Los tractores que salieron en Calabozo no fueron una escenografía de protesta. Fueron la forma en que productores de arroz llevaron a la vía pública una cosecha que, según denuncian, ya no les permite sostener el trabajo que la hizo posible. Detrás de cada máquina hay tierra preparada, combustible pagado, jornales, semillas, fertilizantes, transporte y familias que esperan una campaña para vivir. El tractorazo de Guárico expone el punto en el que esa cadena deja de sostenerse: cuando quien siembra vende por debajo de sus costos y queda sin recursos para volver a sembrar.

El registro difundido por La Katuar News recoge la movilización y el reclamo de Carlos Azuaje. Azuaje denunció la entrada de 350 mil toneladas de arroz importado y afirmó que esa operación hunde el precio de la cosecha local. La denuncia debe leerse desde donde nace: no es una disputa de cifras entre oficinas, sino el relato de quienes ven cómo su producto pierde valor justo cuando tienen el arroz listo para vender y las deudas de la siembra ya están sobre la mesa.

Una cosecha que no paga la próxima siembra

Para un agricultor, el precio no es una cifra aislada. De esa venta salen los recursos para el siguiente ciclo: preparación de tierra, semilla, fertilizante, diésel, reparación de maquinaria, secado, fletes y trabajadores. Si la cosecha no cubre esos costos, el daño no termina con una mala negociación. Se convierte en deuda y abre la posibilidad de que la tierra quede sin sembrar. Azuaje y los productores que se movilizaron están advirtiendo precisamente eso: la importación denunciada cae sobre una producción que ya absorbió todos sus gastos y ahora queda expuesta a un precio que no le devuelve lo invertido.

El golpe tampoco se detiene en la parcela. Menos siembra recorta las jornadas de quienes preparan el terreno, cargan sacos, trasladan grano o viven de los servicios que rodean al arroz. Los transportistas, los secaderos, los talleres, los comercios rurales y los hogares que dependen de una temporada agrícola reciben el mismo impacto. La producción local no es una abstracción: es una red de trabajo. Cuando se la desplaza, la pérdida se reparte entre quienes menos capacidad tienen para resistir otra campaña sin ingresos.

La cobertura de Minuta Agropecuaria situó la caravana frente a la sede del Ministerio de Agricultura en Calabozo y recogió otra parte de esa presión: agricultores llaneros venían realizando protestas y asambleas por el alto costo del diésel y la falta de crédito. A esa carga se suman los cobros extorsivos y el matraqueo en alcabalas que productores agropecuarios denuncian a lo largo de la cadena. Fedeagro recogió la denuncia de que los productores dejan hasta 20 % de la mercancía en esos puntos; Transparencia Venezuela advirtió que esos montos terminan incorporados a los costos. Cada cobro ilegal aprieta aún más a una producción que ya llega debilitada al mercado.

Importar mientras se hunde el precio local

La entrada de arroz importado que denuncia Azuaje no llega a un sector con margen para absorber otro golpe. Llega cuando los productores ya pagaron el costo de cultivar y necesitan vender para recuperar capital. La diferencia de condiciones que plantean es concreta: mientras el agricultor enfrenta insumos caros, diésel costoso, escaso crédito y obligaciones tributarias asociadas a producir, los importadores pueden colocar mercancía que compite sobre un precio distinto. Los productores sostienen que esa asimetría los deja sin posibilidad real de defender el valor de su trabajo.

El resultado denunciado es una producción local desplazada en su propio mercado. No se trata de convertir toda importación en un delito ni de negar que el abastecimiento requiere decisiones; se trata de exigir que esas decisiones no descarguen todas las pérdidas sobre quien cultivó. El país no protege su alimentación dejando que una cosecha nacional se convierta en deuda mientras la mercancía externa presiona el precio en plena temporada. Si el arroz de Guárico deja de sembrarse porque no puede venderse, la dependencia de compras externas no será una consecuencia accidental: será el resultado de haber abandonado al productor cuando necesitaba respaldo.

