No estamos frente a una simple colección de videos de fiestas, camionetas y regalos. Estamos frente a una maquinaria de promoción que convierte la pobreza venezolana en escenografía y presenta el privilegio de unos pocos como si fuera la realidad de todo un país. Influencers, promotores de rifas y vehículos de alta gama aparecen juntos mientras millones de venezolanos sobreviven con ingresos pulverizados. La pregunta central ya no es quién sonríe frente a la cámara: es quién pone el dinero, cómo circula, qué permisos respaldan los sorteos y qué estructura hace posible operar entre Venezuela y múltiples países sin ofrecer una rendición pública de cuentas equivalente al tamaño del negocio.

Este informe especial conecta cuatro investigaciones audiovisuales de Jonatan Palacios News. La pieza más reciente documenta una actividad de promoción y entrega de premios en Táchira; otro informe siguió durante semanas la pista de Simón Sanguino, conocido públicamente como Simón Bólidos; un tercer video examinó las rifas millonarias y sus posibles usos dentro de circuitos de dinero opaco; y un cuarto denunció la utilización de niños y comunidades empobrecidas como parte del espectáculo comercial. Vistas juntas, las piezas ya no muestran episodios aislados. Revelan un modelo que merece una investigación patrimonial, tributaria, administrativa y penal independiente.

Simón Sanguino es Simón Bólidos: la identidad está documentada

La frase del borrador anterior que presentaba el nombre de Simón Bólidos como una grafía dudosa era incorrecta y ha sido eliminada. No existe una duda razonable sobre la identidad pública utilizada en esta cobertura. El propio ecosistema comercial se presenta como “Simón Bólidos”; su portal de sorteos repite ese nombre y la página de Bólidos identifica a Simón Sanguino entre los titulares asociados con sus medios de pago. Además, El Pitazo informó el 20 de marzo de 2026 que Simón Sanguino era propietario de la empresa Simón Bólidos.

La identificación también está respaldada por el archivo periodístico de esta casa. En el informe “¿Adivinan dónde captamos a Simón Bólidos?”, nuestro equipo reconstruyó la cronología del procedimiento en Peracal, las publicaciones relacionadas con el negocio de rifas y el recorrido posterior de Sanguino. Las imágenes exclusivas lo ubicaron en Madrid después de su detención, excarcelación y salida de Venezuela. Esa secuencia plantea preguntas que siguen abiertas: ¿bajo qué condiciones fue liberado?, ¿qué autoridad conoció o autorizó su salida?, ¿qué bienes, empresas y operaciones quedaron bajo investigación?, ¿quiénes continuaron administrando el circuito comercial?

Nombrarlo correctamente no equivale a dictar una condena. Significa dejar de ocultar detrás de una supuesta confusión de transcripción a una figura pública ampliamente identificada por su marca, sus plataformas y la cobertura periodística. La obligación de esta investigación es reconstruir los hechos disponibles, señalar sus conexiones y exigir respuestas. Simón Sanguino, conocido como Simón Bólidos, debe explicar de manera verificable la estructura jurídica, financiera y operativa del negocio que promocionó.

Detención, excarcelación y un local asegurado en Táchira

El allanamiento no es una conjetura nacida en redes sociales. El Pitazo constató que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional ingresaron la noche del 19 de marzo de 2026 a la oficina de Simón Bólidos en Barrio Obrero, San Cristóbal. El establecimiento quedó precintado con la palabra “Asegurado” y las siglas de la Policía Nacional Contra la Corrupción. El mismo medio informó de otro procedimiento en Capacho y recordó que la Comisión Nacional de Lotería había exigido el cumplimiento de las normas aplicables a estos sorteos.

Ese reporte aporta un antecedente todavía más grave: en octubre de 2025 fueron detenidos tres integrantes del equipo de Bólidos, incluido su propietario, Simón Sanguino, y posteriormente fueron excarcelados tras aproximadamente dos meses. La existencia de una detención o un allanamiento no demuestra por sí sola culpabilidad penal; sí obliga a las instituciones que actuaron a informar qué delitos investigaban, qué evidencias recogieron, qué bienes aseguraron, cuál fue la decisión judicial y por qué las personas detenidas recuperaron la libertad.

El silencio oficial alimenta la impunidad. Cuando un operativo es utilizado únicamente como espectáculo y luego desaparecen el expediente, las explicaciones y la trazabilidad de los bienes, la ciudadanía no puede saber si hubo una investigación real, una disputa interna por el control del negocio o una negociación entre sectores del poder. La respuesta no puede ser otro video promocional. Deben publicarse las actuaciones que legalmente puedan divulgarse, la autoridad judicial competente y el estado procesal de cada investigado.

Una plataforma de cobros que atraviesa fronteras

La propia página de Bólidos Rifas abre una línea de investigación financiera que el borrador anterior ignoró. El sitio publica opciones de pago mediante bancos y plataformas vinculadas con Venezuela, Colombia, Chile, México, Ecuador, Perú, España y Panamá, además de PayPal, Binance, Zinli y Zelle. Los titulares visibles no corresponden a una sola persona ni a una única entidad comercial. Esa dispersión no prueba automáticamente un delito, pero exige explicar quién recauda en cada jurisdicción, bajo qué contrato, cómo se consolida la contabilidad y dónde se declaran los ingresos.

Hay un detalle especialmente relevante: en la modalidad de Zelle, la propia página advierte al comprador que no coloque la palabra “rifa” porque el pago no sería válido. ¿Por qué un negocio que se promociona públicamente como plataforma de sorteos pide omitir precisamente la naturaleza del pago? ¿Es una condición del procesador, una estrategia para evitar bloqueos o una forma de eludir controles? La respuesta debe aportarla la empresa con documentos y deben examinarla las autoridades financieras correspondientes.

