Un grupo bipartidista de seis senadores de Estados Unidos reclamó la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos que permanecen en Venezuela, condiciones para que María Corina Machado pueda regresar con seguridad y participar libremente en la actividad política, y un compromiso firme con elecciones genuinas. La exigencia reúne a legisladores republicanos y demócratas y coloca tres pruebas concretas ante la estructura que controla el poder: libertad, participación sin persecución y voto auténtico.

El pronunciamiento fue suscrito por Jeanne Shaheen, John Curtis, Dick Durbin, Ted Cruz, Tim Kaine y Rick Scott, según el documento publicado por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado el 12 de febrero de 2026. Esa fuente primaria lo denomina una declaración bipartidista, una precisión necesaria frente al titular del video de NTN24, que lo presenta como una resolución. La diferencia formal no reduce la importancia política del acuerdo, pero sí determina qué seguimiento legislativo puede exigirse.

Respaldamos esta presión democrática porque sus resultados deben medirse en personas libres, derechos restituidos y reglas electorales comprobables, no en comunicados sucesivos. La primera urgencia son quienes siguen encerrados por razones políticas y sus familias, que necesitan libertad plena, información individual, atención médica independiente y el fin de las medidas que prolongan la persecución fuera de las celdas.

Seis senadores fijan una exigencia común sobre Venezuela

La declaración oficial cruza las líneas partidistas del Senado: Shaheen, Durbin y Kaine pertenecen al Partido Demócrata; Curtis, Cruz y Scott, al Partido Republicano. Esa composición transmite que los derechos políticos de los venezolanos y la libertad de los detenidos no deberían quedar sometidos al cambio de mayorías en Washington. Una política democrática sostenida requiere continuidad, coordinación y criterios públicos para evaluar avances o retrocesos.

El texto nombra de forma expresa a Juan Pablo Guanipa y extiende la demanda a todos los presos políticos restantes. También reclama que María Corina Machado pueda regresar de manera segura y ejercer actividad política libremente. No se trata solo de proteger a dirigentes reconocidos: permitir organización, movilización, expresión y competencia sin represalias es una condición básica para que la ciudadanía pueda escoger entre alternativas reales.

El video de NTN24 recoge este reclamo como una presión del Senado por elecciones libres y liberación de presos políticos. El documento oficial confirma el núcleo de esa información y permite atribuir nombres, fecha y alcance. Lo que corresponde ahora es que los firmantes informen qué reuniones, iniciativas, plazos y mecanismos de seguimiento acompañarán sus palabras, para que el consenso bipartidista no termine archivado como un gesto simbólico.

La libertad de los detenidos es la primera prueba

Cada preso político representa una vida sometida a la custodia de facto del aparato denunciado, una familia obligada a buscar información y una comunidad intimidada. Por eso, una liberación verificable debe significar salida efectiva del centro de reclusión, reencuentro familiar, acceso a atención médica independiente, defensa de confianza y eliminación de restricciones impuestas por motivos políticos. Excarcelar bajo controles que conservan la amenaza no equivale a devolver plenamente la libertad.

El Senado puede pedir un registro individual y actualizado, contrastado con organizaciones venezolanas de derechos humanos y mecanismos internacionales. La verificación debe incluir nombre, lugar de reclusión, fecha de salida y condiciones posteriores, con protección para las víctimas y sus familiares. También debe impedir que nuevas detenciones sustituyan a quienes son liberados, una práctica que convertiría cualquier anuncio numérico en una rotación de rehenes políticos.

La presión internacional tiene que activar consecuencias proporcionadas y dirigidas contra responsables de nuevas detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas, asesinatos bajo custodia o amenazas. Estados Unidos, la ONU y la CIDH deben documentar los casos, exigir acceso independiente y coordinar medidas que no castiguen a la población. La firmeza se demuestra protegiendo a las víctimas y cerrando espacios de impunidad, no acumulando declaraciones sin ejecución.

