El asesinato de una pareja dentro de un establecimiento comercial de Fusagasugá vuelve a colocar al sicariato frente a una sociedad que se ha acostumbrado peligrosamente a contar muertos. Según el reporte de CityTv, un hombre armado ingresó al local y disparó contra las víctimas. La Policía activó un plan candado y capturó a dos sospechosos después de que la motocicleta en la que huían chocara contra una patrulla.

Las capturas son apenas el comienzo. La investigación debe establecer quién disparó, quién condujo, quién suministró el arma, quién pagó y quién ordenó el crimen. El sicariato es una cadena criminal: castigar únicamente al ejecutor mientras permanecen libres sus financiadores y autores intelectuales deja intacta la organización capaz de contratar al siguiente asesino.

El sicariato exige la respuesta penal más contundente

Jonatan Palacios News sostiene una posición editorial clara: los asesinatos por encargo plenamente demostrados deben recibir la máxima sanción posible y Colombia y Venezuela deben abrir un debate democrático, constitucional y público sobre la incorporación de la pena capital para estos crímenes. Quien acepta dinero, beneficios u órdenes para arrebatar deliberadamente una vida ejecuta una de las formas más calculadas y destructivas de homicidio.

Esta propuesta debe alcanzar a toda la estructura cuando su responsabilidad quede probada: al sicario, al intermediario, al financiador y al autor intelectual. La severidad penal pierde su propósito cuando la investigación se detiene en la persona que accionó el arma y permite que quien encargó el asesinato continúe contratando violencia desde la clandestinidad.

La pena capital no puede depender de una acusación, una captura ni un juicio mediático. Una sanción irreversible exigiría sentencia firme, defensa efectiva, prueba obtenida legalmente, revisión por tribunales independientes y mecanismos extraordinarios contra el error judicial. La presunción de inocencia continúa siendo obligatoria: las dos personas capturadas en este caso son sospechosas hasta que la justicia determine individualmente su responsabilidad.

Una reforma profunda, no una consigna improvisada

La Constitución colombiana prohíbe la pena de muerte y la Constitución venezolana establece que ninguna ley puede implantarla. Ambos países, además, mantienen compromisos internacionales de derechos humanos que impiden presentarla como una medida de aplicación inmediata. La propuesta requeriría un cambio constitucional profundo, discusión legislativa, control judicial y revisión de esas obligaciones internacionales.

Quienes se oponen a la pena capital advierten sobre condenas erróneas, uso discriminatorio del sistema penal y ausencia de consenso científico respecto de su efecto disuasorio. Esas objeciones deben formar parte del debate; precisamente porque la sanción es irreversible, defenderla obliga a discutir las garantías y los riesgos con la misma seriedad con la que se exige justicia para las víctimas.

La posición de este medio es que el Estado no puede seguir respondiendo al sicariato con expedientes interminables, condenas que no alcanzan a toda la organización y cárceles desde las cuales algunos cabecillas continúan ordenando muertes. La propuesta de pena capital debe acompañarse de fiscalías especializadas, protección real de testigos, inteligencia financiera, control de armas, unidades contra el lavado de activos y persecución transnacional de las redes criminales.

La justicia debe llegar hasta quien paga y quien ordena

En Fusagasugá, las cámaras del comercio y de las vías cercanas, la motocicleta, el arma que pudiera recuperarse, los registros telefónicos obtenidos con autorización judicial y la trazabilidad del dinero pueden reconstruir el ataque. Cada evidencia debe preservarse bajo cadena de custodia para identificar responsabilidades sin destruir el proceso por errores de procedimiento.

La Fiscalía debe aclarar el papel de cada capturado y establecer si existieron colaboradores antes o después del doble homicidio. La Policía debe explicar el operativo y los elementos incautados sin convertir una detención en condena anticipada. La rapidez es necesaria, pero la contundencia de una sentencia depende de una investigación rigurosa.

El sicariato no puede normalizarse como una cifra más. Detrás de cada ataque hay una vida arrebatada, una familia destruida y una estructura que convierte el asesinato en un servicio comercial. La sociedad debe decidir si continuará administrando esa violencia o si construirá un sistema capaz de desmantelar las redes completas y aplicar, después de todas las garantías judiciales, la sanción más severa contemplada por el orden jurídico que democráticamente adopte.