La plataforma también ha promocionado sorteos con premios de decenas de miles de dólares y boletos vendidos en divisas. Para auditar este modelo no basta mostrar a una persona recibiendo una camioneta. Se necesitan el número total de boletos ofrecidos y vendidos, los ingresos brutos de cada sorteo, la propiedad previa del premio, las facturas, el método aleatorio utilizado, la identidad verificable del ganador, el acta de entrega, los impuestos pagados y el destino de las comisiones. Sin esa cadena documental, la propaganda sustituye a la rendición de cuentas.

Llano de Jorge: premios, niños y preguntas sobre el control territorial

En el video “Influencers del Cártel de los Soles: la Venezuela que solo existe para ellos” se observa el traslado de promotores, vehículos e influencers hacia una actividad identificada en la narración como Llano de Jorge, Táchira. Allí se anuncia la entrega de una camioneta, una motocicleta y aproximadamente 300 regalos. Las imágenes muestran una concurrencia numerosa y la utilización de la necesidad social como combustible emocional de la campaña.

La escena exige respuestas concretas: ¿quién organizó el acto?, ¿qué alcaldía, cuerpo de seguridad o institución recibió la notificación?, ¿qué empresa compró los premios?, ¿quién pagó el transporte?, ¿cómo fueron escogidos los beneficiarios?, ¿se obtuvo autorización para utilizar la imagen de niños y familias con fines promocionales?, ¿qué valor comercial generaron esas grabaciones para los influencers y las marcas participantes?

En el reportaje planteo además una pregunta sobre la presencia histórica del ELN en zonas fronterizas del Táchira y sobre los controles necesarios para desarrollar una actividad masiva en ese territorio. El video por sí solo no demuestra que sus organizadores hayan coordinado con ese grupo armado. Pero tampoco es admisible borrar la pregunta. Corresponde establecer quién permitió el ingreso de la caravana, quién garantizó su seguridad y ante qué autoridad se registró el evento. En una frontera atravesada por estructuras armadas y economías ilícitas, la falta de trazabilidad no es un detalle: es el centro de la investigación.

Los influencers no son espectadores: son la vitrina del negocio

Los influencers que aparecen celebrando, conduciendo vehículos, acompañando entregas o promocionando rifas no pueden reducir su participación a una fotografía casual cuando su imagen ayuda a vender boletos, atraer audiencia y legitimar a los promotores. Deben revelar si recibieron dinero, viajes, vehículos, intervenciones estéticas, regalos, comisiones u otros beneficios; qué contrato firmaron; qué verificaciones realizaron sobre la legalidad de los sorteos; y si declararon fiscalmente esas contraprestaciones.

El informe “Riferos desesperados por seguir lavando dinero utilizan la triste realidad de los niños” denunció precisamente la explotación de la vulnerabilidad como recurso de mercadeo. El problema no es ayudar a una familia. El problema es transformar la necesidad de niños y adultos en contenido rentable sin transparentar cuánto recaudó la campaña, cuánto se entregó realmente y cuánto valor económico obtuvo quien grabó y difundió la escena.

Otra investigación, “Los riferos del Cártel de los Soles: rifas millonarias para lavar la cara y el billete del cartel”, formuló denuncias sobre el posible uso de las rifas para blanquear reputaciones y movilizar dinero. Esa hipótesis requiere investigación financiera y no debe confundirse con una sentencia judicial. Pero existe una base objetiva para exigirla: premios costosos, recaudación digital, múltiples medios de pago internacionales, promotores que exhiben riqueza, operativos de inteligencia y una regulación que obliga a demostrar la propiedad y el origen lícito de los premios.

La regulación existe; lo que falta es una rendición de cuentas creíble

La Comisión Nacional de Lotería mantiene una plataforma oficial de registro para personas naturales y jurídicas. Según la normativa recordada públicamente en marzo de 2026, los promotores deben estar inscritos, exhibir los números de autorización en la publicidad, demostrar la propiedad y el origen lícito del premio y garantizar su disponibilidad. Por eso cada empresa mencionada debe publicar, sorteo por sorteo, su autorización, solvencia, entidad jurídica responsable y documentación del premio.

También corresponde al Seniat y a las autoridades contra la corrupción y la delincuencia organizada determinar si los ingresos fueron declarados, si las cuentas de terceros tienen justificación contractual y si hubo transferencias internacionales sujetas a controles adicionales. A las plataformas financieras les corresponde explicar si conocían el propósito comercial de las operaciones. A las autoridades españolas les corresponde verificar la situación migratoria y financiera de quienes trasladaron sus operaciones o patrimonio a ese país, siempre con respeto al debido proceso.

Esta investigación no acusa por reflejo ni absuelve por comodidad. Documenta una red pública de nombres, marcas, videos, premios, medios de pago y actuaciones oficiales. Lo inadmisible es que cada pieza sea presentada de forma aislada hasta que nadie pueda ver el patrón. El país tiene derecho a saber cuánto dinero movieron estas rifas, quién lo recibió, quién autorizó cada operación y qué relación tuvieron sus promotores con funcionarios, cuerpos de seguridad o estructuras que controlan territorio.

Simón Sanguino es Simón Bólidos. Su marca existe, su plataforma existe, sus métodos de cobro están publicados, su local fue allanado y su detención fue reportada. Los videos de entregas e influencers también existen. Lo que todavía falta es la respuesta documental completa. Exigimos una auditoría independiente de los sorteos, la publicación del expediente de los operativos dentro de los límites legales, la identificación de los beneficiarios económicos y una investigación sobre el origen y destino de los fondos. Venezuela no necesita más propaganda de camionetas frente a niños pobres: necesita verdad, justicia y cuentas claras.