Venezuela enfrenta una contradicción intolerable en medio de una tragedia nacional. Un boletín divulgado por el aparato chavista registró 6.125 personas fallecidas tras los terremotos del 24 de junio. Ese mismo lunes, José Alejandro Terán, figura del aparato chavista que ocupa de facto la Gobernación de La Guaira, anunció en una entrevista radial 7.265 muertes. Entre ambos balances existe una diferencia exacta de 1.140 vidas.

No es un detalle técnico ni una simple variación estadística. Cada número representa una persona que debe ser identificada, una familia que merece una respuesta y una comunidad que necesita conocer la dimensión real del desastre. Divulgar dos balances incompatibles sin explicar su origen, su hora de cierre ni su metodología vulnera el derecho de las víctimas a la verdad y prolonga el sufrimiento de quienes siguen buscando información.

El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela denunció opacidad, restricciones contra reporteros y diez días sin actualización de las cifras. Mientras el aparato concentró la información y redujo los balances a un boletín semanal, familiares, rescatistas, hospitales y periodistas tuvieron que trabajar con datos incompletos. Esa decisión impidió seguir la emergencia con la periodicidad que exige una catástrofe de esta magnitud.

Dos balances del mismo aparato y 1.140 vidas de diferencia

El boletín de 6.125 fallecidos y la declaración de 7.265 no proceden de fuentes ciudadanas aisladas. Son dos cifras divulgadas desde la misma estructura que controla el flujo de información. La contradicción, por tanto, no puede trasladarse a las familias ni presentarse como una confusión ajena: quienes publicaron ambos números deben mostrar de dónde salió cada registro y por qué el segundo balance supera al primero en 1.140 casos.

El aparato no explicó si ambos conteos usaron la misma hora de corte, las mismas fuentes territoriales, idénticos criterios de identificación o un procedimiento común para evitar duplicaciones. Sin esa metodología pública, no existe base para reducir la diferencia a retrasos, errores de consolidación o criterios distintos. Esas serían explicaciones hipotéticas que el propio emisor no documentó.

La respuesta exigible es concreta: publicar los dos cortes completos, identificar las oficinas que entregaron cada subtotal, conservar la serie histórica y explicar por escrito cada incorporación, retiro o corrección. El balance debe desglosarse por estado y municipio y distinguir a las personas identificadas de aquellas cuya identidad sigue pendiente, con protección de los datos sensibles.

Diez días de silencio dejaron a las familias sin una verdad básica

Los terremotos ocurrieron el 24 de junio. Durante los diez días posteriores sin una actualización pública, la emergencia siguió cambiando: continuaron las búsquedas, los ingresos hospitalarios, las identificaciones forenses y los reportes locales. Congelar la cifra mientras avanzaban esas tareas convirtió una información vital en un dato controlado desde arriba y privó a las comunidades de una herramienta indispensable.

Los balances de víctimas orientan búsquedas, distribución de ayuda, capacidad hospitalaria, identificación forense y decisiones de evacuación. Una diferencia de 1.140 muertes puede modificar por completo la lectura de las zonas más golpeadas y el volumen de asistencia necesario. Jugar políticamente con los tiempos de publicación o esconder la trazabilidad de esos datos tras un número nacional agrava el daño sufrido.

La publicación diaria debe restablecerse mientras continúe la emergencia. Hospitales, servicios forenses, equipos de búsqueda y responsables locales deben entregar registros compatibles a una base única, mientras organizaciones independientes revisan los totales. Ninguna persona del aparato puede controlar al mismo tiempo la cuenta de víctimas, la distribución de la ayuda y la evaluación de su propia actuación.

Las restricciones a la prensa protegen la opacidad, no a las víctimas

El CNP situó la contradicción dentro de un problema más amplio: periodistas obstaculizados cuando intentaban documentar las consecuencias de los sismos. Limitar el acceso a hospitales, morgues, refugios o sectores afectados reduce la posibilidad de detectar omisiones, contrastar balances y escuchar directamente a las familias.

IPYS Venezuela documentó restricciones durante la cobertura de los terremotos, y Reporteros Sin Fronteras advirtió que años de censura y represión agravaron la gestión informativa de la emergencia. Esos antecedentes muestran por qué la contradicción numérica no puede separarse del cierre de los espacios de verificación.

La exigencia es permitir acceso seguro a los lugares afectados, entregar boletines y bases estadísticas a periodistas y organizaciones humanitarias y responder preguntas abiertas. La prensa independiente no estorba una respuesta de emergencia: ayuda a localizar ausencias, exponer fallas y evitar que una familia quede borrada de los registros.

Un aparato sin contrapesos no puede auditar su propia cifra

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ha documentado la pérdida de independencia institucional y graves violaciones de derechos humanos dentro de la estructura que controla Venezuela. Ese contexto no reemplaza el análisis de los dos balances, pero explica por qué una cifra producida sin contrapesos, con restricciones a la prensa y sin una base abierta no merece confianza automática.

En esta emergencia existe un hecho concreto: el mismo aparato divulgó 6.125 y 7.265 fallecidos sin reconciliar los 1.140 registros de diferencia. Esa contradicción debe ser examinada por un equipo externo con acceso a actas, reportes hospitalarios, ingresos forenses y listados locales. La auditoría debe proteger la privacidad, pero no puede sacrificar la trazabilidad ni el derecho de las familias a saber.

La ONU, la CIDH, organizaciones humanitarias, colegios profesionales y especialistas independientes deben recibir los protocolos de consolidación y los registros agregados. Su tarea no es validar una versión política, sino comprobar que cada víctima exista una sola vez en la base, que ninguna quede fuera y que toda corrección conserve una huella pública.

Terán y el aparato deben explicar cada uno de los 1.140 registros

Terán debe publicar la hora de cierre, la metodología y las oficinas que sustentan los 7.265 fallecidos que anunció. El aparato chavista debe hacer lo mismo con el boletín de 6.125. No basta con elegir una cifra, reemplazar la anterior y continuar: ambas deben reconciliarse caso por caso ante observadores independientes.

Las familias necesitan canales presenciales y remotos para reportar omisiones, solicitar correcciones y conocer el estado de identificación de sus seres queridos. Cada actualización debe incluir desglose territorial, fecha de corte y constancia de las modificaciones. La verdad sobre una víctima no puede depender del balance que resulte más conveniente para la propaganda del día.

Jonatan Palacios News coloca esta contradicción donde corresponde: no como una disputa contable, sino como una vulneración de derechos en medio del duelo. Quienes controlan la información deben abrir los datos, restablecer los balances diarios y explicar públicamente los 1.140 casos. Venezuela no necesita otra cifra impuesta; necesita verdad, identificación, asistencia y reparación para cada familia afectada.