaza el debate hacia el punto esencial: ningún acuerdo energético o diplomático puede reemplazar el derecho ciudadano a escoger, cambiar o rechazar a quienes controlan el poder.

La relevancia internacional de sus palabras no está solo en la crítica a Estados Unidos. También reside en que Lula, una de las voces con mayor peso político de América Latina, volvió a situar el voto como condición de legitimidad. La relación entre Caracas y Washington puede ser objeto de disputa y de lecturas opuestas; la necesidad de que los venezolanos puedan decidir su futuro mediante elecciones libres no debería serlo.

El antecedente de Brasilia que pesa sobre el giro

El contraste no requiere atribuirle a Lula un encubrimiento que el expediente no demuestra. Sí obliga a mirar sus palabras actuales junto con una postura que asumió en mayo de 2023, cuando recibió a Nicolás Maduro en Brasilia. En aquella ocasión, Lula calificó como una «narrativa» la imagen de una Venezuela antidemocrática y autoritaria, según la cobertura de Reuters sobre la cumbre sudamericana.

El contexto de esa frase fue una defensa de la soberanía y una crítica a las sanciones internacionales. Sin embargo, la lectura conciliadora de Brasil sobre el régimen venezolano fue cuestionada porque dejaba en segundo plano denuncias ya expuestas por víctimas, organizaciones y organismos internacionales. En aquella misma cumbre, los presidentes de Chile y Uruguay objetaron que el autoritarismo, la falta de derechos y la existencia de presos políticos no podían tratarse como una simple construcción discursiva.

Ahí se instala la contradicción política. Lula tiene derecho a cuestionar la actuación de Estados Unidos y a reclamar que la soberanía de Venezuela no sea sustituida por acuerdos impuestos desde afuera. Pero quien hoy pide que el pueblo venezolano vote relativizó en 2023 el marco de denuncias que explicaba por qué ese voto estaba sometido a graves restricciones. Pedir elecciones ahora es necesario; reconocer por qué no han sido libres también lo es.

Las denuncias de represión no eran una narrativa

En septiembre de 2023, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela informó que había documentado distintas formas de represión como parte de una política deliberada y sistemática para suprimir opiniones contrarias a los intereses de quienes controlan el poder. El informe examinó restricciones al espacio cívico y democrático y el papel de estructuras de seguridad. No era una consigna partidista: era el trabajo de un mecanismo creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Un año después, el informe A/HRC/57/57 de la misma Misión señaló que, tras los comicios del 28 de julio de 2024, se reactivó de manera intensa y acelerada un patrón de acoso y represión contra opositores reales o percibidos. El documento examinó detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, tortura y tratos crueles, entre otras graves violaciones. Esos hallazgos ayudan a entender por qué la discusión electoral no puede reducirse a una fecha en el calendario.

Antes de esos informes, Human Rights Watch reportó en mayo de 2023 unas 15.700 detenciones motivadas políticamente desde 2014 y más de 280 personas mantenidas por razones políticas en ese momento. Detrás de cada cifra hay familias separadas y vidas suspendidas por la persecución. Por eso, hablar de democracia sin nombrar a los presos políticos deja incompleta la historia de Venezuela y rebaja el costo humano de la crisis.

La soberanía no puede borrar el derecho a elegir

La objeción de Lula a una eventual tutela externa merece atención: Venezuela no recuperará una vida democrática si las decisiones fundamentales se toman por encima de su gente. Pero la soberanía tampoco puede convertirse en una coartada para silenciar a quienes denuncian persecución o para aceptar que una estructura de poder decida indefinidamente sin someterse al voto. Ambas cosas pueden ser ciertas a la vez: rechazar imposiciones extranjeras y defender el derecho de los venezolanos a elegir.

Para Brasil, la prueba no consiste en escoger entre una tutela externa y el silencio frente al régimen venezolano. Su influencia regional tendría más peso si toda interlocución pusiera en el centro los mismos requisitos: participación sin coerción, competencia electoral real, posibilidad de hacer campaña y un conteo que respete la decisión popular. La defensa de la soberanía pierde credibilidad cuando no incluye a la ciudadanía que debe ejercerla.

El llamado de Lula a elecciones abre una oportunidad, pero no borra la distancia entre sus palabras de hoy y la indulgencia mostrada ante denuncias de autoritarismo en 2023. Una convocatoria no es suficiente si se la separa de las condiciones que permiten a la población votar sin miedo y exigir resultados respetados. La democracia no se recupera con un eslogan ni con una negociación entre élites: se recupera cuando la decisión vuelve a manos de la gente.

La región ante una deuda con los venezolanos

La crisis venezolana no termina en Caracas ni se explica solo desde Washington. Sus efectos atraviesan fronteras, alcanzan a comunidades que recibieron a millones de migrantes y condicionan la estabilidad política de América Latina. Por eso, cada gesto de Brasil y de otros países de la región tiene un peso que va más allá de la diplomacia: puede amplificar el reclamo de las víctimas o dejarlo relegado detrás de intereses estratégicos.

La salida regional no puede ser escoger un tutelaje por otro. Brasil puede cuestionar los acuerdos que considere lesivos para la soberanía venezolana sin relativizar los testimonios, los informes y las vidas marcadas por la represión. Los actores externos pueden acompañar una transición, pero no sustituir el mandato popular ni decidir quién representa a Venezuela. El centro de cualquier conversación debe ser la ciudadanía, no la comodidad de quienes negocian su destino.

Venezuela no necesita tutelas externas ni silencios diplomáticos, sino elecciones libres, libertad para los presos políticos y respeto al voto. Las declaraciones, los acuerdos y los informes que registran lo ocurrido deben permanecer públicos y preservados como memoria frente a cualquier intento de borrar responsabilidades. La rendición de cuentas solo tendrá sentido pleno en una Venezuela libre, con instituciones reconstruidas e independientes de la estructura que hoy controla el poder.