La reaparición pública de Alejandro Celis junto a funcionarios policiales en San Cristóbal no puede analizarse como una imagen aislada. Para mí, Jonatan Palacios, esa escena devuelve al espacio público a un exfiscal al que señalo de haber desempeñado un papel central en la persecución que terminó con mi detención, mi sometimiento y la destrucción de FundaBolívar. Mi acusación exige una investigación penal independiente; pero el contexto de mi caso ya no depende únicamente de mi palabra: existen decisiones internacionales, registros de organizaciones de derechos humanos, actuaciones judiciales y reconstrucciones periodísticas que confirman hechos esenciales.

La CIDH reconoció un riesgo grave, urgente e irreparable

El documento más contundente es la Resolución 51/2023 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 17 de septiembre de 2023, la CIDH otorgó la medida cautelar MC-308-23 a mi favor. La Comisión concluyó, de manera prima facie, que me encontraba en una situación de gravedad y urgencia y que mis derechos a la vida, la integridad personal y la salud estaban expuestos a un riesgo de daño irreparable.

La resolución registra que fui detenido por funcionarios del CICPC el 16 de febrero de 2021, después de publicar fotografías y comentarios sobre el fiscal general Tarek William Saab, en el contexto de mis reclamos por la falta de investigación de un accidente en el que murieron mi hijastra de cuatro años y dos compañeros de trabajo. El propio documento internacional recoge que, al momento de la detención, yo habría sido torturado. También señala que distintas órdenes judiciales de traslado médico no fueron ejecutadas y que el Estado venezolano no respondió a la solicitud de información remitida por la CIDH el 11 de julio de 2023.

La Comisión pidió a Venezuela proteger mi vida, integridad y salud; garantizar atención y traslados médicos; concertar las medidas conmigo y mis representantes; e informar sobre las investigaciones de los hechos que dieron origen a la medida para evitar su repetición. Esa última exigencia sigue siendo central: la protección no se agota con salir de la cárcel; implica determinar quién ordenó, ejecutó, facilitó y encubrió los abusos.

Foro Penal me registró como preso político y víctima de retaliación

Foro Penal no solo presentó la solicitud ante la CIDH. En agosto de 2023, su coordinación en Táchira me identificó públicamente como preso político y denunció que no era trasladado a mis audiencias, afectando mi derecho a la defensa, mientras las autoridades penitenciarias ignoraban las solicitudes de atención médica. Ese registro puede consultarse en la publicación oficial de Foro Penal sobre mi caso.

El Boletín 296 de Crisis en Venezuela fue todavía más preciso: afirmó que fui detenido arbitrariamente el 16 de febrero de 2021 en retaliación por denunciar la falta de investigación del hecho en el que murieron mi hijastra y dos compañeros. El boletín sostuvo que el juicio estuvo marcado por ausencia de evidencias, retardo procesal y negativa sistemática de tratamiento médico, y calificó la condena como injusta y contraria al debido proceso.

El origen: una denuncia, amenazas y una detención

La reconstrucción publicada por Infobae ubica el comienzo de la persecución en la denuncia sobre dos gandolas que, según familiares y sobrevivientes, habrían sacado de la vía la ambulancia de FundaBolívar el 14 de enero de 2021. La investigación periodística recoge fotografías de los vehículos, testimonios de sobrevivientes, señalamientos sobre amenazas a un testigo y reclamos para obtener los videos del punto de control de Peracal.

En esa reconstrucción aparece Alejandro Celis. Según los testimonios citados, después de que publiqué fotografías de las gandolas, el entonces fiscal superior del Táchira me llamó, me amenazó con encarcelarme y me ordenó borrar la publicación. Esta atribución está recogida en el reportaje “Denunció a Freddy Bernal por camiones de contrabando…”. La investigación también documenta que el 16 de febrero de 2021 una comisión del CICPC llegó al refugio de FundaBolívar y me trasladó a su sede, donde, según los testimonios, fui golpeado, amenazado con un arma e incomunicado.

Mi denuncia directa contra Alejandro Celis y Tarek William Saab

Yo atribuyo a Alejandro Celis un papel central en la cadena de persecución y sostengo que actuó dentro de una estructura subordinada al fiscal general Tarek William Saab. Denuncio que Celis utilizó su posición para amenazarme y para presionar el silenciamiento de las pruebas que yo difundía. También sostengo que la actuación posterior de fiscales, policías y autoridades penitenciarias respondió a una decisión de castigarme por insistir en la denuncia.

Estas responsabilidades deben establecerse mediante peritajes, testimonios protegidos, revisión de expedientes, registros de llamadas, órdenes de traslado y documentación penitenciaria. Mi señalamiento es directo y público; la obligación de los organismos de justicia es investigarlo con independencia. La reaparición de Celis junto a policías vuelve todavía más urgente saber qué función cumple, quién autorizó su presencia y por qué una persona señalada por una víctima protegida por la CIDH es presentada en un entorno institucional.

Golpes, aislamiento y castigo por denunciar

En una entrevista con NTN24 relaté que funcionarios me golpearon, arremetieron contra mí y me encerraron en un calabozo. La publicación me identifica como activista e integrante de FundaBolívar y recoge que fui acusado de terrorismo, daño a la nación e incitación al odio después de reclamar una investigación. El testimonio completo está disponible en NTN24.

La reconstrucción de Infobae añade que, tras denunciar públicamente los tratos crueles y las violaciones de derechos humanos, fui aislado e incomunicado durante casi tres meses en una celda de castigo. También registra denuncias ante funcionarios de derechos humanos, restricciones a mis comunicaciones, falta de traslados médicos y presiones contra familiares y trabajadores de FundaBolívar. Estos elementos coinciden con el cuadro de riesgo que posteriormente evaluó la CIDH.

Lo que debe investigarse ahora

La investigación debe reconstruir toda la cadena: la amenaza que atribuyo a Alejandro Celis; la actuación del CICPC durante mi detención; las decisiones de los fiscales del caso; las órdenes que prolongaron mi privación de libertad; los golpes, el aislamiento y la negación de atención médica; y el conocimiento o participación de superiores dentro del Ministerio Público. También debe establecerse qué instrucciones provinieron de Tarek William Saab y qué funcionarios las ejecutaron.

Solicito que la CIDH mantenga el seguimiento de la medida cautelar; que Foro Penal preserve y sistematice el expediente; que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional reciban la documentación; y que las autoridades colombianas protejan mi derecho a denunciar sin represalias. Los audios, videos, comunicaciones, decisiones judiciales y testimonios deben ser resguardados mediante copias forenses verificables.

La impunidad no puede convertirse en autoridad moral

La imagen de Alejandro Celis explicando procedimientos junto a policías resulta ofensiva para una víctima que lo señala como responsable. Pero esta nota va más allá de la indignación: reúne documentación pública que demuestra que mi encarcelamiento fue registrado como político y arbitrario, que la CIDH reconoció un riesgo grave para mi vida e integridad y que múltiples fuentes documentaron denuncias de tortura, represalias y violaciones del debido proceso.

No pido que una imagen sustituya a un tribunal. Exijo que las pruebas lleguen a una investigación realmente independiente, que cada funcionario responda por sus actos y que ninguna estructura de poder pueda borrar lo ocurrido. La reaparición pública de Celis no cierra el caso: obliga a volver sobre los expedientes, identificar responsabilidades y garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.