Elecciones genuinas requieren garantías antes de abrir las urnas

Una fecha electoral, por sí sola, no convierte una votación en libre. El compromiso reclamado por los senadores exige un árbitro electoral independiente, registro confiable, participación de todos los candidatos habilitados por la voluntad ciudadana, libertad de campaña, acceso equitativo a medios, observación internacional creíble y publicación desagregada de resultados que pueda auditarse. Estas condiciones deben acordarse y verificarse antes del día de la elección.

La experiencia reciente explica esa exigencia. La Resolución 486 del Senado, presentada en diciembre de 2023, ya reclamaba observación electoral acreditada, liberación incondicional de los presos políticos y participación de María Corina Machado sin represión. Aquel texto fue introducido por Rick Scott y Marco Rubio y remitido al Comité de Relaciones Exteriores; citarlo correctamente muestra que Washington lleva años formulando condiciones cuya ejecución continúa pendiente.

Una transición pacífica tampoco puede construirse excluyendo a la fuerza política escogida por millones de venezolanos ni normalizando el acoso contra sus dirigentes y simpatizantes. La seguridad de Machado y de cualquier participante debe estar respaldada por garantías observables, acompañamiento internacional y consecuencias previamente definidas ante amenazas. Competir bajo miedo, censura o riesgo de detención sería una puesta en escena, no una elección democrática.

La presión estadounidense necesita instrumentos y calendario

El valor regional del pronunciamiento está en su capacidad para articular a otros gobiernos democráticos. Una Venezuela con libertades, instituciones representativas y canales pacíficos para resolver el conflicto reduciría factores que han profundizado el desplazamiento, la separación familiar y la inestabilidad continental. Esa consecuencia conecta directamente con millones de venezolanos dentro y fuera del país, así como con las naciones que han recibido a la diáspora.

Washington dispone de vías diplomáticas y legislativas para convertir la demanda en una política verificable: audiencias públicas, informes periódicos del Departamento de Estado, coordinación con aliados, apoyo a mecanismos de documentación y medidas individuales contra responsables identificados mediante evidencia. Cualquier alivio o incentivo negociado debe vincularse a hitos claros y reversibles, sin intercambiar la dignidad de los detenidos por promesas vagas.

Los seis senadores deben establecer un calendario de revisión y publicar los avances de cada exigencia. El Comité de Relaciones Exteriores puede convocar a responsables de la política hacia Venezuela, escuchar a familiares y organizaciones de derechos humanos y precisar qué ocurrirá si aumentan las detenciones o se cierra el espacio electoral. La rendición de cuentas empieza cuando cada compromiso tiene responsable, fecha y método de comprobación.

De una declaración común a resultados que puedan comprobarse

La comunidad democrática internacional debe evitar dos errores: tratar la represión como una disputa política ordinaria y confundir conversaciones con transformación. La Corte Penal Internacional mantiene la situación Venezuela I bajo investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, mientras la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ha documentado graves violaciones y patrones represivos. Esos antecedentes obligan a colocar a las víctimas en el centro de toda negociación.

Nuestra posición es inequívoca: la libertad de todos los presos políticos debe ser el primer resultado, no una recompensa aplazada. Después deben consolidarse la participación política sin amenazas, un calendario electoral creíble y garantías que permitan votar, observar y auditar. La presión que no define consecuencias corre el riesgo de ser absorbida por el mismo aparato que ha utilizado el tiempo y la incertidumbre para conservar el control.

Shaheen, Curtis, Durbin, Cruz, Kaine y Scott deben transformar su acuerdo bipartidista en seguimiento público y acción coordinada. El Senado debe convocar audiencias, exigir informes verificables y respaldar la documentación internacional; Estados Unidos y sus aliados deben presionar por la liberación plena de cada detenido y activar consecuencias individuales ante nuevas represalias. Venezuela necesita libertades comprobables y elecciones auténticas, y quienes formularon esta exigencia deben sostenerla hasta alcanzarlas.