La denuncia que recibí en 2025 vuelve al centro del caso

Recibí esta denuncia en 2025, cuando venezolanos que habían atravesado rutas migratorias hacia Estados Unidos comenzaron a relatarme un patrón de traslados irregulares, cobros que crecían durante el recorrido y presiones sobre quienes se retrasaban con el dinero. No llegó una sola historia aislada. Llegaron nombres que se repetían, referencias a Denver y a Rubio, municipio Junín del estado Táchira, y relatos sobre familiares en Venezuela convertidos en punto de presión. Con esos testimonios abrí una investigación y la expuse públicamente porque cada persona tenía derecho a dejar constancia de lo que decía haber vivido. Ordené las voces, conservé mensajes, fotografías y fragmentos audiovisuales, y seguí las coincidencias que aparecían una y otra vez.

Desde el comienzo documenté una presunta red que, según las fuentes, se aprovechaba de venezolanos desesperados por salir de un país destruido por décadas de tiranía. Los testimonios señalaban a un hombre conocido como alias “Chunchún”, asociado en el material recibido al apellido Ureña, como una figura central en los traslados. También mencionaban a personas que, de acuerdo con esas denuncias, habrían participado en cobros, alojamiento de migrantes en condiciones precarias o intimidación contra deudores y sus familias. La denuncia no nació de una especulación ni de una pelea en redes: nació de gente que describió rutas, pagos, deudas, ciudades, parentescos y el temor de que sus familiares en Venezuela sufrieran represalias.

Ahora recibí nuevas imágenes e información que reactivan esa cronología. La novedad más grave es una captura atribuida al FBI por las fuentes que compartieron el material con mi equipo. Junto a esa noticia aparecen fotografías que antes no estaban disponibles, menciones a un seguimiento desde Colorado y datos sobre otras personas citadas en las denuncias iniciales. Presento cada pieza con su alcance: los relatos conservan el carácter de denuncias atribuidas y cualquier responsabilidad penal individual depende de una causa identificable y de tribunales competentes. Lo que ya existe es un archivo ciudadano que obliga a mirar de frente lo que durante demasiado tiempo muchos intentaron convertir en silencio.

El 7 de agosto y el operativo que las fuentes atribuyen al FBI

El nuevo expediente sitúa el punto central de esta historia el 7 de agosto de 2026. Quienes me hicieron llegar la información afirmaron que agentes del FBI capturaron al hombre conocido como alias “Chunchún” durante la mañana de ese día. El mismo relato nombra a una mujer identificada como Narquis Doraldi Gómez Ureña, a un cuñado conocido como alias “Papá” y a otros familiares que habrían estado en el entorno del operativo. Mi deber es preservar esos datos tal como fueron recibidos, sin borrar la fuente de cada afirmación ni transformar un reporte en una sentencia. La captura reportada reabre una investigación que ya tenía víctimas, testimonios y una línea de tiempo pública.

La secuencia recibida describe un seguimiento que habría partido de Denver, Colorado, y un grupo familiar que se encontraba de paseo en Las Vegas para asistir a un concierto. En ese mismo material aparecen menciones a Texas, junto con la aclaración de que el operativo no habría ocurrido en Dallas. Esas referencias geográficas forman parte de la reconstrucción entregada a mi equipo y deben quedar visibles con sus matices: Denver aparece como lugar de seguimiento; Las Vegas, como lugar del paseo y de detenciones reportadas; Texas, como otra referencia dentro del relato. La cronología adquiere fuerza cuando conserva las fechas, los lugares y las voces que la integran, en vez de acomodar los datos para fabricar una versión más cómoda.

También recibí fotografías comparativas de un hombre a quien la fuente identifica como alias “Chunchún”. Las imágenes lo muestran en distintos momentos y la fuente destaca una cicatriz en el rostro como elemento de reconocimiento visual. Ese material tiene importancia porque, según los testimonios, muchas de sus fotos habían desaparecido de la circulación pública. Una fotografía no decide una causa penal, pero sí puede resguardar una identificación propuesta por quienes conocen el caso y evitar que el paso del tiempo borre las piezas que permiten reconstruirlo. Por eso incorporé las imágenes a esta investigación junto con la fecha de la captura reportada, los nombres mencionados y la ruta que describen las fuentes.

