La ruta que no puede borrarse con un traslado

Recibí esta denuncia desde San Antonio del Táchira y la organicé como debe hacerse cuando quienes trabajan y sostienen a sus familias describen una presión que puede cerrarles las puertas: con nombres, lugares, imágenes, fechas y documentos. La persona central de esta investigación es Eliana Andreina Fuentes Pérez. Comerciantes y fuentes que llegaron a este canal la sitúan en una ruta que pasa por la estructura tributaria del SENIAT, por Socopó y Pedraza, y vuelve a San Antonio alrededor de los mismos asuntos que deciden la supervivencia de un negocio fronterizo: permisos, licencias, tributos, horarios y la posibilidad de abrir sin quedar a merced de una oficina.

El problema no es una formalidad administrativa. Un comerciante que pierde una licencia pierde capacidad para vender, reponer mercancía y pagar nómina; una familia puede ver reducido su ingreso por una decisión tomada detrás de un escritorio. Las personas que me escribieron describen obstáculos para obtener licencias aun después de cumplir obligaciones tributarias, restricciones para trabajar los domingos y presiones económicas vinculadas al funcionamiento de sus establecimientos. Yo no voy a tratar esos mensajes como ruido. Los convierto en un expediente público: cada testimonio queda unido al lugar, a la fecha aproximada, al trámite que menciona y a la evidencia que sus autores puedan preservar sin ponerse en mayor riesgo.

Ese método importa porque una denuncia aislada puede ser atacada, desacreditada o empujada al olvido con facilidad. Una cronología, en cambio, revela la secuencia: qué oficina aparece primero, qué actividad económica se afecta, qué persona es identificada por las fuentes, qué documentos vuelven a surgir y qué ciudad recibe después los mismos reclamos. No he construido esta nota para adornar un conflicto político. La construí para que cada comerciante que reconoce un patrón pueda entender que su recibo, su correo, su mensaje o su fotografía tienen valor cuando se unen a otros elementos de la misma cadena.

El antecedente tributario y el origen de la ruta

El primer corte recupera el punto de partida. La emisión revisa antecedentes sobre la estructura tributaria en la frontera y el contexto que rodeó al SENIAT en San Antonio. También introduce información atribuida al Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre prácticas de extorsión vinculadas a auditorías bajo la dirección de José David Cabello Rondón. Ese antecedente no reemplaza la denuncia específica sobre Fuentes Pérez ni permite atribuirle automáticamente hechos ajenos. Su valor es otro: obliga a mirar cómo las oficinas que controlan tributos, inspecciones y permisos pueden convertirse, según los relatos recibidos, en espacios de presión sobre quien solo intenta sostener un negocio.

La ruta que documenté comienza antes de Socopó. El material entregado a esta investigación sitúa a Eliana Fuentes Pérez en la estructura tributaria de San Antonio antes de que su nombre apareciera en denuncias públicas de comerciantes de Socopó y Pedraza. Esa secuencia debe guardarse completa. Las oficinas cambian de ciudad, los cargos pueden variar y los responsables de un trámite pueden desaparecer de una nómina; pero los recibos, las solicitudes, las conversaciones, las fechas de fiscalización y los testimonios no tienen por qué desaparecer si quienes los poseen deciden preservarlos.

El programa no se limita a mencionar ese antecedente: lo conecta con una pregunta sobre la manera en que se ejerce poder sobre los comercios. Una fiscalización puede ser una actuación legítima cuando existe una regla clara, un expediente revisable y una vía real para responder. Pero cuando los afectados describen que el trámite se convierte en amenaza, cobro o castigo por trabajar, lo que está en juego es la posibilidad de vivir sin someterse a una red que controla el permiso y después controla el miedo. Ese es el ángulo de esta investigación y no voy a perderlo entre formularios ni frases suaves.

