La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela volvió a advertir que los cambios observados en el país no equivalen a una transformación de las estructuras que hicieron posible la represión. El mensaje central es contundente: puede haber variaciones en la intensidad de ciertos abusos, pero las leyes, los cuerpos de seguridad y los mecanismos usados para criminalizar la disidencia siguen en pie.

La Misión atribuye sus hallazgos a su trabajo de investigación y documentación. Su informe no es una sentencia penal ni una orden de arresto. Su mandato consiste en investigar, preservar evidencia, identificar patrones y formular recomendaciones; no puede sustituir a tribunales independientes ni imponer reformas a quienes controlan de facto las instituciones venezolanas.

Lo documentado no es un cambio de sistema

Según las coberturas de Foro Penal, EFE y Reuters, los expertos registraron cambios limitados después de enero, entre ellos una reducción de algunas formas de detención prolongada y de desaparición forzada, así como liberaciones de personas detenidas por motivos políticos. Pero la Misión advierte que esos movimientos no desmantelaron el aparato que sostiene la persecución.

La diferencia es esencial. Una baja en determinados indicadores no borra los marcos legales usados contra la protesta ni transforma por sí misma a los organismos de inteligencia y seguridad. La apertura, si no viene acompañada de garantías verificables, independencia judicial y mecanismos de rendición de cuentas, sigue siendo frágil y reversible.

Tortura, malos tratos y muertes bajo custodia

Tras el 3 de enero, las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos siguieron enfrentando cautiverio político, tortura y malos tratos, según la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU. El informe documenta denuncias de intubación forzada y aislamiento subterráneo en El Rodeo I, además de privación de alimentos y condiciones degradantes en Fuerte Guaicaipuro.

La Misión también vinculó casos de muertes bajo custodia con la falta de atención médica adecuada y malos tratos. Entre los casos citados en la cobertura se encuentra el de Víctor Quero Navas. Poner los nombres y los hechos en el centro evita que la discusión quede reducida a estadísticas: cada denuncia implica una persona, una familia y evidencia que necesita protección.

El mandato tiene límites, la evidencia no debe perderse

Que la Misión no pueda ordenar detenciones ni imponer reformas no vuelve irrelevante su trabajo. Su función de preservar evidencia y describir patrones permite que las víctimas, organizaciones y futuras instancias independientes cuenten con una base documental. Ese material es crucial para que la impunidad no convierta los abusos en una rutina sin memoria.

El informe también alerta sobre la persistencia de grupos civiles armados progubernamentales y sobre las estructuras de apoyo que, según la Misión, favorecen la intimidación en comunidades. Una recomendación internacional no reemplaza cambios internos, pero deja constancia de las obligaciones que siguen pendientes y de los patrones que no pueden ser normalizados.

La brecha entre documentar y transformar

El problema no es la falta de información. Venezuela acumula informes, testimonios, expedientes y alertas de organismos internacionales. La brecha está en que esa evidencia aún no se traduce en desmontaje institucional, protección efectiva para las víctimas ni justicia independiente.

La advertencia de la ONU debe leerse por lo que es: una nueva constatación de que la represión no desaparece porque cambie su forma o porque disminuya temporalmente. Mientras las estructuras que permitieron los abusos sigan intactas, cualquier promesa de apertura continuará expuesta a retrocesos.