De Rubio a Denver: traslados, cobros y miedo según los testimonios

Las denuncias que recibí desde 2025 describen un trayecto que conectaba la vulnerabilidad de venezolanos que querían llegar a Estados Unidos con una estructura de cobros presuntamente sostenida a ambos lados de la frontera. Varias fuentes relataron que el dinero exigido no terminaba al iniciar el viaje: se prolongaba mediante deudas, cuotas y amenazas. La dimensión humana de este caso está en quienes confiaron en una promesa de traslado y luego, según sus relatos, quedaron sometidos a pagos imposibles o a presiones contra personas que ni siquiera habían salido de Venezuela. Cada testimonio puso en palabras una misma pregunta: quién se enriqueció con el miedo de familias que buscaban escapar de la tiranía.

En la investigación previa, fuentes identificadas señalaron a alias “Chunchún” como presunto articulador de traslados y como una figura utilizada para intimidar a familias en Rubio cuando existían retrasos en los pagos. Otros testimonios describieron despojos o amenazas sobre vehículos, viviendas y pertenencias de familiares. Esas afirmaciones pertenecen a quienes las denunciaron y las conservo con su atribución, porque dibujan la mecánica que las víctimas dijeron haber enfrentado: una deuda migratoria que podía regresar a Venezuela convertida en miedo. No es un detalle secundario. Una red denunciada por mover personas y cobrarles bajo presión debe ser examinada desde el daño que describe cada víctima, no desde la apariencia de éxito de quienes, según las fuentes, terminaron mostrando una vida de abundancia en Estados Unidos.

Las fuentes también hablaron de casas en Denver donde varios venezolanos habrían permanecido hacinados, de personas encargadas de cobrar y de conexiones familiares que podían facilitar el control de la deuda. Los términos usados por los denunciantes fueron duros porque duro era el relato: gente en tránsito, sin red de apoyo, con documentos migratorios inciertos y con parientes expuestos en Venezuela. Yo documenté esas voces sin convertirlas en una condena automática. Lo que sí expuse fue el patrón que se repetía en los mensajes: promesas de ayuda convertidas, según los afectados, en una relación de dependencia, cobro y amenaza. Ese patrón merece permanecer a la vista de todos los venezolanos que aún pueden ser engañados por la misma ruta.

Goyo’s Grill y el desafío que quedó guardado

En medio de esta investigación hay un archivo que tiene un valor especial: el video que José Gregorio Albarracín Torres me envió directamente. En la grabación se identifica por su nombre, me desafía y se presenta como “la vara que manda en Denver”. Conservo ese mensaje porque es una evidencia audiovisual de su propia voz y de la forma en que quiso responder públicamente a lo que yo venía documentando. El tiempo transcurre, las publicaciones quedan y los archivos también. Quien decide desafiar a un periodista en un video deja una huella que puede ser revisada después, con el contexto completo y no con el relato conveniente del día.

El nombre comercial Goyo’s Grill ya había aparecido en las denuncias que expuse en 2025 como una de las conexiones que las fuentes pedían revisar. Los testimonios relacionaban a Albarracín Torres con personas citadas en la presunta red y con la llegada irregular de venezolanos a Estados Unidos. También mencionaban vínculos familiares y antecedentes dentro de estructuras policiales del Táchira. Esos señalamientos permanecen atribuidos a las fuentes que los formularon; lo que aporta el video enviado por Albarracín Torres es una pieza independiente, fechable y preservable, donde él mismo decide confrontar mi investigación desde Denver. El desafío no reemplaza los testimonios previos ni borra los nombres, los mensajes o las rutas que las víctimas describieron.

Mi investigación vuelve sobre Goyo’s Grill porque la denuncia no se limita a una sola persona ni a una sola captura reportada. Cuando distintas fuentes describen un circuito de traslados, cobros, casas y familiares utilizados como presión, cada conexión mencionada exige una cronología propia. El video de Albarracín Torres aporta una pregunta concreta: por qué una persona señalada en los testimonios consideró necesario enviarme un desafío y reivindicar poder en Denver. Esa pregunta cobra todavía más peso después de la captura que las fuentes atribuyen al FBI. La respuesta no está en la burla ni en la amenaza; está en los registros, en la trazabilidad de los movimientos y en las historias de quienes dijeron haber sido afectados.