La reunión de San Antonio y la identidad correcta

Las imágenes de la reunión son claras para identificar el contexto, pero la ficha anterior cometió un error que debía corregirse: Sandra Sánchez no es la persona principal de este informe. En la escena aparecen dos mujeres. Sandra Sánchez aparece con vestimenta rosada; la mujer de traje oscuro que debe ocupar el centro de esta investigación y de su portada es Eliana Andreina Fuentes Pérez. Corregir ese nombre no es un detalle estético. Es la diferencia entre investigar con precisión y poner a otra persona en el lugar que corresponde a la persona señalada por comerciantes y por la propia ruta documental del programa.

El corte muestra una conversación sobre el sector comercial: permisos, licencias, horarios y tributos. Esas palabras vuelven a aparecer en los mensajes que recibí desde San Antonio. Esa coincidencia no autoriza a reemplazar un testimonio por una imagen; hace algo más serio: enlaza una escena verificable con las materias concretas de la denuncia. Yo preservo ambas cosas sin diluirlas. La imagen ubica a las personas y el tema; los comerciantes explican cómo las trabas, los cobros denunciados y el miedo a quedarse sin licencia llegan a su vida diaria.

La corrección visual sigue esa misma obligación periodística. La portada no puede poner en primer plano a Sandra Sánchez cuando el expediente y los cortes sitúan a Eliana Fuentes Pérez como el nombre sobre el que se desarrolla la investigación. Por eso la imagen aprobada se construye sobre Eliana, no sobre una mujer genérica ni sobre la otra persona de la reunión. Texto, videos y portada tienen que contar la misma historia. Cuando una pieza identifica a una persona y otra la sustituye, el sistema destruye la precisión que una denuncia necesita para ser tomada en serio.

La denuncia que llegó a este canal

En el corte central de la emisión identifico a Eliana Fuentes Pérez y recojo el llamado de comerciantes que se acercaron a este canal porque no sienten que puedan reclamar sin exponerse. Algunos mensajes se difundieron de forma anónima por temor a represalias. Ese temor es parte del caso: revela la distancia entre una persona que depende de un permiso para trabajar y la estructura que puede retrasarlo, negarlo o condicionar la vida de un negocio. Mi obligación es proteger a quienes hablan, no exhibir información que permita ubicarlos, y al mismo tiempo mantener abierta la cronología de lo que están denunciando.

De Socopó a San Antonio: el traslado que obliga a mirar la cadena

Las denuncias anteriores en Socopó y Pedraza describieron fiscalizaciones, observaciones sobre documentos y presiones económicas posteriores. Los testimonios atribuyen a ese mecanismo exigencias que comenzaban en cientos de dólares y podían crecer hasta afectar por completo la operación de un comercio. No convierto esas cifras en consigna: las registro como parte de los relatos de quienes las entregaron, junto con los lugares, los papeles revisados y los contactos que dijeron recibir. Lo que exige seguimiento es la repetición del área de control: tributos, licencias, permisos y comerciantes atrapados entre la necesidad de trabajar y una estructura que concentra poder sobre esos trámites.

El traslado entre oficinas no borra el antecedente. Esa es la pregunta que este informe plantea con fuerza: ¿qué registro dejó el paso de Eliana Fuentes Pérez por cada una de esas áreas?, ¿qué solicitudes quedaron archivadas?, ¿qué pagos, inspecciones, comunicaciones y reclamos conservan quienes resultaron afectados? Los nombres, los cargos, las fechas y los documentos deben poder seguirse como una cadena. Cuando una misma clase de denuncia reaparece alrededor de los mismos asuntos en ciudades distintas, la respuesta no puede ser olvidarla ni reducirla a una disputa de versiones. Hay que preservar cada pieza y dejar que el expediente ciudadano muestre su continuidad.

La cadena también alcanza a quienes permitieron que esos trámites se concentraran en manos de estructuras sin control ciudadano. No basta con preguntar por una persona; hay que seguir qué dependencia tenía competencia, qué norma se aplicó, qué intermediario apareció, quién recibió el reclamo y qué respuesta se dio —o se negó— al comerciante. Esa reconstrucción será indispensable cuando Venezuela pueda abrir archivos sin miedo y cuando instituciones verdaderamente independientes puedan establecer responsabilidades individuales. Mientras tanto, ocultar la secuencia sería hacerle el trabajo a quienes dependen de que las denuncias nazcan y mueran en silencio.

