Una imputación de enorme gravedad avanzó mientras la captura de Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, continuaba suspendida. Blu Radio informó el 5 de agosto de 2026 que la Fiscalía le atribuyó hechos cometidos entre 2022 y 2026: el homicidio de seis firmantes de paz, dos homicidios agravados de personas protegidas, el desplazamiento forzado de familias en Meta, tres masacres en Guaviare y reclutamiento de menores. Son cargos formulados por la Fiscalía, no una condena por estos episodios. Esa diferencia jurídica es indispensable, pero no reduce la magnitud de lo que las autoridades están obligadas a esclarecer.

El dato político central está documentado: el Gobierno Petro reconoció a Calarcá como miembro representante mediante la Resolución 419 del 29 de diciembre de 2023. Esa designación activó la suspensión de las órdenes de captura conforme a la Ley 418 de 1997, modificada por la Ley 2272 de 2022. Petro no ejecutó materialmente la suspensión; su Gobierno tomó y mantuvo la decisión de la cual derivó ese efecto jurídico. En términos políticos y prácticos, esa continuidad operó como un blindaje frente a la captura mientras aumentaba el inventario de víctimas incluido después en la imputación.

Las víctimas deben ocupar el centro de este expediente. Seis firmantes de paz asesinados representan seis ataques contra personas que dejaron las armas bajo una promesa de protección. Las familias desplazadas, las víctimas de las masacres y los menores presuntamente reclutados no pueden quedar relegados detrás del lenguaje de una negociación. Una política de paz pierde legitimidad cuando conserva beneficios sin exhibir resultados verificables de desarme, protección territorial y sometimiento efectivo a la justicia.

La imputación reúne asesinatos, masacres, desplazamiento y reclutamiento

La relación expuesta por Blu Radio identifica delitos y territorios concretos. Según la hipótesis de la Fiscalía, Calarcá tendría responsabilidad en hechos ocurridos durante cuatro años, desde 2022 hasta 2026. La imputación agrupa el homicidio de seis firmantes, dos homicidios agravados de personas protegidas, desplazamientos de familias en Meta, tres masacres en Guaviare y reclutamiento de menores. Cada componente exige individualizar víctimas, autores materiales, cadenas de mando, fechas, lugares y evidencia que permita sostener o descartar la atribución en juicio.

La Fiscalía llevó los cargos ante una jueza, pero Calarcá no compareció. Blu Radio reportó que la jueza lo declaró persona ausente, una figura que permite continuar la actuación pese a su inasistencia. Esa declaración tampoco equivale a culpabilidad. Sí deja una contradicción difícil de ignorar: una persona reconocida para participar en un proceso con el Gobierno no acudió a responder por una imputación y, al mismo tiempo, conservaba el beneficio que impedía ejecutar sus órdenes de captura.

El expediente penal debe avanzar con prueba sometida a contradicción y decisiones judiciales identificables. La presunción de inocencia no obliga a la pasividad política ni convierte una designación gubernamental en un derecho perpetuo. Cuando un representante enfrenta imputaciones por ataques contra firmantes de paz y población protegida, la Presidencia tiene el deber público de explicar qué evaluación realizó, qué compromisos comprobó y por qué decidió conservar una condición con consecuencias directas sobre la acción de la justicia.

De la Resolución 419 a la advertencia formal de la fiscal general

La cronología permite medir responsabilidades sin confundir competencias. El 29 de diciembre de 2023, la Resolución 419 reconoció a Alexander Díaz Mendoza como miembro representante. La Fiscalía suspendió las órdenes de captura por el marco jurídico de la llamada paz total. El acto decisivo del Ejecutivo fue la designación; la consecuencia prevista por la ley fue la suspensión. Esta secuencia desmiente cualquier intento de presentar el blindaje como un fenómeno sin autor político o como una simple rutina administrativa ajena a decisiones revisables.

En abril de 2026, la fiscal general Luz Adriana Camargo pidió formalmente a Gustavo Petro revocar la condición de representante y solicitar la reactivación de las órdenes de captura. La carta reseñada por El Espectador puso la advertencia en manos de la Presidencia. Desde ese momento, mantener la designación dejó de poder explicarse como inercia desconocedora del reclamo de la Fiscalía: existía una petición directa de la máxima responsable del ente acusador.

La respuesta política llegó en junio. Caracol Radio informó que Calarcá seguiría dentro del proceso, aunque no asistiría a reuniones presenciales. Restringir su presencia física no eliminó la designación ni el efecto jurídico asociado. El Gobierno escogió conservar el vínculo formal después de recibir la advertencia. Debe publicar la motivación completa de esa decisión, las evaluaciones de cumplimiento que utilizó y los resultados concretos que consideró suficientes para sostenerla.