Por eso el tractorazo exige respuestas verificables: qué volumen ingresó, en qué fechas, bajo qué condiciones tributarias, quién autorizó la operación, cómo se evaluó su impacto y qué medidas existen para impedir que los agricultores vendan por debajo de sus costos. No basta una promesa de apoyo al campo. Los productores necesitan datos sobre importaciones, aranceles, crédito, compras públicas y precios de referencia. Sin esos documentos, el control del mercado queda en manos de quienes toman decisiones lejos de la finca y el agricultor queda obligado a cargar con sus consecuencias.

El poder sobre Agricultura y Tierras llega al precio de la cosecha

La estructura que concentra esas decisiones tiene nombre y funciones. Vladimir Padrino López encabeza el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras: EFE informó su designación el 13 de abril de 2026 y la CIA lo identifica en ese cargo en su actualización de agosto. No es un dato ceremonial. La normativa de la Junta Ministerial de Agricultura Productiva y Tierras le atribuye a ese aparato la planificación sectorial, la evaluación de impactos, el seguimiento de políticas de producción, infraestructura rural, financiamiento, encadenamientos agroindustriales y tierras.

Ese control político-militar sobre la cartera agrícola obliga a mirar el tractorazo con mayor gravedad. La producción de arroz, el crédito, los insumos y las importaciones no se deciden en la parcela de Calabozo; pasan por una estructura de poder que puede condicionar si el productor siembra, vende o abandona la tierra. Frente a la denuncia de Azuaje, quienes ejercen ese control no pueden esconderse detrás de anuncios generales. Deben explicar con documentos por qué la cosecha local quedó expuesta a una importación que los agricultores identifican como destructiva para su precio y qué harán para impedir una nueva pérdida.

Acusaciones y sanciones públicas alrededor de Padrino López

El control de Padrino López sobre Agricultura y Tierras se suma a un historial público que Estados Unidos ha documentado. El Departamento de Justicia informó que una acusación federal presentada en el Distrito de Columbia le atribuye una conspiración para distribuir cocaína en aeronaves registradas en Estados Unidos entre 2014 y 2019. La misma comunicación señala que la OFAC lo incluyó en 2018 en su lista de sancionados; el Tesoro lo mantiene entre los funcionarios venezolanos sancionados. El Departamento de Estado también ofrece hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena en ese caso.

En ese expediente público, el Departamento de Justicia describió acusaciones contra integrantes de la estructura conocida como Cártel de los Soles y señaló a Nicolás Maduro como su presunto líder; Padrino López figura en una causa federal separada. Las acusaciones y sanciones de autoridades estadounidenses impiden tratar la concentración de poder sobre el campo como una gestión neutra o ajena al escrutinio. Cuando un aparato con ese historial controla Agricultura y Tierras, los productores tienen más derecho, no menos, a exigir trazabilidad sobre las decisiones que arruinan su cosecha.

Estados Unidos no puede ignorar a quienes producen alimentos

Estados Unidos debe incorporar a los productores venezolanos en cualquier decisión o relación que adopte respecto de Venezuela. No puede hablar de presión política, sanciones, licencias, negociaciones o intereses estratégicos mientras deja fuera a quienes producen los alimentos y denuncian mecanismos de poder que devastan la producción local. No puede ignorar el costo humano y económico que ya soporta un campo sometido a decisiones que los productores no pueden revisar ni disputar en condiciones justas.

La demanda que salió de Calabozo es clara: que el arroz local pueda venderse sin condenar al productor a la quiebra. La importación denunciada, las condiciones tributarias, el crédito y el precio ya dejan un daño concreto: cosechas vendidas por debajo del costo, endeudamiento, empleos rurales perdidos, familias golpeadas y la próxima siembra comprometida. El tractorazo no pide caridad. Exige que quienes controlan la agricultura respondan por una producción local que se está dejando caer y que Estados Unidos no cierre los ojos ante el poder que los productores denuncian.