Los nombres que se repiten y la trazabilidad que debe seguirse

Las denuncias iniciales y la nueva información no giran únicamente alrededor de alias “Chunchún”. El material recibido menciona a Josué Reinaldo Córdoba, llamado alias “Papá”, como cuñado de la persona identificada con ese apodo. También incorpora los nombres transcritos como Joan Josué Muncada Amaya y Jessica Libre, a quienes fuentes consultadas asociaron con viviendas donde habrían permanecido migrantes y con labores de cobro. Otras denuncias nombran a Stefanie Torres y Luis Mendoza en relación con préstamos, garantías sobre familiares en Venezuela y servicios migratorios. Cada nombre aparece con una fuente y una alegación concreta; esa precisión protege el sentido de la denuncia y evita convertir una lista de personas en un relato sin sustento.

La transcripción automática registra algunos nombres con variantes, por lo que conservo las formas que aparecen en el material y las vinculo a la fuente que las aportó. Esa cautela es esencial para no atribuirle a una persona distinta el relato de una víctima. Lo que sí permanece claro en los testimonios es la arquitectura denunciada: personas con funciones presuntamente diferenciadas, dinero que circularía entre Venezuela y Estados Unidos, alojamientos mencionados en Denver y vínculos personales que, según los afectados, servían para sostener el cobro. La investigación también recoge la referencia a una mujer presentada por las fuentes como odontóloga y hermana menor de alias “Chunchún”, pero su nombre no se fija en este texto porque el registro entregado no lo identifica de forma uniforme.

La captura reportada abre un camino de trazabilidad fuera de Venezuela. Si existen actuaciones federales en Estados Unidos, los registros que correspondan deberán precisar quién fue detenido, bajo qué expediente, en qué lugar, qué agencia intervino y cuáles son los cargos formalmente presentados. Esos documentos pueden separar rumores de hechos procesales y conectar, si la evidencia lo sostiene, los testimonios de migrantes con una investigación penal real. También deberán reconstruir los flujos de dinero, las presuntas rutas de traslado y el papel que cada persona habría tenido. Son preguntas dirigidas a instancias independientes reales, no una excusa para borrar la evidencia que ya entregaron las víctimas.

Archivos para que las víctimas no vuelvan a quedar solas

Lo que presento hoy es un expediente público en construcción: testimonios recibidos desde 2025, mensajes, referencias de lugar, fotografías comparativas, el desafío grabado y una información nueva que reporta una captura. Cada elemento vale por lo que muestra y por la persona que lo aportó. Mi tarea ha sido unir esas piezas sin inventar lo que no está en ellas y sin permitir que las denuncias se diluyan en el ruido de las redes. La publicación ordenada de la evidencia protege a quienes hablaron, permite que otras víctimas reconozcan patrones semejantes y conserva una memoria que nadie debería poder alterar después.

Una parte decisiva de estas denuncias apunta a Rubio y a familias venezolanas que, según los relatos, habrían sufrido presiones por deudas vinculadas con la migración. En Venezuela, donde el aparato que controla el poder no ofrece una instancia independiente para esclarecer una trama que toca miedo, dinero y posibles conexiones locales, la herramienta actual es la evidencia ciudadana: guardar los videos, conservar los mensajes, fijar las fechas, proteger a las fuentes y repetir los hechos atribuidos con precisión. Cada documento preservado hoy será parte de la memoria pública de una futura Venezuela libre, cuando instituciones reconstruidas e independientes puedan revisar la cadena completa sin obedecer a quienes se beneficiaron del silencio.

Seguiré documentando este caso con la misma obligación que asumí cuando recibí las primeras denuncias: escuchar a las víctimas, resguardar sus pruebas y exigir trazabilidad allí donde existan instancias independientes capaces de producirla. La captura reportada de alias “Chunchún” no cierra la historia; ilumina la dimensión de una investigación que comenzó con venezolanos contando cómo fueron trasladados, cobrados y amenazados. Los videos quedan, las fotografías quedan, los nombres quedan vinculados a las denuncias que los mencionan y la memoria queda resguardada. En una Venezuela libre, ese archivo deberá convertirse en verdad documentada, justicia independiente y reparación para quienes cargaron con el costo de esta ruta.