La Defensoría advirtió que suspender capturas no equivale a construir paz

El 19 de mayo de 2026, la Defensoría del Pueblo advirtió que las suspensiones de órdenes de captura requieren motivación, control y avances reales hacia el desarme. Su pronunciamiento señaló que se observaba la suspensión de la justicia, no su activación, y alertó sobre riesgos para los derechos de las víctimas. La advertencia es relevante porque conecta el beneficio jurídico con una obligación de resultados, no únicamente con la permanencia nominal de una mesa de conversaciones.

La paz no puede medirse por el número de resoluciones expedidas ni por la continuidad de nombres en un listado. Debe traducirse en disminución comprobable de la violencia, entrega o dejación verificable de armas, protección de comunidades y comparecencia ante las autoridades. Si mientras opera la suspensión aparecen nuevas imputaciones por masacres, desplazamiento y reclutamiento, el Gobierno debe demostrar qué controles aplicó y cuándo evaluó si las condiciones que justificaban el beneficio seguían existiendo.

El punto no es sustituir a la jueza ni anticipar una sentencia. La obligación política consiste en impedir que una herramienta extraordinaria de negociación se convierta en un espacio de impunidad práctica. Las víctimas tienen derecho a conocer los informes de seguimiento, las alertas recibidas, las respuestas oficiales y las razones para mantener la designación. El Ejecutivo debe entregar esa trazabilidad al país; la Fiscalía debe preservar y presentar las pruebas de cada cargo; y los jueces deben garantizar que el proceso avance sin privilegios derivados de la negociación.

La alianza armada documentada y los archivos que abren nuevas líneas

El escenario territorial ya contenía alertas adicionales. Un informe de la Defensoría documentó que estructuras de Calarcá actuaron en alianza con el ELN en Bajo Cauca, dentro de un contexto de homicidios, desplazamientos, confinamientos y reclutamiento. El documento registra una dinámica armada atribuida a estructuras, no prueba por sí solo cada responsabilidad personal de Calarcá. Sí obliga a contrastar la continuidad de los beneficios con el comportamiento territorial de los grupos vinculados al proceso.

Otra línea procede de la investigación “Los archivos secretos de alias Calarcá”, de Noticias Caracol. El trabajo periodístico expone documentos incautados, testimonios y chats sobre supuestos contactos con funcionarios, movilidad de integrantes, reuniones en Venezuela y una posible empresa de seguridad. Estos materiales contienen alegaciones bajo investigación, no una sentencia ni prueba de una alianza personal entre Petro, Calarcá y Nicolás Maduro. Las autoridades deben autenticar los archivos, reconstruir sus cadenas de custodia e identificar quién participó en cada contacto señalado.

Los documentos y chats abren preguntas específicas: qué funcionarios aparecen mencionados, qué gestiones se realizaron, qué desplazamientos fueron autorizados o conocidos y qué finalidad habría tenido la posible empresa. La Fiscalía y los organismos de control deben investigar esas conexiones con independencia, citar a quienes correspondan y publicar conclusiones sustentadas. Convertir cada chat en verdad automática sería irresponsable; archivar el conjunto sin una investigación trazable también lo sería. La respuesta válida es evidencia autenticada, decisiones motivadas y rendición de cuentas.

Un antecedente distinto y tres acciones que ya no admiten demora

Existe además un antecedente judicial independiente. La Fiscalía informó en abril de 2024 de un fallo condenatorio contra Calarcá y otros jefes por reclutamiento ilícito y concierto para delinquir agravado, relacionado con diez menores que murieron en 2019. Esa decisión pertenece a otro proceso y no convierte en condena la imputación de 2026. Su relevancia consiste en mostrar que el Gobierno debía evaluar la designación con conocimiento de un antecedente judicial público y grave.

La secuencia completa es clara: designación en diciembre de 2023; fallo informado en abril de 2024 dentro de un expediente distinto; advertencias territoriales; petición de la fiscal general en abril de 2026; pronunciamiento de la Defensoría en mayo; confirmación gubernamental de la permanencia en junio; e imputación y declaración de persona ausente reportadas en agosto. Vista en conjunto, la cronología exige una explicación presidencial detallada, no una fórmula general sobre la paz total.

Hay tres acciones inmediatas. Gustavo Petro y los funcionarios responsables deben publicar la motivación, los conceptos y los informes con los que mantuvieron la designación después de la solicitud de la fiscal general. La Fiscalía debe impulsar la imputación con pruebas individualizadas, investigar los contactos descritos en los archivos y solicitar las medidas que correspondan conforme a la ley. Los jueces y organismos de control deben revisar sin demora la vigencia y fundamento de los beneficios. Las víctimas merecen verdad, protección y reparación; ningún proceso de paz puede pedirles silencio mientras conserva un blindaje que impide la captura de quien debe comparecer ante la justicia.