Un expediente de comerciantes frente al reciclaje de operadores

Mi posición es firme: la movilidad dentro del aparato que controla el poder en Venezuela no puede servir para limpiar denuncias ni para aislar a las víctimas. Quien denuncia necesita saber que su recibo, su solicitud, su captura de pantalla, su video y su relato no se perderán al cambiar una jefatura o una ciudad. Por eso este borrador integra los cuatro cortes de la emisión, no uno solo. Cada uno ilumina una parte distinta de la ruta: el antecedente tributario, la reunión sobre permisos, el paso entre Socopó y San Antonio y la identificación de la persona a la que las fuentes sitúan en el centro de los reclamos.

El trabajo que sigue es concreto. Comerciantes y testigos deben resguardar copias de solicitudes, recibos de pago, comunicaciones, fotografías, videos y audios; anotar fechas, oficinas y nombres; y entregar material que pueda conservarse sin revelar innecesariamente su identidad. La justicia institucional no puede pedirse al mismo aparato denunciado. En una futura Venezuela libre, instituciones independientes tendrán que cruzar esos registros, establecer responsabilidades individuales y reparar a quienes fueron forzados a trabajar bajo presión. Hasta entonces, la memoria pública es una defensa: impide que el traslado de un escritorio convierta la denuncia en silencio.

También hace falta que cada denuncia nueva encuentre una forma segura de sumar información en vez de repetir solamente indignación. Un video de la reunión vale más si se acompaña de fecha y procedencia; una afirmación sobre un pago vale más si conserva recibo, captura, concepto y contexto; una restricción de horario puede documentarse con la solicitud presentada y la respuesta recibida. Yo mantengo abierta esta investigación para ordenar ese material y para que las víctimas sepan que la evidencia no se está usando como decoración de un relato, sino como base de una memoria que podrá ser examinada con seriedad.

La evidencia debe proteger a quien se atreve a hablar

La frontera es un territorio donde un pequeño comercio puede quedar expuesto con rapidez si se le niega un permiso o se le impone una condición arbitraria. Por eso la protección de la fuente no es un gesto secundario. Quien conserve una conversación, una orden, una captura o un comprobante debe poder decidir qué parte comparte y cómo se resguarda su identidad. Yo no voy a convertir el miedo de un comerciante en espectáculo. Voy a usar la información que ayude a fijar la cronología y a exponer el patrón, sin entregar a quienes denuncian a la misma estructura que ellos señalan.

Esa protección también exige disciplina de mi parte: distinguir lo que muestran las imágenes, lo que afirma cada testigo, lo que consta en un documento y lo que permanece como una pregunta abierta para la futura justicia. La contundencia no nace de insultar ni de inventar. Nace de no apartar la mirada cuando una denuncia se repite, de nombrar con precisión a la persona que las fuentes sitúan en el centro y de conservar cada elemento para que nadie pueda decir mañana que los comerciantes nunca hablaron. Este informe cumple esa tarea y seguirá abierto a evidencia verificable que permita completar la ruta.

Esta es una investigación sobre una ruta, no sobre un instante. Desde la estructura tributaria del SENIAT hasta las denuncias que reaparecen en San Antonio, el hilo que sostienen los comerciantes es el mismo: el control del trámite puede convertirse en control sobre la vida económica de una ciudad. Eliana Fuentes Pérez es el nombre que el expediente identifica en el centro de ese recorrido. Esa identidad queda ahora corregida en el borrador, en los cuatro cortes y en la portada. Cada prueba preservada fortalece la posibilidad de que esa ruta sea reconstruida con verdad. Lo que viene no es olvidar ni pasar página: es seguir documentando hasta que la verdad de cada comerciante pueda convertirse en justicia y reparación.